27 Septiembre 2021
JEFE DE LOS DEFENSORES OFICIALES. El titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila. LA GACETA / ARCHIVO.
M.V., defensora oficial del Poder Judicial de Tucumán, presentó ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) una denuncia formal en contra del titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD), Washington Navarro Dávila, por violencia de género y acoso laboral.
En un escrito de 22 fojas, la magistrada -representada por la abogada María Dolores Remis- expresa una serie de hechos que, según su versión, dan cuenta de la supuesta persecución por parte del jefe de los defensores oficiales.
Ante ello, M.V. requirió al máximo tribunal que se active el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Judicial; que se la traslade de la órbita del MPD para "preservarla de nuevos hechos de violencia y futuras represalias"; y que se remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para la investigación "de la posible comisión de los delitos" denunciados, entre otras medidas.
La abogada Remis sostuvo que "los hechos de violencia y de acoso laboral sufridos por mi mandante" comenzaron a registrarse "desde el momento mismo de la asunción de Navarro Dávila como Ministro Pupilar y de la Defensa", en 2018.
"Aprovechándose de su situación de superior sobre la señora Defensora Oficial, no hesitó perseguirla, hostigarla y amedrentarla para lograr su cometido literalmente siniestro: el sometimiento y la subordinación total a su figura, sólo vigente en las líneas de regímenes verticales inadmisibles en cualquier Estado de derecho", afirmó la letrada.
En ese sentido, destacó que la denunciante "se encuentra atravesada por una doble vulnerabilidad, dada su condición de género y la subordinación respecto a la figura del denunciado quien, valiéndose de dicha condición de poder, profundizó aún más la asimetría natural existente, con abusos y excesos que tornaron el ámbito laboral en un entorno sumamente hostil y dañino para la salud emocional de mi representada".
A modo de prueba, la abogada Remis adjuntó un informe de un médico psiquiatra efectuado este mes, donde constan los perjuicios que se le habrían ocasionado a su cliente.
Además, la letrada señaló una serie de hechos de "maltrato y humillación", como el traslado de empleados de su confianza de oficina; la desafectación de recursos humanos; y las descalificaciones hacia su persona, entre otras situaciones.
"El Ministro realizó cientos de nombramientos con carácter 'interino', y a muchos les habría hecho firmar su renuncia en formularios con fecha en blanco, sembrando el pánico y la sumisión de todos los trabajadores y aprovechándose de la necesidad de trabajar de los agentes", señala la denuncia efectuada ante la CSJT.
Uno de los puntos más sensibles de la presentación refiere al caso de Rocío Rojas, el brutal femicidio perpetrado en julio pasado contra una niña de sólo cuatro años.
Según la denuncia, Navarro Dávila apuntó contra la magistrada, responsabilizándola por el aberrante desenlace que tuvo la pequeña. Incluso, apuntó la abogada, el titular del MPD impulsó en contra de su representada un trámite administrativo, en medio de supuestas amenazas telefónicas y de advertencias de iniciarle un juicio político.
"El día 26/07/21 notifican a la Dra. M.V. que debía, en un plazo inferior a 48 horas, informar el listado de juicios que tramitaban en la Defensoría Civil con datos específicos que se requerían en una planilla que ellos mismos le proporcionaban, tarea absolutamente imposible de cumplir (se trataba de casi 4.000 juicios) e innecesaria desde que el MPD tiene acceso a todo el sistema y recibe estadísticas de manera regular. Una vez más la presión y persecución asechaban a mi mandante, asumiendo modalidades y formas diversas que incidían no solo en su estado de ánimo sino en su rendimiento y estado de salud físico, cada vez más debilitado", advierte la presentación.
El texto relata además que, debido a las supuestas presiones, la magistrada tuvo que ser asistida en reiteradas ocasiones por distintos especialistas médicos.
"La sensación de soledad y desprotección generada en la persona de mi mandante provocó mucha angustia e inestabilidad emocional producto de los avasallamientos y persecuciones de su superior, posicionándose como indefensa e impotente ante tales circunstancias y manifestaciones de poder por parte del denunciado, quien la obligaba a participar de actividades ajenas a sus funciones", detalla otro párrafo de la denuncia formulada ante la CSJT.
La representante de la defensora oficial solicitó que se adopten "medidas de manera inmediata" para "hacer cesar la violencia y prevenir nuevos hechos", sobre todo "teniendo en cuenta los hechos descriptos, el estado de salud de mi mandante, el riesgo cierto de agravarse frente a la continuidad de la violencia, la vulnerabilidad condicionada por su condición de género y subordinación".
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