Por Marcelo Aguaysol
22 Julio 2021
ARCHIVO LA GACETA
La pandemia ha causado un profundo quiebre en el nivel de ingresos. El año pasado, al menos dos millones de argentinos dejaron de pertenecer a la clase media por los efectos de la prolongada cuarentena en los ingresos familiares, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial.
Tomando en cuenta la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y considerando “clase media” a las personas que tuvieron ingresos diarios de U$S 13 a U$S 70, el organismo internacional llegó a a conclusión de que 1,7 millón de personas dejaron ese estrato social dentro de los 32 conglomerados urbanos del país.
La cifra de rezagados en la pirámide social es ascendente si se toma en cuenta, además, a la población rural que no ingresa a la órbita de las estadísticas oficiales.
Hasta 2019, el 51% de la población argentina estaba dentro de la clase media, pero al año siguiente, con una caída del PBI del 9,9%, ese porcentaje tuvo una baja de entre 3,3 y 9,7 puntos porcentuales, si se consideran o no los efectos de las medidas de mitigación de la crisis.
En Tucumán, la situación de reducción de ingresos se evidenció también en las estadísticas. Tomando en cuenta la escala de ingresos mensuales familiares, puede observarse que, para ser considerada de clase media, un grupo familiar que reside en el Gran Tucumán-Tafí Viejo tiene que ubicarse en el noveno de los 10 deciles de la escala, con un ingreso medio de $ 86.086.
La elevada inflación sigue siendo el principal obstáculo que atenta contra el poder adquisitivo. Los sectores de menos ingresos no resisten una variación anual cercana al 50% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que golpea con más fuerza en los alimentos. Con datos al cuarto trimestre de 2020, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) ha llegado a la conclusión de que 4,5 millones de personas (el 10,6% de la población) no llegaba a adquirir los productos que se incluyen en la canasta básica alimentaria.
Se trata de hogares numerosos (en promedio, 4,3 miembros versus 3 en hogares no indigentes), en los que pocas personas trabajan (el 40% de los miembros, contra el 65% en hogares no indigentes) y los que lo hacen, obtienen ingresos muy bajos en la informalidad, puntualiza Patricio Canalis, economista de Idesa.
De acuerdo con su evaluación, la mayoría de los jefes tiene un nivel educativo bajo. Se concentra geográficamente en el Conurbano bonaerense (cuenta por el 62% de las personas).
Esta frágil situación socioeconómica afecta más a las personas de menor edad (a pesar de la Asignación Universal por Hijo), al igual que en edades adultas. En la tercera edad, la cobertura previsional posibilita que casi la totalidad pueda llegar a la canasta alimentaria. Según la entidad, a lo largo de la pandemia se agregaron 860.000 indigentes a los 3,7 millones que ya había a fines de 2019 (cuarto trimestre).
Esto ocurrió a la par de un gran refuerzo en las ayudas sociales, como adicionales en la AUH y tarjetas alimentarias y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
¿Por qué siguió aumentando la indigencia? Canalis observa la situación de los hogares indigentes:
- En la prepandemia (al cuarto trimestre de 2019), el 65% recibía ayuda social y el 48% tenía ingresos vinculados al trabajo.
- En la parte más estricta del confinamiento (al segundo trimestre de 2020), cayeron tanto la proporción de hogares que recibían ayudas como la proporción de hogares que trabajaban. Esto significa que parte de los nuevos indigentes fueron personas las cuales además de perder su empleo, ni siquiera recibieron ayuda del Estado. Aquí es cuando se dio el pico en la indigencia.
- A medida que se normalizó la actividad, aumentó el porcentaje de hogares que recibieron ayuda del Estado, pero en un nivel inferior a la pre-pandemia. Los hogares con ingresos laborales crecieron, pero fueron ingresos vinculados a actividades poco rentables, de pocas horas y magros ingresos.
Frente a ese panorama, el economista concluye que, por más que aumente la ayuda social, persistirá la indigencia. "De todas formas, la ayuda social es un paliativo necesario. Para que llegue a todos los indigentes, es necesario mejorar sustancialmente la gestión de la asistencia social.
El Estado nacional puede financiar la ayuda a los indigentes, pero no es bueno que la quiera gestionar porque está lejos de la gente. Es por esto que termina generando vínculos espurios con organizaciones sociales que distribuyen las asistencias. Tal como hacen otros países de la región, la identificación de los indigentes la hacen los municipios con asistentes sociales", remarca.
Para llegar a una solución de fondo, considera el especialista, es necesario estimular la creación de empleos productivos, para lo cual también se necesita un mejor nivel educativo en la población.
En este sentido, el estado nacional debe enfocarse en garantizar una macroeconomía estable e instituciones impositivas y laborales que no desalienten el empleo y evitar entrometerse en funciones que no le corresponden, como es la ayuda social. Son las provincias y municipios las responsables por atender a la gente en situación de pobreza.
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