10 Septiembre 2021
Crédito de la foto: Pepe Mateos, Télam.
- La ley ordena desde 2009 que las consultoras informen a la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuánto cobraron por cada estudio de opinión, a quién se lo facturaron y la metodología.
- En el registro judicial figuran por ahora 75 encuestas realizadas en este período electoral y sólo en 13 se informa el monto y el contratante. En todas se detallan las metodologías, pero el Estado no las audita.
- No hay sanciones económicas por incumplimientos. Distintos medios publicaron al menos 11 encuestas sin ficha técnica ingresada en el registro de la CNE.
Por ley, las empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio de comunicación encuestas de opinión o prestar servicios de sondeo durante la campaña deben inscribirse, previamente, en un registro de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Además, estas empresas tienen la obligación de informar los trabajos que divulgan, con el detalle de quién las contrató, los montos facturados y las metodologías utilizadas.
Desde que empezó la campaña electoral de las PASO 2021, el 24 de julio último, hasta ahora, las consultoras privadas le notificaron a la Justicia la realización de 75 estudios, que muestran resultados sobre la imagen positiva y la negativa de los postulantes, la intención de voto a un espacio político, etcétera.
En todos los casos se consignan el tipo de encuesta; las fechas de inicio y cierre de la consulta; la provincia en que se realizaron, o bien si fue un muestreo nacional; la metodología científica; y la cantidad de personas encuestadas, entre otras especificaciones. Pero solamente en 13 de los 75 casos (el 17,3% del total) se indica quién las pagó y cuánto costaron, según información a la que pudo acceder Reverso.
En el 82,7% de las fichas técnicas del registro judicial no se informa el monto facturado por la realización de la encuesta y, respecto de quién las pagó, se indican respuestas como “uso interno”, “a cargo de la consultora con fines de promoción”, “nadie”, “difusión pública” y “elaboración propia”; o directamente el mismo nombre de la empresa, lo que supuestamente da cuenta de que el trabajo no se hizo mediando un contrato comercial, a pedido de un candidato, un partido, una empresa o un gobierno.
Únicamente de Synopsis Consultores (cuyo director es Lucas Romero) figura una encuesta cuyo contratante es la misma compañía y se informa un monto que no es $ 0, como en el resto de los casos, sino $ 30 mil.
En este año electoral se cuadruplicó la cantidad de encuestadoras inscriptas en el registro judicial respecto de las PASO de 2017: aquel año eran 21; ahora hay 65. Pero de sólo 28 de ellas (el 43%) figuran, por ahora, fichas de sus trabajos. Del otro 57% aún no figura nada.
La cantidad de organizaciones inscriptas para poder divulgar sus encuestas puede aumentar en este año electoral, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, así como la cantidad de encuestas registradas. Hasta la publicación de esta nota, la consultora que más trabajos fichados tenía era Giacobbe y Asociados Opinión Pública SA (dirigida por Jorge Giaccobe), con 15. Le seguían CB Consultora Opinión Pública (dirigida por Cristian Buttié), con 12, y Analogías (cuya directora de comunicación es Marina Acosta), con 5.
Cuánto cuestan las encuestas
De la información a la que accedió Reverso, se desprende que las encuestas costaron este año entre 20 mil y 800 mil pesos. La encuesta más cara es de la consultora Management & Fit SA, por $ 800 mil (N. de la R.: en la información judicial se consignan facturados sólo $ 800 por este trabajo, pero ante una consulta de este medio la socia directora de la consultora, Mariel Fornoni, aclaró que se trata de $ 800 mil).
El cliente de este estudio de opinión electoral fue “SMART APPS SAS”. Según la ficha técnica, se realizó en la provincia de Santa Fe, con 1.200 encuestados. Esos detalles coinciden con los de esta nota periodística del diario Clarín, sobre un “sondeo encargado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti” (Frente Juntos).
Las 2 encuestas más caras figuran a nombre de la consultora Federico González y Asociados -una, en la Provincia de Buenos Aires y la otra, en la Ciudad, realizadas en septiembre-, cuyo cliente es el Frente de Todos. Costaron $ 500 mil cada una.
Las 3 siguientes son del Grupo Mercado (cuyo director es Jorge Majluff): 2, por $ 220 mil cada una, y la restante, por $ 185 mil, y fueron todas a pedido de la “Lista 2 Todos Entre Ríos”. Después, siguen una encuesta realizada por Carlos Fara & Asociados, cuyo contratante es “Juntos por el Cambio Distrito Provincia de Santa Fe”, por $ 150 mil, y la de Synopsis Consultores, por $ 30 mil.
Luego aparecen 5 encuestas de la consultora Analogías, por $ 20 mil cada una, y como cliente figura “Frente de Todos”, en todos los casos.
Encuestadoras no inscriptas y un sistema poco transparente
La misma ley de 2009 que establece estas obligaciones para las encuestadoras, la 26.571, que instauró las PASO, también dispone que las empresas que no se encuentren inscriptas en el registro de la CNE “no podrán difundir por ningún medio trabajos de sondeo o encuestas de opinión durante el período de campaña electoral”.
Sin embargo, Reverso pudo comprobar -al cabo de un relevamiento sobre 43 notas periodísticas publicadas desde el 24 de julio, cuando empezó formalmente la campaña electoral- que se divulgaron al menos 6 estudios de consultoras que no estaban debidamente inscriptas en el registro judicial, así como 11 trabajos sin ficha técnica ingresada.
Por ejemplo, la agencia Télam publicó este jueves un pronóstico de la consultora Equis, del analista Artemio López, que no figura en el registro de empresas de la CNE ni, por ende, cuenta con fichas técnicas de trabajos realizados. Este caso tiene el agravante de que se divulgó 3 días antes de los comicios, cuando la ley prohíbe a los medios de comunicación “publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales” 8 días antes de la elección.
Este medio consultó sobre este tema a Julián Gadano, sociólogo y docente de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UDESA), quien señaló que “el sistema argentino en lo que hace a las encuestas electorales es poco transparente” porque las metodologías no se auditan y los clientes que las pagan “deben creer” en ellas a ciegas, así como los ciudadanos que las consumen a través de los medios de comunicación.
Gadano señaló que una cosa es que la ley les exija a estas empresas información sobre sus clientes y otra, que deban informar cuánto les cobraron. “Si el objetivo de la política pública es la transparencia de las encuestas, no tiene mucho sentido exigir que digan cuánto facturaron. ¿En qué ayuda? En nada. Por el contrario, desalienta el cumplimiento de ese objetivo”, aseveró.
Como se informó en esta nota, el cumplimiento de la ley es casi nulo: según el artículo 69º de la norma, las encuestadoras que incumplieran 2 veces consecutivas con sus obligaciones serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el registro de la CNE. ¿Y cuál es el riesgo de no figurar en ese registro? Ninguno. El sistema vigente parece aún lejos de la transparencia buscada.
Ana María Mustapic, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo a Reverso que la obligación para las encuestadoras de informar quiénes son sus clientes en cada estudio de opinión electoral está relacionada “centralmente con la transparencia de la información, porque los resultados de estos trabajos se pueden sesgar” según quién haya pagado por ellos.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 40 medios para intensificar la lucha contra la desinformación durante las elecciones de 2021.
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Autor: Juan José Domínguez
Edición 1: Matías Di Santi
Edición 2: Laura Zommer
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