Tras la polémica desatada en Texas por una ley que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas, incluso en caso de violación o incesto. El Departamento de Justicia de Estados presentó una demanda contra ese estado.
"La ley es claramente inconstitucional", afirmó Merrick Garland, fiscal general. Y añadió: "el departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el estado de derecho".
La asociación Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Planned Parenthood (Planificación Familiar), el Centro de Derechos Reproductivos y otras asociaciones habían pedido la semana pasada al alto tribunal que detuviera la aplicación de esta normativa por medio de una solicitud de emergencia.
Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de esa ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, pero señaló "cuestiones de procedimiento complejas y nuevas".
Su decisión fue aprobada por cinco magistrados sobre un total de nueve. Tres de los jueces fueron elegidos por el expresidente Donald Trump justamente por su oposición al aborto.
La ley de Texas es la más restrictiva sobre el aborto que ha entrado en vigor desde el fallo de Roe v. Wade, la emblemática decisión de la Corte Suprema que en 1973 reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país mientras el feto no sea viable fuera del útero, lo que suele ocurrir hacia las semanas 22 a 24 de embarazo.
La normativa en cuestión, firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, después de unas seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Solo hay una excepción: en caso de peligro para la salud de la mujer.