La "puerta giratoria": las dos caras del sistema penal
En septiembre de 2020 se implementó, tras muchas idas y vueltas, el ansiado nuevo Código Procesal Penal (CPP) en los centros Capital y Monteros. Así, este sistema se extendía a todas las jurisdicciones de la provincia para atender las causas por hechos delictivos, teniendo en cuenta que desde 2019 el Centro Judicial Concepción funcionaba como prueba piloto.
El CCP significó un cambio en los tribunales, en medio de un creciente reclamo de sectores de la sociedad en contra de la inseguridad y de la “puerta giratoria”, lo que daba forma a la percepción de “injusticia”. El flamante esquema dejó atrás el viejo régimen, marcado por la demora, las estrategias procesales y las deficiencias de la investigación preparatoria, según reconocieron distintos actores vinculados al sistema judicial en un informe de “Panorama Tucumano”, el programa periodístico de LG Play.
“Lo que uno interpreta de la demanda de la ‘puerta giratoria’ es que la gente cree que los acusados de un delito siempre entran por una puerta y salen por la otra, y que hay una gran impunidad. Esto puede ser parcialmente cierto, porque hay casos en los que no se puede demostrar responsabilidades; ello significa que las personas pueden ser puestas en libertad”, consideró Carlos Caramuti, juez integrante del Tribunal de Impugnación. El magistrado explicó que ese reclamo por la “impunidad, muchas veces fundado, se debió a la demora del proceso hasta alcanzar el juicio oral”. “Esto se ha ido superando con el nuevo sistema adversarial, la última reforma penal, y los tiempos se han ido superando”, señaló.
En esa línea, Pedro Gallo, fiscal de Robos y Hurtos II, resaltó que hoy “se llega a juicio en poco tiempo”. Señaló como dato positivo la especialización de las unidades fiscales y en las investigaciones.
Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial (PJ), entre febrero y junio de este año se dictaron 919 sentencias, con 893 condenas y 26 absoluciones. En la Justicia, resaltaron que esa cifra “superó en más de 100 causas al total acumulado de resoluciones en el mismo período de 2018, 2019 y 2020”.
Sin embargo, en el informe también se advirtió algunos desequilibrios, como la falta de jueces, fiscales y defensores oficiales para atender las causas, la cantidad de casos inconclusos del régimen anterior e, inclusive, un posible colapso por la aceleración.
Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en febrero de 2006, planteó que “hay una necesidad de generar estadísticas para decir que hemos hechos tanta cantidad de juicio en poco tiempo, y se hace como un abuso de los juicios abreviados y de las ‘probation’ en causas graves, como abuso sexual”.
Por su parte, el abogado defensor, Manuel Pedernera, apuntó: “la Justicia no tiene que dar respuestas a la sociedad, sino el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y la tarea de prevención con lo mucho o poco policías que tiene”. “La prevención es mucho más importante que la penalización del delito”, enfatizó.
Las Miradas:
Los dos regímenes penales
Milagros Avellaneda y Benicio Coronel fueron vistos por última vez en octubre de 2016. La joven, entonces de 26 años, y su hijo, de dos años, salieron de su casa en el pasaje Reyes Peñaloza al 600, en el barrio Lola Mora de la capital, a las 20.30. Hasta hoy se desconoce el paradero de ambos y además se espera la realización del juicio oral, tras casi cinco años de proceso. Amalia Ojeda, madre de Milagros y abuela del niño, reclamó la realización de las audiencias, tras postergación a inicio de este año. Este ha sido uno de los casos que no fueron absorbidos por el nuevo Código Procesal Penal en la capital. “La Justicia es lenta; no se puede esperar un juicio 20 o cinco años”, exclamó la mujer, quien también recordó la “lucha” de Roberto Agüero -murió días atrás tras reclamar durante 20 años el esclarecimiento del crimen del hijo-.
CARLOS CARAMUTI. JUEZ DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN.
Gerónimo Vargas Aignasse, legislador oficialista, destacó justamente que el nuevo Código Procesal posibilitó agilizar las causas y elevar la cantidad sentencias. “Vamos avanzando para terminar con la ‘puerta giratoria’”, dijo. Aunque advirtió que “la mayoría de los casos que están en el régimen conclusional (casos que ingresaron antes de la aplicación del nuevo Código) prescribirá”.
En esa línea, Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II de la capital, resaltó que hoy “se llega a juicio en poco tiempo” y se han obtenido más de 500 condenas entre todas las fiscalías especializadas, desde septiembre de 2020.
