30 Agosto 2021
Ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para reabrir la investigación del escándalo del "Vacunatorio VIP".
La decisión del tribunal no sólo evita que parte del expediente sea archivado, como había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Además, se dispone que la magistrada profundice la pesquisa en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron el acceso "anticipado" a las dosis contra el coronavirus; y que se determine la conducta de quienes fueron inoculados mediante un supuesto "trato preferencial" en el Ministerio de Salud y en el Hospital de Posadas. También se ordenó una investigación con relación a las dosis enviadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.
La resolución, según publicó el portal Infobae, advierte que el orden de prioridades para obtener la inmunización contra la covid-19 no era simultáneo para el personal de salud, para los mayores de 60 años y para personal estratégico. En ese sentido, se subrayó que las vacunas eran “un bien escaso” en ese momento, y que el Estado debía administrarlo como tal.
“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la decisión de la Cámara Federal.
Incluso, el fallo plantea que los beneficiados en esa instancia podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, sostuvieron los camaristas.
El escándalo por el "Vacunatorio VIP" le costó el cargo al ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien presentó la renuncia en febrero pasado luego de que se conociera el acceso preferencial a la inmunización contra la covid-19 por parte del periodista Horacio Verbitsky.
A partir de entonces, se difundió una extensa lista de funcionarios, ex funcionarios, allegados y familiares que obtuvieron la primera dosis categorizados como "personal de salud" o como "personal estratégico".
El fiscal del caso, Eduardo Taiano, había imputado en marzo pasado a Ginés y a su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También a dos funcionarios de confianza de González García.
El 8 de julio, Capuchetti había decidido archivar de forma parcial del caso, argumentando que el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”.
Este fallo había sido recurrido por el fiscal Sergio Rodríguez. Ahora, la Cámara Federal dio curso al planteo y le encomendó a la jueza "el desarrollo de las medidas pertinentes para develar" los interrogantes, "a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos y, de existir, el correcto deslinde de las consecuentes responsabilidades, teniendo también en consideración las medidas de prueba sugeridas" por el fiscal Rodríguez.
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