La lentitud de la Justicia para enfrentar la corrupción

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a la ex funcionaria pública Romina Picolotti a tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso la obligación de devolver al Estado Nacional casi siete millones de pesos actualizados luego de que la sentencia quede firme. Además, los jueces Sabrina Namer (que leyó la condena), Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu fijaron la fianza hasta esa suma. Picolotti se desempeñó como secretaria de Ambiente de la Nación entre 2006 y 2008, es decir, entre el final y el comienzo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En ese período y según la Justicia, la imputada usó fondos públicos para costear un sinnúmero de gastos particulares.

Si bien el TOF Nº6 dio certeza ayer a la acusación contra Picolotti, la sustanciación de este proceso vuelve a revelar las dificultades que el sistema judicial argentino enfrenta para el esclarecimiento veloz y creíble de las denuncias de corrupción. La ex funcionaria había sido cuestionada por estos hechos en 2007, y de entrada tuvo el apoyo del entonces jefe de Gabinete y hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Es una operación”, había afirmado Fernández luego de que el diario Clarín revelara las erogaciones irregulares y otros actos cuestionables, como la duplicación discrecional de la planta de la secretaría y la designación del hermano de su ex responsable, Juan Picolotti.

Pasaron siete años hasta que los Tribunales Federales porteños conocidos como “Comodoro Py” procesaron a la ex funcionaria. Y otros siete para la conclusión del enjuiciamiento oral con el veredicto notificado este lunes. Ese plazo llama la atención en función de los actos imputados, que en esencia consistieron en la utilización de la caja asignada a la Secretaría de Ambiente para finalidades que nada tenían que ver con la función propia de esa agencia del Poder Ejecutivo.

Según trascendió, hicieron falta 60 cajas para almacenar los tickets objetados. El diario La Nación detalló que los gastos incluían desde compras de farmacia, regalos y una piedra aromática hasta decenas de pasajes de avión y vuelos charters, almuerzos en Sushiclub y noches de hotel para los familiares de Picolotti. La ex funcionaria hizo que el Estado abonara hasta el lavado del auto que había usado para un viaje particular a Córdoba.

En función de las denuncias de maniobras sofisticadas que precedieron y sucedieron, el caso “Picolotti” luce simple y hasta anecdótico. Sólo un tortuoso y fatigante esquema de recursos y de trámites procesales puede explicar que anomalías de tan sencilla comprobación hayan llevado 14 años de dilucidación. Esta cronología irrazonable no puede ser tolerada, ni siquiera y sobre todo porque la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal desembocó en una sentencia condenatoria. En un país azotado por la impunidad de las autoridades se ha llegado hasta el punto de celebrar que los jueces y fiscales cumplan su tarea sin advertir que la tardanza deteriora el sentido de la justicia.

Se atribuyó a Séneca, el gran pensador fallecido en el siglo I de nuestra era, la máxima “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Veinte centurias más tarde, los Tribunales argentinos mantienen la práctica de demorar los procesos, en especial los sensibles para el poder político, cuando no de cerrarlos sin hacer la pesquisa transparente que demandan las circunstancias. Esta tendencia ha contribuido al descrédito del Poder Judicial, y alimenta la percepción de que aquel actúa no en función del derecho y la Constitución, sino a partir de los vaivenes electorales. Ese desprestigio continuará mientras la investigación de una funcionaria por haber pagado sus cuentas personales con dinero de los contribuyentes conlleve 14 años, sin contar la fase recursiva que generará la lectura de los fundamentos de la condena.