La escandalosa fuga de un condenado a perpetua

La escandalosa fuga de Roberto Rejas, cinco días después de haber sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y el asesinato de su hijo Benicio, ha generado indignación popular y alta tensión política en el Gobierno y ha puesto nuevamente sobre la mesa de discusiones el sistema de alojamiento penitenciario en la provincia, que desde hace más de un lustro se encuentra sobresaturado y en condiciones críticas.

Este nuevo episodio ha movilizado a la fuerza de seguridad en la búsqueda del prófugo, así como a fuerzas nacionales que están colaborando, mientras se espera que haya denuncias a partir de la recompensa de $ 2 millones ofrecida para quien pueda aportar datos del paradero de Rejas. Al mismo tiempo, la Justicia ha llevado a cabo medidas básicas de investigación, como allanamientos en lugares de residencia o de actividades de familiares y allegados al prófugo, así como el secuestro de celulares, tanto de esos familiares como de policías que estaban en la sede de Bomberos, donde se encontraba alojado desde el final del juicio.

Precisamente la sede de Bomberos ha sido centro de una fuerte polémica en relación con el condenado. Allí estuvo detenido bastante tiempo durante la investigación hasta que una fiscala descubrió que tenía celulares y contactos y pidió que fuese llevado a la cárcel durante su prisión preventiva, y al mismo tiempo pidió que se hiciera una investigación a la guardia de Bomberos. Nada se sabe de esa pesquisa.

Al concluir el juicio, los jueces fallaron en disidencia con respecto a si debía ir directamente a la cárcel o si podía estar con prisión preventiva hasta que la condena quedase firme. Primó la tesitura de que debía ir a la penitenciaría, pero se decidió enviarlo provisoriamente a Bomberos hasta que se le hiciesen los exámenes sanitarios. Pero esta sede ya había sido cuestionada precisamente a causa de la falta de condiciones adecuadas para alojar detenidos de causas complejas, y vaya si este doble crimen lo era. Incluso el jueves pasado el jefe de Bomberos envió una nota advirtiendo que las características de ese alojamiento no eran las adecuadas.

A esto se añade el hecho de que el condenado, al salir de la sala de juicio, fue llevado en el auto particular de un oficial de policía y, según se supo, durante los días en que estuvo en esa sede recibió visitas que no quedaron registradas porque en Bomberos no hay libro que detalle esas situaciones y tampoco hay cámaras que pudiesen haber filmado los encuentros que tuvieron lugar en el playón. Finalmente, cabe mencionar que Rejas, ex guardiacárcel, y su familia, tienen, por sus oficios, vínculos presumiblemente cercanos con policías. Eso está investigando la Justicia, pero por estos días es tarde; se debió haber previsto estas circunstancias en este caso.

El escándalo secundario que hubo en Los Aguirre, de donde se fugaron esa noche tres detenidos durante el operativo que se había montado para buscar a Rejas, muestra que el sistema penitenciario en general tiene fallas por todas partes y requiere una urgente revisión integral, en la cual deberían estar comprometidos tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, así como el Legislativo, donde ha habido durante años una comisión de emergencia en Seguridad. Corresponde esa revisión urgente, más allá de las medidas que se están tomando, porque no sólo se está incumpliendo con normas elementales de derechos, tanto de detenidos como de las víctimas. Estas, como reclamó la madre de Milagros Avellaneda, han quedado desamparadas por un sistema que no logra encontrar la forma de dar prevención y seguridad, sino que da escandaloso lugar casos como este, en el que un condenado ha tenido “una perpetua que duró cinco días”.