“Le pido a Dios que me dé la fortaleza para llegar a saber qué pasó con mi hija. Estoy preparada para lo que sea: encontrarla viva o muerta”, dijo Amalia Ojeda (de 60 años). La mujer elevó su ruego para recibir una respuesta en vida; no quiere ser un número más de los casos de impunidad en Tucumán. Recordó las desgracias que padeció Roberto Agüero, quien murió días atrás tras reclamar durante 20 años “justicia” por el crimen de su hijo, Edgardo.
“La Justicia es lenta porque no se puede esperar un juicio 20 o cinco años. Exigimos a la Justicia que se haga este juicio”, reclamó Ojeda, madre de Milagros Avellaneda y abuela de Benicio Coronel, desaparecidos en octubre de 2016.
Este caso está fuera de las estadísticas que se comunican continuamente en el marco de la implementación desde septiembre del nuevo Código Procesal Penal en el Centro Judicial Capital (CJC). Sí se encuadró en el régimen conclusional, es decir, los procesos penales que aún no han sido resueltos. La Justicia debe tratar alrededor de 40.000 expedientes en tres años.
“El régimen conclusional es lo que ha quedado del sistema anterior, aunque ni siquiera la Justicia sabe la cantidad de causas que hay; si son 60.000, 80.000 o 100.000 causas. Una cosa aberrante, un agujero negro de la impunidad. La mayoría va a ir a prescripción”, enfatizó el legislador manzurista Gerónimo Vargas Aignasse. “Esto es una muestra palmaria, contundente e indiscutible de una Justicia penal perezosa e indolente”, añadió.
Por su parte, el abogado y ex magistrado Manuel Pedernera explicó que la Justicia no es ineficaz, sino que son tantas las causas que ingresan que es imposible darles curso: “hay 40.000 causas para nueve jueces conclusionales de Cámara. ¿Cómo hacemos? ¿En qué tiempo?”, enfatizó.
Hay 40.000 causas para nueve jueces conclusionales de Cámara. ¿Cómo hacemos? ¿En qué tiempo? Es imposible que se resuelva en este tiempo.
LA GACETA consultó a distintos referentes vinculados al sistema judicial que expusieron sus miradas sobre los desafíos y las asignaturas pendientes. En ese contexto, los operadores judiciales, jueces, fiscales y abogados, como también políticos, resaltaron los resultados del nuevo Código. El Colegio de Jueces de Capital ha concretado más de 3.500 audiencias desde septiembre y se resolvió el 30% de los legajos o procesos iniciados.
“Dentro de la sensación de impunidad, que vemos que existe y a veces es fundada, se considera que los procesos penales se demoran hasta que se llega al juicio oral. Esto se ha ido superando con el nuevo sistema adversarial de la última reforma procesal penal; los tiempos se han ido acelerando”, consideró Carlos Caramuti, juez del Tribunal de Impugnación y académico. En esa línea se expresó Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II: “hoy estamos llegando a juicio en pocos meses y logrando muchísimas condenas. Entre las unidades fiscales del Centro Capital hemos logrado más de 500 condenas desde septiembre”.
