La Nación busca la efectiva implementación de las leyes de aborto legal y de los "1.000 Días"

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación presentaron los principales lineamientos generales para avanzar en la implementación de las leyes de "Interrupción Voluntaria del Embarazo" (IVE) y el "Plan de los 1.000 Días", que fueron sancionadas por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado.

"Venimos trabajando con todas las áreas de Gobierno, desde el nivel central, otros ministerios y, por supuesto, con las provincias, para comenzar efectivamente con la implementación de estas dos leyes realmente importantes que nos han costado tanto trabajo y que finalmente ahora tenemos la oportunidad de poder cristalizarlas", señaló la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona, luego del encuentro virtual.

Según informó la funcionaria, ambas presentaciones serán remitidas a la brevedad a los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo “que puedan trabajar con todas las consultas, dudas y preguntas para que en la próxima reunión de Consejo Federal de Salud podamos, entre todos, discutir y hacer un abordaje profundo de todos estos temas”.

Para la reducción de la mortalidad y la malnutrición infantil

La secretaria de Acceso a la Salud, la tucumana Sandra Tirado, presentó los avances sobre la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como "Ley de los 1.000 Días", una iniciativa que tiene como meta garantizar el acompañamiento y asistencia en el embarazo, y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas.

“Los objetivos principales de esta ley son la reducción de la mortalidad y malnutrición infantil, como así también proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo físico y emocional de los chicos. Tiene mucho énfasis con todo lo que tiene que ver con el vínculo y cuidado, no solo de las familias, sino también de la comunidad y de todas las áreas del Estado que están relacionadas”, aseguró Tirado.

Entre sus distintos ejes, la ley extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasaría de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación. A su vez, establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años, siempre que se acredite el plan de vacunación y el control sanitario.

“La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, en un trabajo integrado con los tres subsectores. Además, se va a crear una Unidad de Coordinación Administrativa dentro de la Secretaria de Acceso a la Salud”, adelantó Tirado.

Con un universo que impacta de manera directa sobre alrededor de 2,7 millones de personas, en el primer año de implementación del plan se espera intensificar las capacitaciones a los equipos de salud y otros entornos comunitarios. “Desde el Ministerio estamos disponibles para hacer asistencia técnica tanto a nivel territorial como virtual. Además, vamos a adquirir bienes de consumo. Estamos duplicando la cantidad de test de embarazo para poder distribuir en los centros de atención primaria”, expuso.

También se busca asegurar la provisión de medicamentos para cada etapa, con la incorporación de un botiquín adecuado, leche de fórmula de inicio para recién nacidos, kits de cunas seguras y colchones de hipotermia terapéutica para la encefalopatía. A su vez, también se incluyen nuevas prestaciones como la visita prenatal y la visita ampliada a los 18 meses para la evaluación del desarrollo del niño o niña.

Por el derecho a la interrupción del embarazo

En tanto, la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, fue la encargada de compartir algunos de los ejes más importantes en la propuesta de reglamentación de la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. “Es una ley muy clara y operativa que se pudo poner en vigencia inmediatamente. No solo refuerza la política federal de salud sexual y reproductiva, sino que además respalda el protocolo de atención y fortalece el rol rector que tiene el ministerio hacía los subsistemas públicos, de obras sociales y medicina prepaga”, indicó.

Allí se reafirma que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, con el requisito de prestar su consentimiento informado y sin necesidad de autorización judicial.

En tanto, en casos de violencia sexual se requerirá también una declaración jurada a las personas mayores de 13 años, mientras que las a menores no se deberá exigir ningún documento adicional al consentimiento. En los casos que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la persona gestante, se requerirá además del consentimiento, la constancia de la causal en la historia clínica.

“Esta ley trae la novedad que regula el derecho a la objeción de conciencia y está absolutamente detallado las condiciones en las que se puede ejercer”, agregó Isla. En ese sentido, informó además que el personal de salud en ningún caso podrá obstaculizar, presionar o interferir engañosamente en la decisión de las personas gestantes. En cuanto a la capacitación del personal sanitario, tanto el Ministerio de Salud como los ministerios provinciales se deberán definir indicadores que permitan evaluar el seguimiento de estos programas.

Del encuentro formaron parte también la directora de Géneros y Diversidades, Candela Cabrera, y la directora de Salud Perinatal y Niñez, Gabriela Bauer. Además, de manera virtual estuvieron presentes autoridades de los ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones del país.