Por Federico Türpe
04 Septiembre 2021
El vicegobernador Osvaldo Jaldo despide a empleados legislativos contratados por legisladores manzuristas. El gobernador Juan Manzur cancela contratos a empleados de las comunas rurales que responden al jaldismo.
Todo normal en el submundo del caudillismo tercermundista, subdesarrollado y empobrecido.
Es el famoso “gasto político”. El empleo público como mecanismo de cooptación de voluntades. Una especie de esclavitud refinada, sin grilletes metálicos, sin cadenas visibles.
Es la clase política que se ha apropiado del Estado, lo ha secuestrado, en beneficio propio, personalísimo.
Es un delito contra la administración pública, que quizás podría encuadrarse como prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, extorsión, encubrimiento, nepotismo, exacción, desfalco, tráfico de influencias…
En síntesis, corrupción de palmo a palmo. Corrupción que no investiga ni fiscaliza la Justicia, ni lo hará jamás en las condiciones actuales en que se administra el Estado, subordinada al poder político, que selecciona a dedo a las autoridades judiciales, quienes a su vez seleccionan a dedo a sus colaboradores y empleados, en general parentela, amistades y favores.
Todo está podrido. Y lo más grave es que ya nadie huele la putrefacción, se ha naturalizado en las narices tucumanas.
Como el olor de las cloacas derramadas por toda la provincia, o como la vinaza putrefacta que arrojan los ingenios y que contamina el aire que respiramos.
Pese a que algunas autoridades nos quieran convencer de que ese olor nauseabundo forma parte del folclore azucarero de la provincia. Como te ven te tratan: como idiotas.
“No son números, son familias necesitadas”, argumentó el jueves el legislador Armando Cortalezzi, cuando un grupo de punteros suyos protestó frente a la Legislatura porque Jaldo les canceló los contratos.
Cortalezzi hace un mes cambió de bando y se fue con Manzur y como castigo el vicegobernador le ajustó la caja.
Es el argumento espurio que utiliza siempre la clase política: “la necesidad de la gente”.
Carencias innegables y profundas, que no dejan de crecer en esta Argentina a la deriva, y en esta provincia a la deriva de la deriva, pero que nada tienen que ver con la tarea legislativa.
Debería ser, en todo caso, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, quien asista económicamente a las personas más vulnerables.
Pero entonces no podría utilizarse a la pobreza para hacer política, la peor política, la limosnera, la de la humillación, en vez de dar trabajo y educación.
Es la política que genera cada vez más desempleo, deserción educativa, drogadicción y narcotráfico, que expulsa las inversiones, que fomenta la cultura de la vagancia y la dependencia estatal, que agrava la inseguridad, que les dice a los jóvenes que no tienen futuro ni proyectos, más que conchabarse con el patrón de turno.
¿Democracia obligatoria?
De los 194 países soberanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una abrumadora mayoría elige democráticamente a sus autoridades. Los únicos que no tienen sistemas electivos son Vaticano, Eritrea, Somalía, Suazilandia, Arabia Saudita, Brunei, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Omán, Qatar y Vietnam.
De las 181 naciones democráticas, en sólo 25 el voto es obligatorio (el 13%).
La mayoría están en América Latina (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana). Excepto Uruguay, todos presentan altísimos niveles de pobreza.
Otros siete con voto obligatorio pertenecen a Europa, sobre un total de 48: Bélgica, Chipre, Grecia, Liechestenstein, Luxemburgo, Turquía y Suiza (este último, sólo en algunos distritos). No está aquí ninguna de las grandes potencias europeas.
El resto de los países donde la población está obligada a asistir a las urnas se reparten dos en Asia (Singapur y Tailandia, sobre un total de 45 Estados); y otros dos en Oceanía (Naurú y Australia, sobre un total de 14 países).
Hasta donde pudimos informarnos, en el único país del mundo donde hasta las internas partidarias son obligatorias es Argentina.
Un modelo que se copió de Uruguay, donde también se realizan internas abiertas y simultáneas, pero no son obligatorias.
Ahora que se puso de moda entre los políticos hablar de “ampliar derechos” -más en el relato que en los hechos-, en algún momento habría que debatir sobre el derecho universal a no votar, que rige en el 87% de las naciones democráticas.
¡Clink caja!
¿Que tienen que ver los distintos sistemas democráticos y el voto obligatorio con los miles de contratos que se tiran por el rostro Manzur y Jaldo?
