Por Gustavo Rodríguez
22 Julio 2021
USURPACIÓN. Más de 100 familias ingresaron al predio donde se encontró el cuerpo de Ana María Romero.
Manuel “Petaca” Sena (39), el acusado del femicidio de Ana María Romero (42) sufrió un duro revés en su estrategia defensiva, puesto que se reveló que había sido registrado por una cámara de seguridad el día en el que se había cometido el crimen.
El viernes, el cuerpo de la víctima fue encontrado en un basural en las afueras de Concepción. Por la autopsia se descubrió que la mujer había sido golpeada en la cabeza y que la habían matado estrangulándola.
El fiscal Héctor Fabián Assad dijo que “Petaca” mantenía una relación con Romero y que por razones que no fueron esclarecidas aún, la mató. En la hipótesis del caso también señaló que el femicidio fue cometido el miércoles al mediodía. Basó su teoría en los dichos de una mujer que vio esa jornada al mediodía a ambos caminando. También dijo que minutos después se lo cruzó y se dio cuenta de que tenía manchada la remera con sangre.
En la audiencia de formulación de cargos, el acusado aseguró ser inocente. Dijo que no la había visto nunca a la víctima, por lo que era imposible que hayan mantenido una relación.
“Es imposible que haya hecho algo así. El domingo estuve en Río Seco donde fui a buscar trabajo en la escuela de esa localidad. Como me dijeron que debía esperar, decidí quedarme en la casa de un amigo. Estuve ahí hasta el jueves”, explicó el hombre, al que la jueza Norma Cecilia Tasquer le dictó la prisión preventiva por cuatro meses.
Sin embargo, el fiscal recibió ayer un informe clave. La cámara de seguridad de una empresa privada lo registró caminando después del mediodía. Los analistas habrían detectado que en la remera que tenía puesta aparecían manchas que podían ser de sangre. Esa prueba confirma la versión que dio la testigo clave, versión que fue desmentida por el acusado. “Nunca me crucé con ninguna mujer, explicó en el debate “Petaca”.
Usurpación
Como ya ocurrió después de los crímenes Benjamín Amaya (Las Talitas) y Abigail Riquel (al noroeste de la capital), los vecinos de los niños que fueron asesinados en terrenos abandonados, unas 100 familias se instalaron en el predio donde fue encontrado el cuerpo de Romero.
“Lo único que pretendemos es poder utilizar este lugar para instalar nuestras viviendas y evitar que ocurran más homicidios como el de esa pobre mujer”, explicó Luciana Garzón, que actuó como vocera del grupo.
La mujer dijo que el terreno, que tendría una hectárea de extensión, desde hace años está abandonado. “Nunca lo desmontan, permanentemente le tiran basura, escombros y animales muertos. Ahora vinimos, lo limpiamos con la idea de que aquí se puedan instalar familias que se encargarán de controlar que no pase más lo mismo”, explicó.
La mujer consideró que no estaban cometiendo ningún delito. “Estas tierras están abandonadas desde hace años. Ahora que vinimos aparecieron dos supuestos dueños pidiéndonos que lo dejáramos. ¿Por qué no aparecieron antes?”, dijo Garzón. “No queremos que nos regalen nada, pero sí que se arrime un referente de la comunidad para que acerquemos posiciones. Estamos dispuestos a pagar por cada parcela, pero precios acordes a su valor”, concluyó.
Hugo, otro de los usurpadores, le explicó a LA GACETA que en el sur la necesidad habitacional es cada vez más grande. “Familias enteras están viviendo de prestado o en casas de sus parientes porque no tienen dónde armar sus casitas. Entonces, ante la existencia de este terreno que sólo sirve para que se cometan delitos, creemos que estamos aportando una solución”, comentó.
Intervención judicial
El fiscal Assad explicó que ya intervino en el caso. Ordenó que la Policía haga un relevamiento del lugar y que se identifique a todos los ocupantes.
Trascendió que el representante legal del dueño del terreno se presentó ante la Justicia para averiguar cuáles son los trámites que debe realizar para lograr la restitución del inmueble. Ahora deberá presentar un escrito argumentando por qué el caso debe ser considerado cuestión de feria o bien esperar hasta el lunes.
Mientras se resuelve la cuestión judicial, un importante número de policías se encargan de custodiar el predio.
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