La Justicia sigue sin encontrar a los autores de la “competencia de dinero entre políticos”

Las prácticas de clientelismo volvieron a salir victoriosas. Aunque un hombre que se presentó como puntero, Fernando Jesús Osores, dijo a LA GACETA que los comicios eran “una competencia de dinero entre políticos” y que “todo el mundo lo sabía”, no hubo constataciones de delitos electorales. Por el contrario, disminuyeron las denuncias. Según la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, ayer hubo menos de un tercio de las registradas en 2019. Tras el cierre de la votación, las fuerzas de seguridad nacionales seguían produciendo medidas para verificar las versiones de acarreo de electores, de reparto de bolsones y de compraventa de sufragios, incluida la protesta en la Mutualidad Provincial de supuestos “movilizadores” y punteros en la que participaba Osores.

Hasta las 19 de ayer, la unidad que encabeza el fiscal Carlos Brito había recibido 22 denuncias de irregularidades. Este número implica el 24,4% de las actuaciones abiertas en las primarias de 2019. En la Fiscalía N°1 acotaron que estaban instruyendo -con el auxilio de Gendarmería y de la Policía Federal- todos los casos relativos a las primarias, por el momento sin resultados concretos. Esta actividad investigativa incluso alcanza al reparto de dinero en La Florida, atribuida el viernes al Gobierno provincial por el sector peronista que responde al vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Entre las imágenes del traslado de electores con automóviles identificados con códigos y nombres de precandidatos, sobresalieron dos situaciones. Por un lado, hubo un operativo policial en Lules originado en una fuente desconocida. La crónica publicada en LG.com refiere que en un inmueble ubicado en la calle San Martín al 600 de aquella ciudad habrían entregado vales para comprar carne y hasta $ 1.000 a los aproximadamente 200 electores que hacían fila en la vereda. Por otro lado, se destacó la concentración inédita de presuntos “movilizadores” en la puerta de la Mutualidad que preside el legislador Daniel Deiana, una de las espadas de Jaldo.

Los manifestantes se quejaron ante las cámaras de que no habían recibido el dinero acordado para pagar a los “movilizados”. Incluso dejaron un petitorio firmado. En la crónica del periodista Julio Marengo disponible en la edición digital consta que Osores, Gabriela Ester Juárez y otros compañeros decían estar aterrorizados por las consecuencias de la falta de pago, y que no podían regresar a sus territorios con las manos vacías.

Los acontecimientos de estos comicios ratifican las dificultades existentes en la esfera local para esclarecer las acusaciones de vulneración del libre albedrío de los electores. Estos casos nunca llegaron a ser juzgados en una audiencia oral y pública, mucho menos a dar pie a una condena, pese a que Tucumán se distingue en el país por sus comicios conflictivos y por el volumen de acusaciones de clientelismo.

Estas prácticas suelen generar indignación, como ocurrió con la supuesta entrega de vales de supermercado en 2017, pero, luego, las investigaciones se desinflan y terminan convertidas en anécdotas políticas sin consecuencias penales. Hay casos de todos los colores. En 2019, el agricultor Gonzalo Blasco admitió haber ofrecido un bono de $ 5.000 a su personal si el entonces presidente Mauricio Macri llegaba al balotaje. En 2015, el legislador peronista Javier Morof arengó en un acto de campaña con el ex gobernador José Alperovich, el mandatario Juan Manzur y el vice Jaldo a “que no quede ningún vecino sin llevar a votar, (...) ni una persona a la que haya ayudado Alperovich”. En 2017, la Cámara Federal sobreseyó a Morof. En 2010, el ex funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán, Ramiro Moreno, fue filmado mientras ofrecía contratos a cambio de sufragios para el oficialismo: el caso fue elevado a juicio, pero permanece frenado por un recurso desde 2019.