Por Federico Türpe
19 Septiembre 2021
Historia de una estafa que demolió a Tucumán
El efecto dominó que culminó con el cierre de 11 ingenios empezó hace 55 años y la provincia nunca consiguió recuperarse. Poderosos intereses económicos, pero sobre todo políticos, propiciaron el desastre demográfico y social. Después, sólo hubo violencia y pobreza.
PROTESTAS OBRERAS. Se repitieron a partir del decretazo de 1966, pero siempre fueron infructuosas.
Unas 200.000 personas abandonaron la provincia entre 1966 y 1968, como consecuencia de la mayor tragedia socioeconómica en la historia de Tucumán: el cierre de 11 ingenios azucareros, sobre un total de 27 fábricas.
Para dimensionar lo que significó este desastre demográfico y social, 200.000 personas representaban el 27% de la población total de ese momento, que era de 750.000 habitantes.
Es como si hoy, sobre una población de 1,8 millón de habitantes, se fueran de Tucumán 490.000 personas, casi medio millón.
Como si de pronto, en un par de años, la provincia pasara a tener una población de 1,3 millón de habitantes.
El cierre de los ingenios -cuatro primero y después hubo un efecto dominó- dejó sin trabajo en forma directa a más de 50.000 personas y a más del doble en forma indirecta, la mayoría de los cuales terminaron luego abandonando la provincia.
Esta crisis fue tan profunda que 55 años después Tucumán todavía no se ha recuperado.
No sólo provocó un éxodo masivo hacia otras provincias, principalmente al conurbano bonaerense, sino que también hubo una emigración interna, del campo a la ciudad, que fue el inicio de las llamadas “villas miseria” de la capital tucumana y alrededores.
Según una profunda investigación de la historiadora Silvia Nassif, publicada en 2016 en un trabajo de 730 páginas titulado “Tucumán en llamas”, esta crisis -que agravó la lucha obrera que ya se venía gestando- fue uno de los gérmenes que derivarían en la violenta dictadura militar del 76.
El saldo no fue sólo la bestial sangría demográfica. “Hubo consecuencias graves en los pueblos, que se notaron con el tiempo: mortalidad infantil, deserción escolar, analfabetismo. Por otro lado, crecieron la violencia de género y las adicciones al alcohol y a las drogas. Una crisis en todos los sentidos”, sintetiza Nassif.
El origen
El 22 de agosto de 1966, a través del decreto 16.926, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la “intervención” de siete ingenios tucumanos: Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Santa Ana, La Trinidad y Nueva Baviera.
De los siete incluidos en el decreto hubo tres que sobrevivieron a la intervención: Bella Vista, La Trinidad y La Florida. Los otros cuatro cerraron.
Por arrastre de la crisis, en los meses posteriores quebraron los ingenios Mercedes, Los Ralos, San José, San Ramón, Amalia, Santa Lucía y San Antonio. De las 27 fábricas que había en la provincia quedaron 16.
El ingenio San Pablo, que logró sortear el terremoto de los 60, terminaría bajando sus persianas en 1992. En la actualidad continúan operando 15 ingenios en Tucumán.
Gobernaba el país una dictadura militar, encabezada por el general Juan Carlos Onganía.
El golpe cívico-militar contra el presidente radical Arturo Illia se había producido dos meses antes del decretazo, el 28 de junio de 1966.
En Tucumán fue desplazado el gobernador Lázaro Barbieri, y asumió como interventor el general Delfor Otero.
Poco después, el 1 de agosto, reemplazó a Otero otro militar, el general Fernando Aliaga García.
Según el Gobierno nacional, la industria azucarera sufría problemas de arrastre. Decían que algunos ingenios estaban en situación de quebranto y que otros se sostenían por su permanente endeudamiento con el Estado.
A causa de esto, los conflictos obreros eran constantes, potenciados por la sobreproducción de la zafra de 1965.
Al menos es lo que argumentó la dictadura para decretar la eliminación de algunas fábricas.
El ministro de Economía, Néstor Salimei, habló por la cadena nacional de radiodifusión la noche del 21 de agosto. Hasta donde se sabe, fue la única cadena nacional dedicada a un conflicto específico de una provincia.
Reproducimos parte de lo que dijo esa noche Salimei: “después de muchos años de inyectar dinero para subvencionar el monocultivo azucarero, Tucumán sigue al borde del caos. El otrora Jardín de la República es hoy, dentro de la Nación, una isla de presente explosivo y de futuro incierto. Hay ingenios que están en quiebra (...) Subsistían por motivos electoralistas e intereses minoritarios. Esos ingenios no pueden subsistir y serán transformados (...) Ningún obrero quedará sin trabajo y sin sueldo”.
La realidad
Nunca se implementó el plan de diversificación productiva anunciado por Salimei, llamado “Operativo Tucumán”, que incluía la radicación de fábricas en distintas zonas de la provincia.
Tampoco se absorbió la mano de obra que había quedado desocupada ni se cumplió la meta de la diversificación.
Los siete ingenios aludidos en el decreto fueron ocupados por efectivos de Gendarmería, Policía Federal y el Ejército.
No muchos saben que la organización militar del operativo de ocupación estuvo coordinada por el entonces jefe del Regimiento 19 de Infantería, Antonio Domingo Bussi.
¿Es una casualidad que 10 años después haya sido un “exitoso” gobernador de la provincia donde se inició la resistencia obrera?
El espiral de violencia se agudizó y nunca se detuvo, hasta el Operativo Independencia, que se ejecutó desde febrero de 1975 hasta septiembre de 1977.
Según la investigación de Nassif y otra precedente de los historiadores Roberto Pucci y Alejandro Schneider (“Historia de la destrucción de una provincia”), la decisión del cierre de los ingenios no fue económica, sino política.
Afirman que hubo una campaña de desprestigio hacia la industria azucarera y una estigmatización de Tucumán, a la que se presentaba como una futura Cuba por el nivel de conflictividad social. Era el contexto de ese momento.
Después del cierre se produjo un proceso de concentración monopólica del azúcar, del que se beneficiaron algunos empresarios tucumanos y también de otras provincias.
“Un ejemplo: en 1973, con 11 ingenios menos, se produjo un 24,9% más de azúcar que en 1965”, según se consigna en el trabajo “Tucumán en llamas”. Un cuarto más de azúcar que el año en que la dictadura dictaminó que había sobreproducción. Se hacía evidente la estafa.
El 14 de diciembre del 66 la CGT convocó un paro nacional y en enero del año siguiente fue asesinada en Bella Vista Hilda Guerrero de Molina, dirigente sindical de Fotia. A partir de allí la violencia sólo iría en escalada.
Es por ello que no pueden entenderse el Tucumanazo, la sangría demográfica provincial, el Operativo Independencia y la última dictadura militar sin conocer y comprender lo que significó el cierre de ingenios para Tucumán, para la región y también para el país.
Hoy, a la distancia y con varias investigaciones muy documentadas sobre la mesa, podemos comprender que el decreto de Onganía que determinó el cierre de los ingenios, apenas dos meses después del golpe a Illia, no fue una coincidencia. No es posible ejecutar semejante operación en tan poco tiempo.
Estaba planificado y urdido entre militares y empresarios mucho antes de la toma del poder por la fuerza.
Significó el derrumbe de una de las provincias más prósperas y pujantes de la Argentina.
Catástrofe profundizada durante las décadas subsiguientes por una clase política, en su mayoría corrupta y cómplice de los negociados por debajo de la mesa. Las pruebas están a la vista en este Tucumán demolido.
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