Por Martín Soto
14 Agosto 2021
POR VENTANILLA. Trascendió que los subsidios se extenderían hasta fin de año, pero Silvia Pérez afirmó que desconoce si se tomó esa decisión. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
La entrega masiva de subsidios que mostró LG PLAY ayer en el hipódromo, a 30 días de las elecciones del 12 de septiembre, fue justificada por la Casa de Gobierno y duramente cuestionada por el jaldismo y la oposición.
Autoridades del Ejecutivo dijeron que los beneficios se otorgan por el duro presente económico y social causado por la pandemia, e indicaron que todo está reglamentado. Referentes de la oposición, en cambio, denunciaron que la gestión de Juan Manzur está cooptando la voluntad popular. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en tanto, disparó contra el gobernador: “quiere comprar la voluntad de los tucumanos con el objetivo de poder lograr su re-reelección”.
Cientos de personas que residen en el interior formaron extensas filas en el hipódromo para retirar una ayuda económica de unos $ 5.000. Las imágenes trajeron a la memoria escenas que se vieron en 2019, un mes antes de los comicios provinciales.
La secretaria General de la Gobernación, Silvia Laura Pérez, explicó a LA GACETA que la oficina que encabeza está autorizada a entregar ayudas a personas y a organizaciones que cumplan con una serie de requisitos, según consta el decreto 125/1 (ver aparte). Afirmó que los subsidios responden a la crisis que provocó la pandemia, y subrayó que desde 2020 el Gobierno ha venido otorgando auxilios a gastronómicos, choferes de turismo y de escolares, a la Policía y desempleados, entre otros. “Hemos dado muchísimas ayudas”, remarcó.
Pérez dijo que no tenía a mano las cifras de beneficiarios. “La cantidad de beneficiarios tiene que ver con la situación. El año pasado la gente vivía pobremente, pero vivía. Ahora está todo tan caro. El Estado trata de ayudar por todos los medios”, indicó, y rechazó las acusaciones de la oposición. “Me causan risa”, dijo.
“Es vomitivo”
Dirigentes jaldistas -que conocen bien el paño- dijeron que se trata de una estrategia electoral. Indicaron que los subsidios se otorgan en distintos puntos de la provincia, de acuerdo al caudal electoral. Y aseguraron que los comisionados rurales se encargan de seleccionar a los beneficiarios, hacerles los trámites y hasta movilizarnos. “Cuando uno tiene que acudir a estas artimañas es porque los números no están dando y quiere apoyo como sea”, desafiaron.
Desde Lules, Jaldo disparó contra Manzur por las filas en el hipódromo. “No hagamos que los tucumanos vivan esa humillación solo por el fin personal de querer eternizarse en el poder”, lanzó.
La oposición salió también con los tapones de punta. El legislador y precandidato Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) dijo que lo que se vio fue “una inmoralidad más del peronismo” y que “compra voluntades a las que no educa y no brinda seguridad”. “El peronismo, como práctica política, sucumbió hace rato. Lo que queda es una corporación inoperante que quiere quedarse en el cargo a como dé lugar”, dijo.
La senadora y precandidata Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio, Lista A), expresó que lo del hipódromo “es inadmisible y vomitivo”. “En las elecciones se juega esto: los planes sociales para cooptar a la gente”, criticó.
Recibos de pago: los subsidios pueden ser de entre $4.000 y $10.000
Mientras formaban fila en el hipódromo, LG PLAY se acercó a dialogar con los beneficiarios. Algunos comentaron que eran desempleados, trabajadores informales o empleados de alguna comuna. “Me dijeron que me presente acá, pero no me dijeron el monto. Me dijeron que entregue fotocopia del documento, solamente. Me contaron que era una ayuda”, contó uno de ellos. Dijeron que residen en Río Nío, Estación Aráoz, Los Pérez y Colombres, entre otros.
La mayoría de las ayudas que otorgó ayer el Gobierno fueron de $ 5.000, según consta en los recibos que pudo corroborar este diario, pero también se vieron otros por $ 4.000.
En Casa de Gobierno indicaron que todas las ayudas se dieron en el marco del decreto 125/1, el cual fue creado en el año 2.000, en la gestión de Julio Miranda, y se ha ido prorrogando y actualizando hasta la fecha mediante otros instrumentos. Con él, el Gobierno busca “otorgar subsidios de manera urgente para asegurar una adecuada atención de las demandas de instituciones y personas en situación de vulnerabilidad social”, según se detalla en la documentación.
Entre enero y marzo de 2019, año electoral, el monto máximo de fondos para estas ayudas estatales pasó de $ 800.000 a $ 40 millones mensuales. Es decir que, a partir de los cambios, el Ejecutivo incrementó su capacidad de asistencia un 5.000%.
Uno de los últimos cambios que se realizó sobre el decreto 125/1 se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2020, mediante el decreto 2.406/1. Allí se modifican los montos de las ayudas, las cuales desde entonces son de entre $ 4.000 y $ 10.000 por persona, por mes. La secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, dijo que cualquier persona que necesite ayuda puede acercarse a la Casa de Gobierno con una carta de pobreza, una fotocopia del DNI y una nota que explique cuál es el inconveniente que atraviesa.
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