Al menos cinco fiestas clandestinas fueron suspendidas en el transcurso del fin de semana en el Gran San Miguel de Tucumán. En la fuerza cuestionaron la organización de esta clase de eventos y la falta de cooperación por parte de quienes asisten a esas reuniones en el contexto de pandemia, sobre todo por el número de efectivos que se ven implicados en los procedimientos de desalojo del inmueble donde realizan las fiestas.
“Es una situación preocupante porque la gente cree que se ha liberado todo y no es así. Es indudable que entre los jóvenes el nivel de hartazgo es mayor, pero hay que seguir esperando las resoluciones”, sostuvo el subsecretario de Seguridad, José Ardiles en entrevista con LA GACETA.
El viernes, el presidente Alberto Fernández había anunciado que se estaba evaluando aplicar un plan para levantar las restricciones vigentes por la pandemia de covid 19. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) adelantó que la provincia se adheriría a la decisión del mandatario nacional, sin embargo, hasta el momento, todas las prohibiciones respecto a reuniones masivas siguen vigentes. “Se ampliará poco a poco la cantidad de gente que pueda reunirse”, sostuvo el Presidente, al explicar que la flexibilidad llegaría a medida que se completen los cuadros de vacunación con la aplicación de las segundas dosis.
“Por los controles que se deben hacer en contra de las fiestas clandestinas se pierde al 20% de los recursos humanos que están destinados a realizar tareas de prevención en toda la provincia. Estos hechos se dan a lo largo de todo el territorio, no sólo en una ciudad”, agregó Ardiles, que brindó más detalles (ver destacado).
Todos los casos del fin de semana
El sábado a las 23.45, cuando comenzaban los controles de rutina entre la Policía y el IPLA, los uniformados detectaron irregularidades en un pub (habilitado como bar) ubicado en calle Mendoza al 1.000 de la capital. Según el informe policial, el lugar estaba sobrepasado de la capacidad permitida y los clientes “se encontraban bailando con música fuerte y luces tipo boliche, sin distanciamiento ni mucho menos barbijos”.
La Unidad Fiscal de Decisión Temprana fue informada de la situación y ordenó la suspensión del evento, el desalojo de 150 personas que estaban en el local y que se notificara del inicio de actuaciones al propietario. Además se secuestraron los equipos de luz y de sonido que se estaban utilizando.
La Unidad Regional Norte (URN) fue informada cerca de las 18 del sábado sobre un evento de gran concurrencia en una de las canchas de fútbol del Jockey Club. Según informó esa división, se hizo un procedimiento en el cual se constató que había una gran cantidad de vehículos y de personas (no se precisó un número exacto) en el predio.
El organizador del evento indicó que tenía autorización para realizar el evento pero no pudo demostrar con documentación sus dichos. La Justicia ordenó el secuestro de los vehículos y de tres parlantes.
Más tarde la Regional Norte debió intervenir nuevamente por otro evento. En compañía de efectivos de la comisaría de Cebil Redondo, se presentaron en el Aeroclub, donde según informaron, se desarrollaba una fiesta clandestina. Los uniformados señalaron que pasadas las 21 encontraron el lugar cerrado y con las luces apagadas, y que desalojaron a alrededor de 100 personas. El encargado de la cantina del club explicó que tenía reservado el predio para un cumpleaños de 70 invitados, con mesas al aire libre y distanciamiento, pero que en determinado momento de la tarde-noche comenzaron a llegar personas que no estaban invitadas, que treparon el alambrado metálico. Detalló que a las 20.30 cortó la luz y la música y les solicitó a todos que se retiraran, pero no lo hicieron y se quedaron en los alrededores del bar. La Justicia sólo ordenó el desalojo para este caso.
A las 23.15, otro operativo dio por finalizado una presunta fiesta (así se denunció) en un bar con mesas al aire libre de Marcial Imbaud y Alberto Sabin. Desalojaron a 30 personas y no se ordenó otra medida judicial.
Por último, en Lastenia, la Regional Este (URE) desalojó a entre 250 y 300 invitados de una casa ubicada en calle Nicolás Frasconá, entre Sarmiento y Rosas. Dos anfitriones del evento fueron demorados por las autoridades, que secuestraron además, por pedido de la Justicia, equipos de música, de iluminación y fardos y cajones de bebidas.
Los recursos utilizados: aproximadamente 2.040 policías quedan afectados a los controles de reuniones clandestinas
El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, explicó que debido a la cantidad de fiestas clandestinas que se vienen registrando, el 20% del personal policial se ve afectado en hacer cumplir el decreto presidencial que prohibe reuniones masivas por el contexto de pandemia. Es decir que de los aproximadamente 10.200 policías con los que cuenta la provincia, serían 2040 los que quedan afectados a los operativos de control. “A ese número de hombres debemos sumarle el desplazamiento de móviles y de grupos especiales, porque nadie puede saber con qué se encontrarán en cada una de esas reuniones ilegales”, destacó el funcionario. Luego agregó: “además de que se utiliza mucho personal, se pierden al menos dos horas en cada procedimiento. Todo ello porque hay que hacer las actuaciones correspondientes, desalojar a la gente, esperar que la Fiscalía tome una decisión de lo que hará y trasladar los secuestros”.
