Por Gustavo Rodríguez
08 Julio 2021
PROCEDIMIENTO. Rastrillaje en el asentamiento San Ramón, donde se cree que quemaron y enteraron parte de los restos de la pequeña Rocío. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
La tragedia de Rocío Rojas comenzó a mucho antes de lo que se pensaba. Fue, paradójicamente, el 8 de marzo, el día internacional de la Mujer. Desde esa fecha, la pequeña quedó en manos de los acusados de haberle arrebatado la vida. El 5 de abril, en la comisaría de Lules, su madrina comunicaba oficialmente que ella se había hecho cargo de dos menores de edad porque eran golpeados y estaban desnutridos porque no los alimentaban.
Amalia Carolina Graneros (39) contó cuál era el calvario que vivían la niña y su hermanito. “Si ellos vuelven a caer en manos de su madre corren serios riesgos porque es capaz de hacerles gravísimos daños”, dijo la mujer.
Graneros fue más allá todavía. “Esa mujer es una persona muy agresiva con sus hijos. Constantemente los maltrata física y verbalmente”, denunció.
También la vinculó con la comercialización de drogas. “Ella está todo el tiempo vendiendo drogas en la calle”, explicó primero. Después aportó más detalles: “utiliza a sus hijos como mula para llevarle droga a su pareja que está detenido en la Brigada de Investigaciones, donde se encuentra desde hace más de un año por haber abusado de las dos hijas más grandes de la mujer”.
La madrina también pidió que se dejara anotado un hecho de violencia que ella había sido testigo. “Ella tomó de los pelos a Rocío y le aplicó piñas en el oído. Después, rompió una botella de vidrio con el que amenazó con lastimar a los dos chicos y a los que estábamos ahí”, destacó. Dijo además que llamó al servicio 911, que intervino en el hecho, pero hasta ahora no pudo comprobarse. También informó que llamó a la Línea 102, teléfono en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), que le tomaron los datos y que le habían anunciado que una trabajadora social del organismo la visitaría.
De allí se fue a su casa, para supuestamente, cuidar a los chicos. Pero en realidad, nunca les dijo a los efectivos que ella había entregado al hermanito al cuidado de una de sus hijas. Después les mentiría a los vecinos que la Justicia le había dado la guarda legal a ella y que había una prohibición de acercamiento en su contra.
Antes de que se cumplieran tres meses de haber realizado esa denuncia, Graneros, su pareja Hernán Caro y su yerno Mauro Véliz quedaron imputados por el crimen de la pequeña. Según la teoría del fiscal Ignacio López Bustos, asesinaron a la niña, la quemaron y arrojaron sus restos en distintos lugares para que no quedaran evidencias de que había sido víctima de maltrato y de un posible abuso sexual.
Reacciones
“Todo lo que expuso esa mujer son mentiras. Fíjese que hizo la denuncia el día que a la madre le dieron el alta del hospital donde se encontraba internada. Fue para cubrirse porque sabía que ella la estaba buscando”, argumentó Humberto Castaldo, que actúa como querellante en la causa. “Ella nunca vendió drogas ni fue una adicta. Todos los datos que aportó son totalmente falsos”, indicó el profesional.
El fiscal de Violencia de Género, Augusto Zapata, el primero que intervino en la caso, ordenó que se notifique a la Defensoría de la Niñez y le comunicó a la Dinayf que necesitaba de manera urgente un informe sobre la real situación de la niña y de su hermanito: les dio un plazo de cinco días, pero al trabajo lo terminó recibiendo el 2 de julio, el día que se confirmaba que Rocío había sido víctima de un crimen. (Ver “Un contradictorio informe”). También le dio intervención a un Juzgado de Familia, el cual, según explicó la jueza Claudia López, recibió el expediente en su despacho el 28 de junio, a pesar de que ingresó el 16 de ese mes.
También comenzó a gestionar un turno en la cámara Gesell, que nunca llegó a hacerse para que la pequeña confirmara si realmente había sido víctima de maltrato por parte de su madre.
La pista narco
Después de que la causa fuera derivada a Zapata, los funcionarios de la Unidad de Decisión Temprana enviaron una copia del expediente al fiscal federal Pablo Camuña para que investigara la posible línea narco en el caso. Las fuerzas federales sospechan que en el asentamiento de La Chabela puede haber venta de sustancias, pero los sospechosos de haber cometido el crimen no estarían involucrados
“Es imposible esa versión. La madre de Rocío nunca fue procesada y menos condenada por una causa vinculada a drogas. Tampoco tenía problemas de adicción”, insistió Castaldo.
“Oficialmente no hay ningún indicio que la muerte de la niña tenga que ver con una cuestión de drogas. Pero la investigación está en pleno desarrollo y pueden surgir algunos elementos”, explicó López Bustos.
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