Estafas telefónicas: en siete casos habrían obtenido unos $ 3,5 millones

En una audiencia que duró más de siete horas pasó de todo. Se conocieron algunas de las modalidades con las que se cometen las estafas telefónicas. Quedó al descubierto que Córdoba se transformó en la capital nacional de este tipo de delito. Se supo que hay personas expertas en la materia y otros que quedaron señalados por prestar sus nombres a cambio de monedas si se tienen en cuenta las ganancias que se obtienen. También se cuantificó el monto del dinero que obtuvieron en siete casos: más de $ 3,5 millones. Y, por último, el dolor de las víctimas que suplican para que la Justicia intervenga y así los bancos dejen de cobrarle los préstamos que sacaron a su nombre de manera fraudulenta.

Luego de una larga investigación, el Ministerio Público Fiscal logró que en Córdoba se detuvieran a 10 personas acusadas de realizar este tipo de maniobras. María Florencia Náñez, Emiliano Serafino, David y Rocío Aciarez, Carlos Sarmiento, Franco Molina, Mónica Arias, Nicolás Ríos, Karina Ortiz (la única que no fue trasladada desde “La Doca” por estar embarazada) y Manuela Baigorria fueron los que se sentaron en el banquillo de los acusados. Nunca antes se realizó una audiencia con tantos imputados desde que entró en vigencia el nuevo código procesal penal. Jamás los representantes del MPF habían acusado a tantas personas por haber cometido diferentes estafas en los tiempos del sistema adversarial.

Fue tan compleja la investigación que fue necesario que los auxiliares fiscales Luis Germain, Gustavo  Juárez Collado y Gabriel Veglia, bajo las instrucciones del fiscal Marcelo Leguizamón, calificaran en tres las modalidades que utilizaron para apoderarse del dinero. Ellas fueron: estafas con tarjetas, robos de datos y el engaño a personas que realizaban ventas de productos o se hacían pasar por empleados bancarios a través de redes sociales, especialmente Facebook, Instagram y Twitter.

Sólo en siete casos, los sospechosos se habrían apoderado de unos $ 3,2 millones.  Es importante aclarar que la Unidad Fiscal de Delitos complejos investigan unos 1.200 expedientes de estas características, por lo que es imposible por el momento determinar las millonarias ganancias que vienen obteniendo en los últimos tiempos. Y hay más. En la Unidad Fiscal de Decisión Temprana se contabilizaron unas 1.800 causas que esperan avanzar porque las víctimas no ratificaron las denuncias o no terminaron de realizar todos los trámites de rigor.

Los investigadores coincidieron en señalar cuál era el modus operandi. Luego de apoderarse de los datos bancarios de las víctimas, ingresaban a sus cuentas y solicitaban préstamos preacordados cuyos montos oscilaban entre los $ 200.000 y los $ 520.000 y el efectivo que tenían las víctimas. “Esos montos los transferían a sus cuentas y obviaban de informar a las autoridades bancarias que realizaban operaciones  para que no se dieran cuenta del origen de las maniobras que estaba realizando”, repitieron.

En la audiencia, los representantes del MPF marcaron claras diferencias sobre los acusados. A algunos les atribuyeron haber montado una estructura para cometer estas estafas. Y llegaron a la conclusión porque les secuestraron elementos que los llevaron a sostener esa acusación. A otros, en cambio, los acusaron de tener una participación necesaria por haber prestados sus nombres, conocidos como “muleros bancarios”.

De todos los imputados, sólo uno dijo tener trabajo registrado. Los demás dijeron ganarse la vida con labores temporales o eran amas de casas. Sólo dos concluyeron sus estudios secundarios. Todos se quejaron porque fueron extraditados a la provincia sin avisarles a sus familiares. Denunciaron que desde la llegada a Tucumán no habían recibido comido y preguntaron cómo harían para volver a su provincia natal, ya que no tenían ni un peso para hacerlo.

Serafino fue el único que habló. “A mí engañó un amigo de toda la vida. En plena pandemia me propuso que abriera cuentas bancarias para que él pudiera realizar operaciones con criptomonedas y dólares. Me tiraba como mucho $ 1.500 cada tanto. No tengo nada que ver”, indicó el joven que dio los nombres y direcciones de los hombres que lo contrataron.

Los representantes del MPF señalaron que la investigación está comenzando y que aún les queda, entre otras cosas, determinar los nombres de otras personas y establecer la escala piramidal de esta supuesta organización.

“Estamos ante un grupo que ha elegido a nuestra provincia como el centro de sus actividades, que están generando severos problemas a muchísimas familias”, señaló el auxiliar Germain. Leguizamón, por su parte indicó que los que ya se conoce a nivel nacional como la otra “pandemia delictiva” debe llegar a su fin.

Los acusadores lograron lo que habían buscado. Primero, que se declare a la causa como compleja y que se les dicte la prisión preventiva por seis meses. Los defensores rechazaron ambos planteos.

Teresita Mendilaharzu, en nombre de todas las imputadas, dijo que no recibieron un trato humano al haberlas trasladado a la provincia innecesariamente y más aún si se tiene en cuenta que dejaron niños en sus casas. “Hasta quizás sean víctimas de otras personas”, indicó. Su par Delfina Romano señaló que era inadmisible que se les dicte la prisión preventiva porque los acusadores no lograron comprobar cuáles eran los riesgos procesales. Por último, Mónica Elías, defensora de Serafino, dijo que no había delito que se le imputara porque la víctima había acordado con el banco saldarle la deuda.

Las víctimas

En la audiencia hablaron dos de las siete víctimas. H.L destacó que le importaba muy poco el dinero que le quitaron, sino las consecuencias que le generó la estafa que sufrió. “Tuve la suerte de llegar a un acuerdo con el banco, pero tuve que superar numerosos problemas que generaron importantes daños en mi estado de salud. Soy docente y todo esto me generó un daño tremendo”, explicó.

“Lo único que pido es que una copia de este expediente sea enviada al banco para que crean que fui víctima de una estafa. Me llaman todos los días. Mi mujer se quedó sin trabajo y tengo problemas de presión ocular porque todos los días me llaman para que pague y no puedo hacerlo”, indicó R.M, otra víctima.

Después de haber escuchado a todas las partes, el juez Alejandro Tomás aceptó que se declarara  compleja a la causa. Al cierre de esta edición no se había definido la situación procesal de los acusados.