04 Octubre 2021
Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido la construcción del sistema penal de castigos. Abandonar el ojo por ojo individual y delegar en el Estado la función punitoria fue una elaboración conceptual social que demoró mucho tiempo: el delito no habilita la venganza privada sino la vindicta pública, ya que se lo considera una ruptura de la armonía colectiva. Cuando alguien comete un ilícito, se rompe el lazo social y se deteriora la convivencia, más allá del sufrimiento particular de la víctima o de su entorno familiar y de afectos; por ello, la pena busca reequilibrar ese entramado.
En los últimos días, dos noticias absolutamente contrapuestas relacionadas con la responsabilidad del Estado en esta materia tuvieron protagonismo. Por un lado, la escandalosa y absolutamente injustificable fuga de Roberto Rejas, el condenado a cadena perpetua por el asesinato de Milagros Avellaneda y de su pequeño hijo Benicio, hecho aberrante que causó conmoción y que se agrava con la desaparición de los cuerpos (una suerte de daño especial hacia los deudos). Aún cuando se determinen la mecánica de lo sucedido, los responsables (la sospecha de una ayuda desde adentro circula en los foros y comentarios en cafés, medios e internet) y se encuentre al prófugo, habrá muchas explicaciones por dar y mucho por corregir para que no se repita un hecho similar.
Así como el Estado asume para sí la aplicación del Derecho Penal, debe responder cuando lo hace mal en alguna de sus facetas. Evitar la impunidad es fundamental para empezar a reparar el estrépito que causó el delito cometido, una sanación que apunta más a lo comunitario que a las víctimas particulares, cuyo dolor persistirá inevitablemente. La reacción en las calles en apoyo a la familia de Milagros y Benicio debe leerse en clave de confianza rota a la acción institucional.
La otra cara de la moneda del sistema la personifica Silvia Raquel Lai, quien recibió condena perpetua por asesinar a su esposo Eduardo José Salas el 15 de julio de 2007 (en connivencia con su presunto amante, Luis Piccinetti). Siempre alegó inocencia, pero en vez de eludir a la Justicia, se sometió a ella y en prisión se formó como abogada. Cuando hasta la pandemia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (otra manifestación del Estado) había clases presenciales, se la podía ver asistir acompañada de guardiacárceles que esperaban afuera del aula o se sentaban a su lado. Para sus compañeras de encierro es, además, una docente que enseña tanto desde el ejemplo como desde el pizarrón y el cuaderno. Ahora será parte de la cátedra de Ejecución de Sentencia y Régimen Penal Juvenil de esa casa de altos estudios, donde colaborará con los docentes y alumnos desde la mirada de una persona que sufre el peso de una condena.
Su caso es excepcional, pero no único. Medio centenar de presos que purgan condena (varones y mujeres) en la provincia estudian Derecho, en este momento en forma virtual desde sus lugares de encierro. Con su conducta, reparan el daño que ellos mismos causaron.
“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, dice la Constitución Nacional en su artículo 18. Si ello deriva además en su reinserción social, el objetivo trazado por quienes la redactaron se cumple, en este caso.
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