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José Alperovich dejará la función pública con un patrimonio neto de casi $ 2.200 millones o U$S 13,2 millones, según la cotización paralela de la divisa a diciembre del año pasado (el número sin redondear asciende a $ 2.154.296.005). Estas cifras implican un incremento de alrededor de $ 800 millones respecto de los bienes que el senador kirchnerista con licencia había informado en el ejercicio de 2019.
El ex gobernador tucumano durante tres períodos consecutivos concluye su mandato en diciembre, pero no ocupa su banca desde hace más de un año y medio como consecuencia de una denuncia por supuesto abuso sexual incoada en su contra que tramita en los Tribunales de la capital del país. El senador saliente, que integra el bloque kirchnerista, tiene permiso para ausentarse sin goce de sueldos.
En las sucesivas declaraciones juradas entregadas a la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA), Alperovich declaró patrimonios netos de $ 1.390 millones (ejercicio 2019); $ 750 millones (2018); $ 460,1 millones (2017) y $ 225 millones (2016). En cinco años, los bienes aumentaron aproximadamente $ 2.000 millones. Pero el peculio se mantuvo estable en dólares.
El año 2016 concluyó con un tipo de cambio vendedor de $ 16,9: traducido el patrimonio de aquel período a ese número, Alperovich poseía U$S 13,3 millones. Esto quiere decir que la fortuna del ex jefe de Estado provincial salió indemne del contexto de recesión, tormenta cambiaria, devaluación e inflación.
En el patrimonio correspondiente a 2020, Alperovich indicó que su participación del 90% de la firma La Galesa SRL vale $ 357 millones. Se trata de la compañía involucrada en un caso de posible robo de vacas en Santiago del Estero. En esta causa está imputado un hijo del senador, Daniel Alperovich, quien actúa como gerente de la compañía ganadera.
El examen de los bienes, ingresos y egresos de los funcionarios públicos sólo puede ser practicado respecto de quienes prestan servicios en el orden nacional puesto que en Tucumán impera el secretismo desde hace 48 años por disposición de la Ley 3.981 de 1973. Ello quiere decir que es imposible acceder a las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en el que Alperovich cumplió funciones públicas en la provincia.
En la Nación, la obligación de presentar declaraciones juradas a cargo de las autoridades del Estado está regulada por la Ley 25.188 que dispone la publicidad de los datos. En virtud de esta norma, el ex gobernador deberá todavía informar a la OA la composición de sus bienes durante 2021: será la última declaración jurada que presente antes de transformarse en ciudadano común.