El concejal de Yerba Buena Alejandro Sangenis formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, por la supuesta "compra de votos" mediante la entrega de subsidios de hasta $ 10.000 por parte del Gobierno provincial.
Ayer, LA GACETA recolectó testimonios e imágenes que daban cuenta sobre el pago de ayudas sociales a personas que llevaran adelante los trámites establecidos mediante el decreto 125/1, que faculta a la Secretaría General de la Gobernación a efectuar estas erogaciones.
Sangenis, que forma parte de la estructura encabezada por el vicegobernador y precandidato a diputado nacional Osvaldo Jaldo, resolvió recurrir a la Justicia federal para que se inicie un expediente relacionado con esta situación.
"Las maniobras delictuales que se denuncian consisten en la compra de votos para que, en las elecciones del 12 de septiembre de 2021, (los beneficiarios) voten la lista de Pablo Yedlin, hermano del ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, a senador nacional, y de Roxana Chala a diputada nacional. Ambos candidatos están vinculados al Gobierno provincial", sostuvo Sangenis.
En ese sentido, detalló que "para la compra de votos, se promete un subsidio del Gobierno de $ 10.000" por cada boleta. "Las personas que se comprometen a vender sus votos deben realizar cartas de pobreza en las comisarías de Tucumán; luego entregan esa documentación a un dirigente o 'puntero político', quien gestiona el subsidio", agregó.
Sostuvo además que, a su criterio, "el delito no sólo (se configura por) la compra de votos, sino también por el desvío de fondos, porque esta maniobra se realiza con dineros del erario".