Estafas telefónicas: los acusados seguirán detenidos en sus casas, en Córdoba

Los 10 cordobeses detenidos y acusados de haber realizado millonarias estafas telefónicas, cuando consigan cómo hacerlo, regresarán a su provincia. Un juez, entendiendo cuestiones humanitarias, resolvió otorgarles el beneficio del arresto domiciliario en sus casas durante tres meses.

Esa fue la resolución de una audiencia histórica. Desde que se puso en vigencia el nuevo código procesal, nunca se había realizado un debate con tantos imputados. No existen registros de que una sesión haya demorado casi 11 horas (debió comenzar a las 15, pero hasta que se acomodaron todas las partes en distintas salas de Tribunales, comenzó pasadas las 16 y concluyó cerca de las 2 de ayer. Tampoco hubo una vez en la que se impute a tantas personas juntas por delitos de robo de datos de tarjetas y estafas cibernéticas.

Los fiscales Alejandro Noguera y Marcelo Leguizamón comenzaron a analizar casi 3.000 expedientes de este tipo de delitos. Y la mayoría de las líneas conducían a un solo lado: Córdoba. Luego de una ardua tarea de identificación, personal del Equipo Científico Fiscal (ECIF), junto a la Policía de esa provincia detuvieron a María Florencia Náñez, Emiliano Serafino, David y Rocío Aciarez, Carlos Sarmiento, Franco Molina, Mónica Arias, Nicolás Ríos, Karina Ortiz (la única que no fue trasladada desde “La Docta” por estar embarazada) y Manuela Baigorria.

El sábado se realizó una audiencia donde se formalizaron los cargos en contra de los acusados. Los auxiliares fiscales Luis Germain, Gustavo Juárez Collado y Gabriel Veglia, bajo las instrucciones de Leguizamón, detallaron las maniobras que realizaron cada uno de ellos (se informa por separado) sólo en siete casos y con los que obtuvieron más de $3,5 millones de manera ilícita. Dejaron en claro que los acusados actuaban de dos maneras diferentes: por cuenta propia o prestando sus nombres para que abrieran cuentas que eran manejadas por terceros (en la jerga se los conoce como “muleros bancarios”). Dijeron además que en los allanamientos realizados secuestraron en sus viviendas elementos que servirían para probar las maniobras que realizaban.

Argumentos

“Este delito de estafa informática tiene una complejidad enorme. Estamos hablando de una organización delictiva muy aceitada, muy sofisticada que opera con medios electrónicos de difícil rastreo”, explicó el auxiliar Juárez Collado. “Acá estamos ante los denominados ‘muleros bancarios’, que son los que facilitan las cuentas (bancarias) para la consumación del delito. Arriba de ellos hay gente que los dirige, que les manipulan las cuentas que ellos mismos proporcionan a sabiendas de cuál es la finalidad”, agregó.

“Tenemos 10 imputados, pero van a ser más, todavía hay gente con pedido de detención. También estamos ante un gran número de víctimas, atrás de esto hay miles de expedientes con denuncias de este mismo tipo en este Ministerio Público. No es casualidad que estos ataques provengan de Córdoba. Tucumán ha sido elegido como un blanco para este tipo de delito que ha crecido casi un 3.000% en el último año. El caso amerita que se lo declare como asunto complejo”, añadió el acusador.

El fiscal Leguizamón consideró: “Estamos en presencia de una situación histórica. Estamos atacando a la nueva pandemia delictual que insume grandes recursos y nuevas formas de investigación. Es un delito que muta permanentemente en sus formas. Cuando empezamos a encontrar la forma de investigación, ya nos están cambiando las reglas del juego. Estamos ante una situación bastante compleja, a la cual debemos comenzar a darle tratamiento”.

Los acusadores realizaron dos planteos en la audiencia. El primero, que se declare a la causa como compleja para que tengan más tiempo para investigar. El segundo, que se les dicte la prisión preventiva a los acusados al considerar que podrían entorpecer el desarrollo de la pesquisa.

Un arrepentido

Sólo uno de los imputados reconoció que había prestado su nombre para que se abrieran cuentas. “Eso sucedió en lo más duro de la pandemia. Un amigo de toda la vida me dijo que él las necesitaba para realizar transacciones con criptomonedas y dólares. Lo hice porque él me daba una comisión de $1.500 como máximo”, indicó. En la investigación surgió que en una de sus cuentas se depositaron más de $300.000. “No sabía nada, las abría y él manejaba todo”, indicó el joven. El acusado lo identificó con nombre y apellido, dio su dirección y su número de celular. “Ahí están los chats para lean todo lo que hablábamos”, señaló.

