“Miguel Lizárraga no pretende evitar ser enjuiciado mediante supuestos e inexistentes acuerdos con las víctimas de hechos ilícitos que se le atribuyen arbitrariamente por parte de la Fiscalía de Robos y Hurtos I a mis representados. Desmiento totalmente esa teoría que ha trascendido”, sostuvo Manuel Pedernera, el defensor de “La Gata” Lizárraga, quien está acusado junto a su hijastro, su hermano y otros de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a cometer escruches en la provincia y que habría tenido nexos con el clan Caro, otra banda imputada por delitos similares.
Fuentes tribunalicias, por el contrario, le indicaron a LA GACETA que algunas víctimas ya habían recibido un ofrecimiento por parte de allegados a los imputados. De todas maneras, aclararon, no sería fácil llegar al convenio dado que hay al menos cuatro víctimas que deberían dar el visto bueno a recibir un resarcimiento para desistir de la acción penal. Estos acuerdos, que están contemplados por el nuevo código procesal penal con el fin de darle celeridad a la resolución de los conflictos (para causas con penas no mayores a 6 años), deberían además ser aceptados con por el fiscal interviniente, López Ávila, que tiene la potestad para oponerse si considera que la causa es de interés público.
Finalmente, los bienes a reponer para estas causas serían la suma de más de U$S 70.000, más de $4,4 millones y alrededor de un centenar de joyas costosas.