Por Gustavo Rodríguez
05 Julio 2021
Foto policía de Tucumán
Érica y Rocío murieron en un lapso de un año. Las dos fallecieron lejos de los brazos protectores de sus madres. Érica no la veía porque su progenitora estaba hundida en el infierno de la adicción y vivía en situación de calle. A Rocío la separaron de su mamá y cayó en manos de su madrina sin ninguna autorización legal.
Ambas niñas terminaron muriendo en manos de las personas que deberían haberlas cuidado. En los dos horrendos crímenes, el Estado estuvo ausente. Por mora judicial o por falta de control de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf).
La vida de Rocío comenzó a ventilarse en tribunales en 2019. En esa fecha, su padre fue denunciado por haber abusado sexualmente de sus hermanastras de ocho y 10 años. La fiscala María del Carmen Reuter, además de investigar el caso, solicitó un informe a la Dinayf para analizar cuál era la situación de las otras personas que convivieron con las víctimas y envió el expediente a un juzgado de Familia para que intervinieran. La respuesta, según fuentes judiciales, recién llegó el viernes, día en el que se confirmó que la niña había sido asesinada.
A fines de marzo, por la denuncia que realizó Amelia Carolina Graneros por maltrato, otro expediente se abrió en la fiscalía de Violencia de Género que conduce el fiscal Luis Zapata. El funcionario, de manera preventiva, consiguió que se le dictara una prohibición de acercamiento a favor de la niña, solicitó un informe urgente a la Dinayf y el 5 de abril remitió el expediente a un juzgado de Familia para que resolviera el grave conflicto. La respuesta no llegó a tiempo.
Según fuentes judiciales, el expediente ingresó al Juzgado VII, que se inhibió a actuar y remitió el caso al Juzgado VI, donde se encontraba radicado el primer hecho en el que aparecía vinculada la niña. Según confirmó la jueza interviniente Claudia López, la causa llegó a sus manos el 25 de junio, quien solicitó a la Dinayf que realizara un informe sobre el caso que terminó entregando el viernes, día en el que se desencadenó la tragedia.
“A mi defendida le quitaron sus hijos cuando ella estaba internada porque había sido operada. Cuando le dieron el alta, ella comenzó a pelear para recuperarlos. Sólo la defensora oficial de la III la escuchó y venía acompañándola”, indicó el representante de la querella Humberto Castaldo.
EN LULES. Una de las callejuelas del asentamiento La Chabela.
Si se confirma esta denuncia, la situación será mucho más grave, puesto que la jueza López confirmó que Graneros no tenía ninguna orden judicial para hacerse cargo de Rocío.
¿Qué hicieron los funcionarios de la Dinayf al respecto? No se sabe porque hasta el momento no quisieron hablar sobre el tema, argumentando que la situación ya se encontraba judicializada.
“La situación con la que nos encontramos es grave. Por eso decidimos iniciar una investigación paralela para revisar lo que hicieron los organismos de control”, explicó el fiscal Ignacio López Bustos, que lleva adelante la pesquisa del crimen. El funcionario ya envió un oficio para analizar el trabajo que realizaron los responsables de controlar la vida de la pequeña víctima.
La jueza López, en una entrevista publicada en la edición de hoy de LA GACETA, también dijo que la Dinayf no cuenta con los recursos humanos para hacerse cargo de todos los casos. Fuentes del organismo que depende del ministerio de Desarrollo Social, indicaron que son una veintena de personas las que deben hacer los controles en toda la provincia. Semanas atrás, según confirmaron fuentes judiciales, iniciaron los trámites ante el Ministerio Público Fiscal para que les entreguen los vehículos recuperados del delito para que puedan contar con más medios de movilidad.
Érica murió por un fuerte golpe en la cabeza que le habría propinado su abuelastra. El arma asesina, según los investigadores, podría haber sido un cajón de cerveza. Los vecinos y conocidos realizaron numerosas denuncias sobre el maltrato que recibía por parte de sus tenedores legales que prometieron cuidarla, pese a tener antecedentes de violencia doméstica.
“No sólo investigamos el hecho, sino que encontramos indicios para sospechar que hubo incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Se abrió otra causa para que se los persiga penalmente a los acusados. Pensábamos que así se harían mejor las cosas, pero la muerte de Rocío nos demuestra que estábamos equivocados”, señaló la ex fiscala Adriana Giannoni que instruyó la causa.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
