20 Agosto 2021
Desde los inicios de su primer mandato, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo se comprometieron públicamente a impulsar una Ley de Acceso a la Información Pública para la provincia. Sin embargo, hasta la fecha continúa en mora con una legislación general, a pesar de que se implementaron herramientas aisladas en este sentido.
Ante esta necesidad, la Mesa de Diálogo de Tucumán dio a conocer un proyecto de ley en este sentido, el cual tiene como médula espinal la máxima divulgación, publicidad y transparencia de los datos del Estado.
“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”, fundamentó el espacio que encabeza el arzobispo Carlos Sánchez.
La iniciativa cuenta con 38 artículos que van en la misma tónica de los que conforman la Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública (27.275), que está vigente desde octubre de 2017. En los fundamentos, además, se subrayó que un informe de 2019 del Banco Mundial señaló que sólo cinco de los 24 distritos de la Argentina no tienen regulado el acceso a la información pública: Tucumán, Formosa, La Pampa, La Rioja y San Juan.
“En el particular caso de la provincia de Tucumán, ante la necesidad de dictar la ley de acceso a la información pública que compromete la responsabilidad internacional de la Argentina frente al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos a tenor de lo dispuesto en el art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Mesa de Diálogo comprometida con la sociedad tucumana, pone a consideración esta propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública, para su tratamiento legislativo”, argumentó el equipo jurídico de la Mesa de Diálogo, conformado por: Juan Carlos Veiga; Luis Iriarte; Marcelo Billone; Carmen Fontán; Raúl Díaz Ricci; Francisco De Rosa y Carolina De Mitri. También participaron Federico Lanati y Sebastián Robles Terán, de la Sociedad Rural de Tucumán, y la coordinación estuvo a cargo de Mónica Delgado.
“Garantizar el acceso”
La Mesa de Diálogo argumentó que “la información le pertenece a las personas” y que “no es propiedad del Estado”. “El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores”, se indicó.
En octubre de 2016, ante un encuentro con directivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Manzur se había comprometido a adherir a la ley nacional. Incluso, se había mencionado luego en trabajar en una ley provincial “más ambiciosa”. Sin embargo nada de eso ocurrió.
En la Legislatura, los opositores José María Canelada (UCR) y Federico Masso (Libres del Sur) presentaron hace años iniciativas en este sentido, pero ni siquiera llegaron a ser tratadas en las comisiones donde prevalece el oficialismo.
Puntos claves de la iniciativa
1- El proyecto busca garantizar que toda persona, sin necesidad de dar explicaciones de por qué y para qué, pueda acceder y difundir todo tipo de datos públicos.
2- La iniciativa prevé que la información se publique de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios posibles.
3- Se debe entregar información a todas las personas que la soliciten, excluyendo cualquier tipo de discriminación. Debe ser de acceso gratuito.
4- Se controlará el cumplimiento de la norma. De negar información o de haber respuestas inexactas, se podrá recurrir ante un órgano competente.
5- El incumplimiento de las obligaciones que el proyecto de ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.
6- Ninguna autoridad pública podrá negar la divulgación de un documento, excepto cuando el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público.
7- Serán obligadas a brindar información las oficinas del PE, la Legislatura y el Poder Judicial, el MPF, el CAM y empresas con participación estatal, entre otros.
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