En que en la Argentina, y mucho más en Tucumán, la democracia se ha convertido en un gran negocio para pocos, con las elecciones como el principal producto de esta empresa.
Se estima que estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) le costarán a la Argentina unos $ 10.000 millones, y una cifra similar valdrán las legislativas de noviembre.
De esos 10.000 millones de pesos, casi 500 millones se repartirán entre los distintos espacios políticos, “para que puedan afrontar los gastos de campaña”, según la Resolución 147/2021, publicada en el Boletín Oficial el 30 de julio, con la firma del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
En Tucumán se suma, además, el sistema de acoples, instaurado en la reforma constitucional de 2006, que promovió José Alperovich para habilitar su reelección.
En 2015 hubo más de 30.000 candidatos que compitieron por 347 cargos. En 2019, con la eliminación de algunos partidos municipales, los candidatos fueron apenas 19.000. ¡Apenas!
Cuando se dice que los acoples son verdaderas Pymes de la política no es un eufemismo. Son pequeñas y medianas empresas costeadas en gran parte con dinero público, del mismo modo en que se reparten miles de contratos entre “la militancia”.
Son puestos de no trabajo que se pagan con los impuestos de los tucumanos. Es el dinero que no va a las rutas, a las cloacas, a las escuelas, a sanear los ríos, al control de inundaciones, a la falta de agua potable o a la creación o el fomento de fuentes de trabajo genuino.
Por esa bolsa gigantesca se están peleando hace seis meses Manzur y Jaldo, abocados de lleno a la campaña, como si la provincia no tuviera problemas gravísimos y urgentes para resolver.
¿Qué hacían las 5.000 personas que echó Manzur de las comunas alineadas con el jaldismo? No vemos que ninguna administración rural haya desaparecido del mapa ni haya dejado de funcionar. Y los miles de empleados para nada que aún habrá en las comunas manzuristas...
La misma pregunta cabe para los casi 2.000 contratos legislativos que canceló Jaldo.
Cualquier empresa, no digamos privada sino estatal, que despida a 2.000 empleados estaría al borde del colapso, si acaso no extinta, por más grande que fuera. Es el doble de los empleados que tiene, por ejemplo, una empresa como la SAT, que tan en deuda está con los tucumanos.
¿Cuánta más gente podrían despedir la Legislatura, las comunas y las municipalidades o el gobierno sin que se altere un ápice el funcionamiento de la Provincia?
Es un despropósito y una tremenda injusticia que la provincia que ostenta la segunda carga impositiva más pesada del país -lo que ahuyenta las inversiones, propias y ajenas- utilice gran parte de esos fondos para hacer política electoral, en vez de para financiar políticas públicas.
Acoples perpetuos
Según lo que expresaron los candidatos oficialistas en los debates televisivos organizados por LA GACETA durante las últimas cuatro semanas, no habrá reforma de la Constitución, no habrá cambios en el sistema electoral y no habrá boleta única, como tienen Córdoba, CABA, Santa Fe, Salta y Neuquén.
Es decir, continuará el festival de acoples que pagamos todos y seguirán las listas sábana donde figuran candidatos hasta con prontuario.
Una de las promesas de campaña del gobernador en 2015 fue que iba a terminar con el sistema electoral fraudulento que elucubró Alperovich para perpetuarse en el poder.
Para ello, apenas asumió, encomendó esa tarea a un equipo multidisciplinario, trabajo que terminó plasmado en un libro titulado “Tucumán dialoga”, ejemplar que junta polvo desde 2016 en varias estanterías.
En esas elecciones en que ganó Manzur por primera vez, en medio de un escándalo nacional y de mucha violencia provincial, hubo cuartos oscuros que llegaron a tener 200 boletas. Con eso había prometido terminar Manzur.
Por el contrario, los acoples siguieron y gozaron de muy buena salud durante sus ya casi seis años de gobierno, lo mismo que el clientelismo y los nombramientos discrecionales y a mansalva en todas las oficinas y capas del Estado.
Ahora, y gracias a una disputa egoísta, ambiciosa, por momentos muy agresiva y de bajísimo nivel entre el gobernador y el vice, nos enteramos que sólo por represalia pueden despedir a miles de personas que cobraban un sueldo sin hacer nada.
Con este sistema político -y estos dirigentes- Tucumán sólo puede esperar más pobreza, más inseguridad, más desempleo y cada vez menos infraestructura y desarrollo.
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