Por Santiago Re y Gustavo Rodríguez 06 Julio 2021
RASTRILLAJE. Doscientos policías buscaron a la niña por todo Lules.
Pasan las horas y la situación de los funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) se complica en el caso del crimen de Rocío Rojas. Ayer se confirmó que el viernes, a las 19, cuando ya se sabía que la niña había sido asesinada, el organismo presentó, con casi dos meses de retraso el informe que le había pedido un fiscal. Y no es todo: el trabajo de los profesionales eran favorables para la mujer que fue detenida por el hecho.
A principios de abril, Amalia Carolina Graneros denunció a la madre de la pequeña por maltrato infantil. La causa cayó en manos del fiscal de Violencia de Género Augusto Zapata. Tal como indican las normas, el funcionario realizó tres medidas: solicitar un pedido de informes a la Dinayf, dar aviso a una Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia que por turno correspondiera. Ayer también se confirmó que no hubo ningún pedido de restricción de persona en contra de la progenitora de Rocío. Zapata continuó investigando la causa penal. Habría tomado testimonios y habría solicitado un turno para que la víctima declarara ante cámara gesell.
Rocío terminó en manos de su madrina Graneros.
El 1 de julio, según la investigación que realizó el fiscal Ignacio López Bustos, la niña fue asesinada, su cuerpo quemado en dos lugares distintos y sus restos esparcidos en diferentes lugares. Varios vecinos del asentamiento La Chabela, de Lules, testificaron que la pequeña sufría maltrato por parte de los integrantes de la familia. Por el hecho fueron detenidos Graneros, su pareja Hernán Caro y su yerno Mauro Véliz. Los pesquisas creen que podrían haber matado y desmembrado a la pequeña para que no quedaran pruebas de los castigos físicos y los posibles abusos que habría sufrido.
Algunas respuestas
Estos son algunas de las respuestas de los interrogantes de este caso:
1- ¿Cómo llegó la niña a manos de la familia que está acusada de haberla matado?
- Es una cuestión que por el momento no tiene explicación. La jueza de Familia Claudia López, en una entrevista exclusiva con LA GACETA dijo que no había ninguna autorización para que esa familia estuviera a cargo de la pequeña. También explicó que el caso se abrió en abril en la fiscalía de Zapata, pero que a su despacho el expediente llegó el 30 de junio, pese a que en mesa de entradas se dijo que había ingresado dos semanas antes.
2- ¿Por qué se demoró tanto?
- Zapata siguió los caminos que indican las normas y se los pasó al fuero Civil para que interviniera en el asunto. “No tengo en mi poder todo el expediente penal. Sólo lo que se consideró pertinente enviar al fuero de Familia. Hay una denuncia del 5 de abril. La madrina va a la Policía y denuncia un hecho. El fiscal empieza una investigación para determinar si es que había un maltrato de parte de la madre hacía la niña”, explicó la jueza López. La magistrada, que ya había adelantado que no había una orden judicial para que Graneros se quedara con la niña, y confirmó que ella tampoco ordenó una restricción de personas. “En algún momento de la causa, el fiscal advierte que esta nena estaba viviendo con su madrina, por eso me dan intervención a mí, pero recién en junio. Y al expediente, por un error en mesa de entrada, lo recibo recién el 30 de ese mes, cuando ordené algunas medidas”, señaló.
3- ¿Qué hizo el fiscal Zapata con este caso?
- La jueza aclaró que el fiscal sólo investigó el maltrato, pero que tampoco hizo entrega de las criaturas a la madrina. “Esto fue una situación de cuidado de hecho”, indicó. “Lo que sí hizo el fiscal fue ordenarle a la Dinayf que controlara en qué condiciones estaban la niña y su hermanito. A eso lo sé porque cuando le pedí al mismo organismo un informe me dijeron que podían enviarme en ese momento el que ya le habrían enviado al fiscal Zapata”, indicó. “El fiscal estaba investigando el maltrato y ordenando medidas, pero en lo que refiere a Familia, la causa llegó a la mesa de entrada de este fuero el 16 de junio, sin perjuicio de que el fiscal pudiera haber ordenado el pase mucho antes”, comentó.
4- ¿Y qué pasó con esos informes?
- Fuentes judiciales confirmaron que el organismo recién cumplió la orden el viernes, día en el que se confirmó la muerte de la pequeña. LA GACETA pudo establecer que el informe presentado a Zapata indicaba que la niña estaba bien contenida, aseada y alimentada por las personas que estaban a su cuidado. Otro detalle: el documento está fechado el 28 de junio, es decir, dos días antes de que se produjera la muerte de la pequeña.
5- ¿Qué comentarios hicieron los funcionarios de la Dinayf?
- “Estábamos en etapa evaluativa. Estos son procesos en los que no se puede determinar de un día para el otro con qué tipo de persona se está tratando. Todo esto lleva un trabajo de informes que despliega nuestros organismo”, indicó la titular de la Dinayf, Mariana Cirelli. “Si podemos decir que la mamá de la niña tenía una prohibición de acercamiento dictada por el fuero penal porque la madrina la había denunciado por malos tratos hacia los niños y por venta de droga. Esas son las actuaciones que nos llegaron”, comentó. “Creo que la mamá era la que permitía que los chicos se queden en ese domicilio al cuidado de la madrina dada la aparente situación de adicción de la madre. De hecho los chicos estaban con la madrina, suponemos que la madre en algún momento los dejó ahí. No puedo entrar en más detalles ahora porque le corresponde a la Justicia esclarecer algunas circunstancias y no podemos entorpecer el proceso”, concluyó.
