Denuncian a Manzur por compra de votos

El concejal peronista de Yerba Buena Alejandro Carlos Sangenis ratificó su denuncia penal por la supuesta “compra de votos” mediante la entrega de subsidios de $ 4.000 hasta $ 10.000 por parte del Gobierno provincial. En el trámite ante la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán, a cargo del juez Fernando Poviña, el edil aportó pruebas y denunció además al gobernador, Juan Manzur, como responsable de la situación.

Cuando en la fiscalía le preguntaron a Sangenis si tenía algo más para decir, dijo que sí: “a quien denuncio es candidato a senador suplente, quien es la misma persona que autorizó y ordenó que se paguen los planes en el Hipódromo a los fines de comprar voluntades, en razón de encontrarse próximas las elecciones; y dicha personas es el doctor Juan Manzur”. Luego, aportó escritos donde “constan los enlaces de los medios periodísticos que publicaron el otorgamiento y distribución de las dádivas”, y la fiscalía aceptó agregar la documentación como nueva prueba.

Cabe recordar que Sangenis forma parte de la estructura del vicegobernador y precandidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, y que resolvió recurrir a la Justicia Federal por este hecho ocurrido el 13 de agosto. Ese día LA GACETA recolectó testimonios e imágenes sobre el pago de ayudas sociales a personas que llevaran adelante los trámites establecidos mediante el decreto 125/1, que faculta a la Secretaría General de la Gobernación a efectuar estas erogaciones.

Entonces, Sangenis dijo a nuestro diario que “las maniobras delictivas que se denuncian consisten en la compra de votos para que, en las elecciones del 12 de septiembre (los beneficiarios) voten a la lista de Pablo Yedlin, candidato a senador nacional y de Rossana Chahla a diputada nacional. Ambos candidatos del Gobierno provincial”. Afirmó que el supuesto delito no sólo se configura por la compra de votos, “sino también por el desvío de fondos, porque esta maniobra se realiza con dineros del erario público”.

Apuntó que la compra de votos se hizo con “un subsidio del Gobierno por $ 10.000” por cada boleta, y que los beneficiarios debían presentar cartas de pobreza a un “puntero político” para gestionarlo.