La defensa

La defensora oficial Teresita Mendilaharzu, una de las que asistió a los acusados, realizó una férrea argumentación invocando cuestiones humanitarias a favor de los acusados. “Fueron extraditados desde Córdoba sin avisarles a sus familiares. Están sin comer desde que fueron detenidos hace tres días. Hay personas que evidentemente fueron engañadas y, que quizás también ellas terminen siendo víctimas de esas supuestas organizaciones”, señaló. Después cuestionó el tratamiento que recibieron los acusados. “Estas personas deben ser dejadas inmediatamente en libertad y regresadas a su provincia natal porque no tienen un peso para volverse”, añadió.

Fueron cinco los acusados que hablaron durante la audiencia y ninguno clamó por su inocencia. “Soy capaz de pagar con seis o siete años de cárcel a cambio de que no me separen de mi hijo de un año. Tengo inflamados los pechos porque él sigue tomando la teta”, señaló Baigorria. “Tengo tres hijos menores que ahora están con una vecina porque mi papá trabaja todo el día y no siguen a nadie. Encima el más chico tiene ataques de epilepsia”, explicó Ñáñez. Arias indicó: “soy diabética y no como hace tres días, por lo que también estoy mal”.

Los hermanos Aciarez también hablaron. Rocío explicó que su madre tiene la mitad de su cuerpo paralizado por haber sufrido un ACV y que ellos eran los únicos que podían ayudarla. “Les pido que tengan en cuenta esa situación porque ella come con lo que nosotros ganamos”, indicó. David, el hombre que en un primer momento dijo no conocer a ninguno de los acusados, pese a que su hermana estaba en esa nómina, agregó: “no tengo problemas en pagar por lo que hice, pero mándenme preso a Córdoba”.

La resolución

Después de escuchar esas palabras, Juárez Collado agregó unas palabras. “Su señoría, quiero que se tenga en cuenta las cuestiones humanitarias de las víctimas. Aquí hemos escuchado a dos de ellos explicando todos los problemas que tuvieron y que tienen por haber sido estafados. Les hipotecaron sus vidas y las de su familia”, indicó.

R.M, una de las víctimas, imploró: “Señor juez, entiendo todos los problemas que tienen estas personas, pero ¿quién se hizo cargo de los nuestros? Ellos ya conocen todos nuestros datos y pueden hacer cualquier cosa. Tengo miedo de que nos sigan haciendo daño, pero ahora por venganza”.

El juez Alejandro Tomas resolvió el caso. Aceptó que la causa sea declarada compleja. Dictó la prisión preventiva por tres meses con la modalidad de arresto domiciliario en Córdoba y ordenó que los acusados sean trasladados nuevamente a esa provincia. Hasta el cierre de esta edición no se había informado cómo sería el viaje de retorno y cómo se controlará que los acusados cumplan con la orden del juez. Sí se confirmó que el fiscal Leguizamón impugnará el fallo.

Algunas modalidades

Una mujer pacta la venta de una mesa por Facebook. El comprador deposita más plata de lo pactado y luego avisa al vendedor que un empleado bancario lo llamaría para solucionar el problema. Esa persona se comunica y consigue sus datos bancarios, con los que accedió a un préstamo y le limpió la cuenta.

Un hombre intenta hacer una operación en un cajero, pero la máquina le retiene la tarjeta de débito. Cuando quiso realizar la denuncia de lo ocurrido, se da cuenta de que no podía acceder a sus cuentas. Al día siguiente concurre al banco y descubre que le habían extraído todo su dinero y sacado un préstamo.

Un cliente recibe en su Instagram un mensaje trucho del banco donde opera ofreciéndoles importantes productos. Se comunica con los supuestos operadores y, con tal de acceder a lo prometido, les brinda los datos privados de sus cuentas. A las horas la víctima se dio cuenta que le sacaron un préstamo y los fondos de la cuenta.

A un jubilado lo llaman “de parte de Desarrollo Social” para avisarle que había un subsidio no retornable para él. Le piden que se dirija a un cajero y que les pase por teléfono una serie de códigos. El hombre lo hace y después descubre que le habían solicitado un préstamo por más de $500.000.