6- ¿Qué dijeron los especialistas sobre ese documento?
- Que no estaba bien realizado. Por ejemplo, cuestionaron que no se haya consignado en las condiciones en las que vivía la pequeña. El asentamiento de La Chabela carece de servicios esenciales como agua corriente y luz y no estaría dentro del documento que enviaron. La casa donde vivía la pequeña con otras ocho personas tampoco habría sido la que se necesita para asegurarle una mejor vida a una niña. Por último, en ningún lado se consigna por qué la pequeña estaba a cuidado de su madrina y en qué condiciones. “La mayoría de los informes se realizan por videoconferencia. Así es muy sencillo que una persona diga que come bien, que está en perfecto estado de salud y que está siendo bien tratada por sus tenedores”, explicó Dolores Remis, una de las abogadas que viene cuestionando la manera en que se abordan estos casos. Por otra parte, los fiscales consultados por LA GACETA, coincidieron en señalar que los informes del organismo tardan entre 45 y 60 días para responder. “Y lo hacen cuando los amenazamos con oficios”, explicó uno de los entrevistados.
7- ¿Hubo algún tipo de descargo de la Dinayf?
- Los funcionarios asistieron ayer a una reunión de la Comisión de Minoridad y Familia que se hizo por otro tema, la secretaria del área, Guadalupe Casas y la directora Cirelli se vieron obligadas a informar sobre el asunto. “En principio enumeraron todos los problemas que tienen, pero no contestaron nada sobre el caso en particular. Nos enteramos por ustedes que el viernes habían presentado la documentación que se le exigió. Es decir, recién se preocuparon cuando sabían que esto terminaba mal”, explicó el presidente de la comisión Ricardo Ascárate. “Se los dije a ellas y se lo digo al ministro Gabriel Yedlin: ¿cuántos niños más tendrán que morir para que el organismo trabaje correctamente”, señaló el parlamentario que pidió por escrito que se le envíe un informe sobre las actuaciones realizadas.
8- ¿Se registró otro caso similar al de Rocío?
- Sí. El caso de Érika, la niña que fue entregada de manera irregular al cuidado de sus abuelos. La pequeña terminó muriendo por los castigos físicos que recibió. La ex fiscala Adriana Giannoni sumó indicios para sospechar que los funcionarios de la Dinayf no realizaron el control necesario para asegurarse que la pequeña estuviera bien cuidada, pese a que vecinos y allegados dijeron que era víctima de maltrato. Pidió que se investigara a los encargados del organismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No se sabe en qué estado se encuentra esa causa, que está en el régimen conclusional.
9- ¿Y qué está sucediendo con el caso de Rocío?
- El fiscal López Bustos ya anticipó que investigará a todos los organismos que debieron velar por la niña. Fuentes judiciales confirmaron que sigue sumando indicios para solicitar que se abra otro expediente. Él, por competencia, no puede abrir un expediente sobre esta cuestión, pero sí pedir que lo haga un colega.
10- ¿Es cierto que hubo otra fiscalía que pidió informes sobre la situación de Rocío?
- Sí. La fiscala María del Carmen Reuter fue la encargada de investigar los abusos sexuales que habría cometido el padre biológico de la niña en contra de sus hermanastras de 8 y 10 años. En medio de la pesquisa solicitó un informe de la Dinayf, dio aviso a una defensoría de menores y a un juzgado de Familia para que se realice un trabajo multidisciplinario. Nunca tuvo respuestas y tampoco la tendrá, ya que elevó la causa a juicio hace más de 14 meses. El debate se realizaría en las próximas semanas.
11- ¿Qué datos aportó la madre de la pequeña?
- La mujer dijo que ella fue despojada de sus hijos cuando se encontraba recuperándose de una operación. “Cuando le dieron el alta, se dio con la novedad que los chicos estaban con la mujer que había inventado una denuncia de maltrato. A partir de ese momento, ella comenzó a pelear para recuperarlos. Pero en estos meses nadie la escuchó. Ahora está lamentando la pérdida de uno de los chicos y esperando que le entreguen a su otro hijo, que también estaba con esa mujer, señaló Humberto Castaldo, representante legal de la mujer cuya identidad se mantiene en reserva por el caso de abuso de sus otras dos hijas.
12- ¿Es cierto que ella se comunicó con las autoridades judiciales?
- “Sí. Tiene en su poder mensajes que le enviaron de una defensoría oficial. Ellos sabían de este problema”, agregó Castaldo en una entrevista con LA GACETA. Los investigadores creen que Graneros, aprovechándose de que la madre de Rocío no sabía leer ni escribir, la engañó diciéndole que la Justicia le habían quitado la tenencia y le habría mentido que existía una prohibición de acercamiento en su contra para que no intente recuperarlos. “Todo es posible, por eso vamos a solicitar que se investigue el papel que tuvieron las personas que intervinieron”, indicó.
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