Por qué se rechazó el informe de Lichtmajer en la Cámara

La Legislatura ajusta las cuerdas con las que viene envolviendo al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, desde que estalló la interna del PJ.

La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que preside Javier Morof dictaminó ayer, por unanimidad de los miembros presentes, el rechazo del informe que brindó el funcionario del Poder Ejecutivo (PE) en el recinto, el 13 de mayo, respecto a miles de designaciones “ad referéndum” que realizó en el Ministerio y al estado edilicio de las escuelas, entre otros temas.

Los jaldistas Morof, Raúl Ferrazzano y Adriana Najar; la republicana Nadima Pecci; y el radical José María Canelada (estuvieron ausentes Gerónimo Vargas Aignasse y Eduardo Bourlé) consideraron que hubo “numerosas irregularidades e inconsistencias, tanto argumentales como jurídicas” en las explicaciones, por lo que remitieron las actuaciones al Tribunal de Cuentas (TC) para que efectúe un análisis de la documentación con el fin de determinar si hubo irregularidades en el uso de recursos de la cartera educativa.

Está previsto que el dictamen negativo sea tratado en la próxima sesión, la cual aún no tiene fecha. El último debate legislativo se realizó el 3 de junio.

La resolución legislativa salió casi cuatro meses después de la exposición de 11 horas que realizó el ministro, y cinco días antes de la pulseada que tendrán en las urnas el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. En un documento de ocho páginas, los parlamentarios indicaron que Lichtmajer no fue preciso para responder preguntas concretas y que la documentación que acercó no complementa “las respuestas ni las omisiones”. También se marcó que eran 11.251 las fojas presentadas -no 27.000, como dijo- y que gran parte era información no relevante.

En cuanto a las designaciones “ad referéndum” (condicionadas a la aprobación del PE), los legisladores consideraron que hubo irregularidades ya que la Ley de Ministerios (8.450) establece -en su artículo 25- que el ministro de Educación puede proponer la designación de personal de su área, pero que no tiene la facultad para designar. Marcaron que estos actos sólo están completos jurídicamente si son refrendados por la autoridad competente (el PE). Señalaron que hasta el 13 de mayo de 2021 las resoluciones de designaciones no habían sido firmadas por Manzur. Sin embargo, aseguraron que los agentes designados con esta modalidad cobran un sueldo desde la toma efectiva del cargo.

Morof dio a conocer ayer un decreto del 2 de agosto de 2021, en el cual Manzur refrendó miles de resoluciones de designación de personal docente realizadas desde octubre de 2015 hasta junio de 2021 (ver aparte).

En el dictamen, además, los legisladores indicaron que Lichtmajer admitió en el recinto haberse apartado del procedimiento de la ley de carrera docente, alegando la inexistencia de padrones, y que el 40% de los establecimientos escolares carecen de mantenimiento.

Canelada opinó que el ministro mintió. “Actuó de manera ilegal, llevando adelante designaciones sin tener competencia para hacerlo. Pretendió ocultar la realidad de las escuelas destruidas y omitió dar información certera”, dijo. Cuestionó que se hayan dejado pasar cuatro meses para rechazar el informe.

Pecci expresó que “no satisfizo a nadie la exposición” de Lichtmajer, y agregó que ocurrió algo similar al examinar la documentación. “Él admitió que ha designado personal por fuera del estatuto docente, y esa gente cobró el sueldo mientras estaba en esa designación irregular”, dijo. Agregó que el estado edilicio de las escuelas y su desconocimiento de la calidad académica sumaron para el rechazo.

Vargas Aignasse, por su parte, denunció un supuesto acuerdo entre el jaldismo y la oposición para embestir contra Manzur. “Acusar al ministro de designar personal en contra de la ley es un disparate, un manotazo de ahogado de un jaldismo”, dijo. Marcó que todo acto administrativo que implique una erogación debe pasar un control preventivo del TC.