El Legislador Raúl Albarracín, presidente del Bloque PJS (Partido por la Justicia Social), presentó un pedido de informe al Ministerio de Seguridad. El planteo lo hizo a través de la comisión de Seguridad de la Legislatura de Tucumán "acerca de la gravísima situación de colapso respecto al alojamiento de detenidos en dependencias policiales de la provincia, los numerosos casos de fugas y motines generados hasta la fecha".
El parlamentario de la oposición habló de al menos 20 fugados en diferentes hechos ocurridos en diferentes comisarías. "Muchos de ellos son delincuentes con frondosos prontuarios y peligrosos para la comunidad, incluso algunos acusados o condenados por homicidios", advirtió Albarracín. Además recordó los violentos motines sucedidos en la comisaría de Yerba Buena hace un mes, y en la 10º hace una semana.
Hacinados
Por estas razones, el Legislador solicitó una explicación acerca de "por qué no se ha dado cumplimiento a los plazos establecidos por la Acordada de la Corte Suprema en el año 2015. En aquella resolución se solicita dar cumplimiento a la habilitación de instalaciones adecuadas en el predio de Institutos Penales de Villa Urquiza para el alojamiento de detenidos. "Hasta la fecha -dijo Albarracín-, los presos están hacinados y en condiciones violatorias de derechos y normas constitucionales en comisarías y otras dependencias policiales, visto que los plazos establecidos y acordados se encuentran vencidos, incluso habiendo pasado ya seis años".
El parlamentario insistió en una Ley de Emergencia en Seguridad. "Todo esto acontece en el marco de una fracasada emergencia carcelaria vigente desde 2016, que solo se transformó a la vista de los resultados, en un compendio de promesas de construcción de nuevos institutos penales y mejoramiento masivo de la estructura de encarcelamiento en general", afirmó.