La crisis carcelaria inquieta a un Poder Judicial que viene incrementando la cifra de detenciones

La fuga de Roberto Carlos Rejas, condenado a cadena perpetua por el doble asesinato de Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio, ha provocado un sismo institucional. El Poder Ejecutivo ha movilizado a la Policía en una verdadera cacería del ex guardiacárcel, que incluye el ofrecimiento de una millonaria recompensa, mientras afronta un pico de cuestionamientos contra las autoridades del Ministerio de Seguridad. Precisamente, en el Poder Legislativo, los opositores de FR, de la UCR y del Partido de la Justicia Social reclaman la renuncia del ministro Claudio Maley. En el Poder Judicial, la Corte Suprema reaccionó en el minuto uno pidiendo informes a Maley, al jefe de Policía ,Manuel Walter Bernachi, y a la Sala II de la Cámara Conclusional sobre todo lo vinculado al proceso, la condena y la reclusión del ahora prófugo.

Hay, sin embargo, otra dimensión en la que el escape de Rejas ha repercutido. Una faceta que excede lo político, y que refiere a la mismísima administración de Justicia en Tucumán. Y a las “fuerzas profundas” (en los términos del historiador Pierre Renouvin) que actúan en torno de ella, que no pueden ser mensuradas, pero que son visiblemente decisivas.

La encrucijada

La preocupación que por estas horas se ha instalado entre los magistrados y también en la cúpula del poder Judicial tiene que ver con una situación sencilla: las detenciones van a continuar. A lo que se suma un agravante: ya vienen incrementándose. Lo que, como si no bastase, probablemente se complique con otro elemento: tras la fuga de Rejas, es probable que las órdenes de privación de la libertad probablemente entren en una escalada.

Para dar un breve pantallazo de la situación:

- Las audiencias de control de aprehendidos y de detenidos pasaron de 168 en junio a 187 en agosto. Julio no se toma en cuenta por la feria de invierno en los tribunales.

- En esas audiencias, la cifra de imputados pasó de 189 en el primer mes a 240 en el segundo.

- El resultado de esas audiencias fue que el número de prisiones preventivas dictadas en junio fue de 144, mientras que las de agosto totalizaron 171.

Es decir, hay cada vez más privados de libertad, mientras que el colapso de los lugares de detención por la saturación se evidencia con hechos cada vez más recurrentes. Desde el incendio de la Brigada de Concepción que dejó un saldo de cuatro detenidas muertas hasta el intento de fuga de siete detenidos de la comisaría de Aguilares, pasando por el escape de Rejas, del que habla toda la Argentina.

Precisamente, este último caso hace temer que, al menos en el corto plazo, haya una “tendencia a la alta” en el dictado de prisiones preventivas. La lógica de los magistrados con los que conversó LA GACETA es la siguiente: a Rejas le dictaron la restricción de libertad por temor a que se fugara y, pese a ello, se escapó. Luego, ante cualquier duda respecto de que otros imputados puedan hacer lo mismo, se procederá con el dictado de las preventivas. Los fiscales no hesitarán en solicitar estas medidas y los jueces, teniendo en cuenta el escándalo por el caso del doble asesino, van a preferir conceder la solicitud del Ministerio Público Fiscal antes que enfrentar un escándalo por haber denegado una solicitud que derive en el caso de un prófugo de la Ley.

Un togado agrega una suerte de metáfora pragmática de la situación: los jueces, en el ejercicio de la función, persiguen la Justicia; pero fuera de los despachos también leen los diarios y miran los noticieros y saben que, según el índice de inflación del mes, la inseguridad está en primer o en segundo lugar en las encuestas. Otro juez plantea que, aunque los miembros de los tribunales son perfectamente conscientes de la crisis penitenciaria, su tarea es confrontar los hechos con el derecho y proceder. “¿Qué otra opción nos queda? ¿Dejar de fallar ajustados a derecho? ¿Dejar de trabajar porque no hay lugar para alojar más penados?”, inquirió.

En el fragor de la crisis han comenzado a surgir respuestas urgentes. El miércoles mismo se aceleró la recuperación de una treintena de lugares de detención en Villa Urquiza. Y el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, a la vez que anunció la clausura del cuartel de bomberos como lugar de detención, puntualizó que estudian reconvertir algunas escuelas del interior en desuso en centros de detención, previo acondicionamiento.

Son paliativos para salir de la encrucijada. Pero una solución estructural se torna impostergable. Por caso, hay un nuevo Código Procesal Penal en vigencia que privilegia la oralidad por sobre el expediente escrito y que acelera la duración de los procesos, hasta el punto de que prevé juicios abreviados.

Sin embargo, aún no hay un correlato material para contener el resultado de este nuevo paradigma judicial. Los lugares de detención ya estaban desbordados con el lento mecanismo anterior. Lo que va a ocurrir con el nuevo está a la vista. O dicho de otro modo, ya está ocurriendo.