“El nudo de la cuestión”
Un mal procedimiento, es decir, la deficiencia en la investigación y de la producción de pruebas, ha permitido “artilugios”, según la jerga judicial, de los imputados para “hacer caer el proceso penal”, lo que ha reforzado el reclamo en contra de la “puerta giratoria”. El abogado defensor, Manuel Pedernera, dijo que la investigación policial ha sido “el nudo de la cuestión”. “Una causa bien trabajada conlleva a una condena segura, si hay pruebas. Ningún abogado la da vuelta”.
JOSÉ ARDILES. Subsecretario de Seguridad de la provincia.
José Ardiles, subsecretario de Seguridad, defendió el trabajo del policía. “Hace prevención, está en la calle, detiene a una persona que anda en una moto robada o tiene arma de fuego. La Justicia, a veces, dispone el secuestro, pero no la aprehensión de esas personas. Lo dejamos en libertad y, si son delincuentes, dos horas después se hacen de otro rodado”, remarcó.
“La Policía no detiene; los jueces deciden quién pierde la libertad y el tiempo”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse.
El juez Carlos Caramuti, del Tribunal de Impugnación, aclaró que corresponde a los fiscales probar la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados. “Los jueces deben resolver con base en las pruebas que se presentan”, enfatizó. “No siempre se consigue esa certeza. Y cuando no ocurre, los jueces tienen que absolver”, añadió. A la vez, priorizó la prevención del delito y expresó que “hacen falta más fiscales, más jueces y más defensores” para “responder a todas las causas”.
GERÓNIMO VARGAS AIGNASSE. Legislador oficialista.
Las preventivas y el colapso
“Hay un porcentaje alto de aceptación de los requerimientos formulados en las audiencias, por ejemplo, por prisión preventiva. Luego, cada juez tiene su criterio y forma de trabajo”, dijo Pedro Gallo, fiscal de Robos y Hurtos II. Pero consideró que “los plazos de las preventivas deberían ser más extensos” respecto de los actuales.
PEDRO GALLO. Titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II.
El juez Carlos Caramuti, del Tribunal de Impugnación, resaltó que, “al haber mayor rapidez (en los procesos) y en las investigaciones, a partir del nuevo Código Procesal Penal, con muchos pedidos de prisión preventiva, se puede producir un colapso en el sistema judicial”. Así, insistió en que se debe incrementar el número de jueces, fiscales y defensores para resolver las causas con “calidad” y no para “una mera producción de números o una cuestión de estadística, como si fuera una fábrica de salchichas o de tornillos”. “Supone una decisión de calidad, teniendo en cuenta la gravedad que significa para la persona que vaya o no presa, que sea o no condenada, o eventualmente resulte absuelta y tener que dar las explicaciones a las víctimas que reclaman ‘justicia’”, dijo.
El abogado Manuel Pedernera reclamó que el proceso penal debe durar dos años, según normas nacionales e internacionales. “Tengo personas con prisión preventiva hace cuatro años en la cárcel y en comisarías”. Dijo que la falta de resolución dentro un proceso penal “no” beneficia al imputado ni a la víctima. “Las pruebas condenan, no los caprichos ni la presión social”, enfatizó.
MANUEL PEDERNERA. Abogado defensor y ex juez.
¿Cuál es la solución?
Los distintos actores del fuero penal reconocieron que una muestra del déficit del sistema es la diferencia entre las causas que ingresan y las que llegan a condenas, pese al incremento significativo de las sentencias del nuevo Código Procesal Penal.
“Pero nadie escapa de la Justicia; tarde o temprano, la sentencia llega”, dijo el abogado Manuel Pedernera. El defensor hizo hincapié, en esa línea, que “es imposible que se resuelvan 40.000 causas con “nueve jueces conclusionales de Cámara”. “¿Cómo hacemos? ¿En qué tiempo?”, insistió. Aquí, el letrado se refirió a los procesos previos a la implementación del nuevo régimen, que se deben resolver en los próximos años.
Como alternativas de solución, el juez de Impugnación, Carlos Caramuti, concluyó que “una urgencia es que se cubran con celeridad las vacantes de jueces y de representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF)”. Asimismo, planteó que se debe hacer “un análisis serio de la cantidad de jueces, fiscales y defensores que se requiere, en función de la población, con el fin de satisfacer la demanda conforme al actual grado de conflictividad”.
ALBERTO LEBBOS. Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en 2006, rechazó la idea de “endurecer las leyes y las penas”. “Aunque se hagan millones y millones de normas y reformas, si no hay voluntad política de hacer lo que corresponde, todo será en vano”. Criticó a los poderes del Estado “porque se echan la culpa unos a otros”.
