Por Santiago Re
04 Octubre 2021
Fue tan grave la fuga del ex guardiacarcel Roberto Rejas para las autoridades gubernamentales que la Legislatura hoy debatirá la aprobación de una ley que dé origen a una oficina de Auditoría General de Asuntos Policiales. El caso de Rejas, quien se fugó a cinco días de haber sido condenado a prisión perpetua por los crímenes de Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio, llevó a debate que la investigación interna de los efectivos no quede en manos de sus compañeros de la fuerza.
El objeto de esta oficina será “prevenir, identificar, investigar e informar a las autoridades competentes de cualquier conducta del personal policial o integrantes del ministerio de Seguridad que puedan encuadrarse en faltas de ética policial, abusos funcionales, corrupción o ilícito”. La flamante dependencia dependerá directamente del Poder Ejecutivo, tendrá el rango de Secretaría de Estado y, como tal, estará a cargo de un secretario y un subsecretario.
Según el proyecto, la Auditoría General de Asuntos Policiales intervendrá de oficio en cada denuncia por corrupción, sobornos, enriquecimiento ilícito o faltas de normativas éticas por parte de policías. Además, tendrá facultades para pedir la intervención “colaborativa” de la Policía y de organismos públicos y privados; también podrá tomar declaraciones y solicitarles informes a instituciones públicas y privadas. Incluso, podrá llevar denuncias a la Justicia por este tipo de hechos.
La Secretaría tendrá la potestad de “establecer mecanismos rápidos y efectivos de procedimiento y sanción, con el objeto de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad pública y el mantenimiento de la disciplina”; y también la de “propiciar acuerdos y convenios tendientes a la capacitación”.
Llevará a cabo las investigaciones internas en coordinación a los magistrados intervinientes del Poder Judicial y a las Unidades investigativas del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa), ya que tendrá carácter de auxiliar de Justicia según lo previsto en el proyecto.
Dispondrá de la inmediata apertura de sumario de los efectivos que sean investigados (tarea que hasta hoy recae en el Ministerio de Seguridad).
Se le exigirá que remita un informe anual de las actuaciones realizadas al gobernador de la Provincia y a la Legislatura.
No podrá formar parte de la Auditoría de Asuntos Policiales ninguna persona que esté acusada de violaciones a los Derechos Humanos ni tampoco que haya sido condenada penalmente por algún delito.
“Por un principio de objetividad, imparcialidad y legalidad, la Auditoría se estructurará con personal civil altamente calificado, con capacitación profesional en distintas ramas del saber y probada idoneidad para intervenir en averiguaciones”, dice el escrito que hoy será debatido y que se había postulado en diciembre pasado.
La secretaría deberá estar abierta a la recepción de denuncias por parte de personas u organizaciones civiles
Como cualquier otra institución, la oficina deberá apegarse a las normas constitucionales y “respetar el derecho de defensa, el debido proceso y demás garantías constitucionales”, aclara el proyecto, que agrega que las actuaciones “supletorias” deberán apegarse al Código Procesal Penal provincial.
El último artículo de esta ley ordena: “deróguese toda norma interna de la Policía de la Provincia que no se ajuste a las previsiones legales dictadas por la presente”, es decir, que al comenzar a regir esta ley, la Policía tendría prohibido investigarse a si misma, como exige su estatuto de la institución.
Este proyecto unificaría a los tres que se habían presentado antes. Uno de los legisladores Javier Morof, Daniel Deiana y Carlos Assán; otro de José Canelada, Ricardo Ascárate y Federico Masso; y otro Walter Berarducci, Raúl Albarracín y Raúl Pellegrini; y otro de Gerónimo Vargas Aignasse, Marta Najar, y Horacio Vermal.
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