Por Gustavo Rodríguez
02 Octubre 2021
SIGUE LA BÚSQUEDA. La Policía continúa allanando los domicilios de los parientes y allegados de Roberto Rejas, condenado a perpetua.
El ofrecimiento de una recompensa por parte de un particular para quien aporte datos sobre el paradero de Roberto Rejas generó un aluvión de interrogantes. ¿Está permitido? Transita por una delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. ¿Le corresponde una sanción? Por ahora no, pero corre riesgo que lo acusen en un futuro y no se descarta que sus pares lo denuncien en el Colegio de Abogados por una falta ética. ¿Hay un interés detrás del ofrecimiento? La Policía investiga si no tiene algún vínculo con el prófugo y en realidad lo que busca es tener datos para protegerlo. Tampoco se descarta que se trate de una maniobra para desacreditar aún más al Gobierno. ¿Sirvió de algo? Hasta el momento no aportó nada a la investigación. ¿Qué dice la familia de la víctima? Rechazó de lleno la cooperación y pidió que lo investigaran.
Un día después de que el fiscal Pedro Gallo solicitara que se ofreciera una recompensa y que el Ministerio de Seguridad aceptara el pedido y, a través de un decreto, ofreciera $ 2 millones, el abogado Alfredo Aydar, a través de sus redes sociales ofreció abonar $ 3 millones. Pero su ofrecimiento es bastante particular. El ofrecimiento se hizo en plena búsqueda del condenado a perpetua por el femicidio de Milagros Avellenada y el crimen de su hijo Benicio que se escapó el lunes por la tarde del cuartel de la Dirección General de Bomberos. Un equipo especialmente designado analiza varias pistas en estas y en otras provincias, mientras continúa allanando los domicilios de familiares y allegados del ex guardiacárcel.
Y en medio de los trabajos investigativos surgió este inédito ofrecimiento realizado por un profesional del derecho. “A efectos de colaborar con la búsqueda del prófugo, atento que muchas personas podrían no animarse a dar aviso a las autoridades por temor a la filtración de sus datos y a los fines de colaborar con el ministerio de Seguridad y la Justicia local es que ofrezco en pago la suma de 3 millones de pesos en efectivo en el acto, a quien me aporte datos concretos del lugar donde se esconde este sujeto”, publicó Aydar en Facebook.
En el posteo señaló que su “única motivación de cumplir con la obligación ciudadana de ayudar a las instituciones y renunciante a toda recompensa o gratificación por mi accionar”.
“!!Se pagará el monto ofrecido cuando los datos de la ubicación sean corroborados como ciertos y precisos por las autoridades a las que me encargaré personalmente de dar aviso, preservando la identidad de quién los aporte”, cierra el comunicado en el que aparece una línea de WhatsApp con características de Buenos Aires.
La polémica
El ofrecimiento de recompensas está reglamentado por la Ley 26.538 a la que la provincia recurrió en varias oportunidades. La norma es clara: es el Ministerio Público Fiscal el que debe solicitar a los ministerios de Seguridad, Justicia y de Derechos Humanos un ofrecimiento monetario para aquellas personas que puedan aportar datos para esclarecer un hecho o encontrar una persona. Existe un fondo que se utiliza para esta situación.
“Aquí hay una realidad, se entiende lo que no está prohibido en una norma, está permitido. Pero lo que sí estoy seguro que es insólito”, señaló una fuente de tribunales que también se mostró sorprendida con el ofrecimiento. “Y si en realidad es una persona que está buscando el dato para presentarlo como si fuera suyo y cobrar el dinero que esta ofreciendo el Estado”, agregó otra fuente del Ministerio Público Fiscal.
Un juez también lo calificó como un hecho inusual, no por el ofrecimiento, sino por lo que significa este tipo de conducta. “Estamos volviendo al Lejano Oeste. Lo único que falta es que empecemos a ver cartelitos de ‘Buscado’ en las calles. Es una locura”, señaló.
Las autoridades de Seguridad, por el momento, prefirieron no hacer declaraciones. Pero sí trascendió que a los pesquisas les llamó la atención el repentino interés por prestar colaboración sin que nadie de la familia de la víctima se lo haya pedido y que lo realice de manera independiente. Sí confirmaron que hasta el momento Aydar no aportó ningún dato importante para atrapar al evadido.
Gonzalo Gilli presidente del Colegio de Abogados dijo que el ofrecimiento del profesional no es ilegal, pero que es una acción con la que busca rédito político, ya que es el hombre que busca tener un posicionamiento. “No existe falta de que un particular de su peculio ofrezca dinero para ofrecer una recompensa”, indicó.
“Sí es cuestionable la actitud. Un particular, ante una omisión del Estado, debe instar a que cumpla, pero nunca intentar reemplazar lo que deben hacer las instituciones”, agregó Gilli. “Creo que no midió las consecuencias. Si una persona, con el tiempo, se presenta ante la Justicia y testifica que él aportó un dato y que el profesional no lo brindó podría ser acusado de un delito”, comentó.
Fuerte rechazo
En esta causa hay tres recompensas ofrecidas. El que aporte datos que ayuden a encontrar los restos de Milagros y de Beneficio ($ 250.000), los $ 2 millones que otorga el PE y ahora los $ 3 millones que ofrece el abogado. Silvia Furque, representante legal de la familia de la víctima rechazó de plano la aparición de esa oferta. “Confiamos en el fiscal Gallo, en el trabajo que está realizando el ministerio de Seguridad y la Policía. No queremos que un particular maneje la información sobre dónde puede estar un prófugo”, explicó la profesional.
“Distinto hubiera sido el panorama si él hubiera ofrecido aportar ese monto al dinero que se está ofreciendo. Pero no, el ofrece el dinero por aparte, fuera del control del Estado. Y encima es el será el administrador de la información. Es muy complicado y hasta sospechoso. Se debería investigarlo”, opinó Furque.
Lo que dice la ley
Es el Ministerio Público Fiscal el que debe pedir a las autoridades nacionales o provinciales que otorgue una recompensa.
El monto será fijado por la complejidad del hecho y a las dificultades que existan para obtener la información que permita esclarecer el caso.
La identidad del testigo se mantendrá en reserva. Si las partes lo piden, puede ser citado a declarar en un juicio oral.
Se puede usar en los delitos de homicidios, abusos, secuestros, desapariciones, evasiones y narcotráfico, entre otros.
El Ministerio Público Fiscal es el que debe evaluar si la información aportada es clave para que se haga efectivo el pago de la recompensa.
No pueden cobrarla las personas que hayan colaborado a cometer el delito, empleados públicos y miembros de la fuerza de seguridad.
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