Rocío, o la infancia que sólo se asoma al espanto

Una consigna policial vigila la tapera del espanto, del asentamiento La Chabela de Lules, en el que vivían hacinadas ocho personas y donde falleció Rocío, de 4 años, quien apenas se asomaba a este mundo de dolor. Una consigna policial vigila el sitio vacío, para evitar que los vecinos indignados quemen la tapera del espanto, que recuerda las miserias humanas. La consigna policial vigila para hacer algo y tapar la impotencia que inunda a esta sociedad que no ha sido capaz de escuchar las lacerantes sirenas de alarma de esta niña, como las de tantos abandonados en el valle de las lágrimas. La consigna policial se fatiga de pie en la tapera, mientras en la zona de La Reducción unos 200 policías siguen en la búsqueda de los restos de la criatura, que -se presume- han sido esparcidos por cinco sitios diferentes.

En la audiencia del sábado a la tarde, donde fueron imputados por el homicidio la madrina de la niña, María Carolina Graneros, su pareja, Hernán Edgardo Caro, y su yerno, Mauro Leonel Véliz- el fiscal Ignacio López Bustos dijo que no se podrá saber cómo murió la criatura, ni los sufrimientos que tuvo en vida, debido a que los restos habrían sido quemados y esparcidos. No habrá autopsia. Los elementos recolectados a partir de denuncias de vecinos, de lo que se pudo encontrar en un predio ubicado a tres kilómetros del asentamiento y de los confusos elementos que llevaron a que la niña fuera separada de su madre y llevada con su madrina serán suficientes, probablemente, para saber lo sucedido. El fiscal, además, dijo que pedirá que se investigue la tarea del organismo estatal -la Dirección de Familia- que debió realizar un seguimiento de Rocío, que había sido separada de su madre en 2019, por presuntos malos tratos. También habrá que saber qué hizo la Justicia de Familia, que ordenó estas medidas y que debió supervisar lo que estaba sucediendo.

En la audiencia del sábado estaba presente la madre, asistida por un abogado. Ella sólo pidió que se haga justicia. Su abogado planteó las contradicciones del caso porque, dijo, ella, que fue separada de sus hijos, no es adicta. Poco se sabe de esta tragedia familiar. Se habla de que el padre de Rocío está detenido, acusado de abuso de sus hermanastros.

¿A dónde había ido a parar Rocío? Al infierno. Según López Bustos, los vecinos le contaron a la Policía que los responsables de su custodia la agredían; que la semana pasada, pese a las bajas temperaturas, la bañaron al aire libre y la dejaron por un buen tiempo fuera de la casa. También dijeron que la mantenían arrodillada durante horas cada vez que se orinaba encima.

Los padecimientos se van a ir develando a medida que avance la investigación.

En tanto, los organismos oficiales siguen en silencio. Esos mismos organismos estuvieron en el ojo escrutador público hace un año, tras la muerte de Érika, de tres años, por la cual han quedado detenidos su abuelastra y su abuelo, quienes también estaban a cargo una villa a orillas de la vía en Marco Avellaneda al 1.200 en la capital. La ex fiscala Adriana Giannoni dijo que llegaron a tener elementos “para demostrar que los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) podrían haber incumplido con sus deberes de funcionario público”. Esa demostración no se hizo y vuelve la misma oficina a quedar en evidencia. “No hay monitoreo ni seguimiento de la Dirección de Niñez ni del Poder Judicial. No hay defensor del niño”, reniega la abogada Roxana Contreras, quien fue candidata a Defensora del Niño y que cree que en Tucumán no sólo se mantienen las terribles condiciones que dieron lugar a la muerte de Érika hace un año -“no hay ninguna sistematización de datos de la infancia y de las juventudes en general”, dice- sino que parecemos involucionar porque incluso ahora “hay un proyecto de ley para hacer un registro de obstructores de vínculos familiares, que va a generar más violencia contra mujeres, madres y niños”.

¿Qué develará la muerte de Rocío sobre esta sociedad? Los niños abandonados pululan en las calles céntricas de las urbes tucumanas y en bares y semáforos. Víctimas de explotación infantil y de explotación laboral. O víctimas de un entorno miserable. ¿En qué ámbitos están? Hace seis días se analizó en Buenos Aires el drama del hacinamiento en los 4.400 barrios populares en el país -serían unos 230 alrededor de la capital tucumana-. “El hacinamiento es el problema central de la Argentina”, dijo el ministro nacional de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en el encuentro, en el que se habló de programas de 10 años para enfrentar este drama que lleva más de un siglo.

¿Cómo entra en este análisis el barrio La Chabela de Lules? Según los testimonios recogidos por los periodistas de LA GACETA, ese vecindario sin elementos mínimos se ha extendido como pudo en los últimos tres años, con crecimiento espacial pero en condiciones sociales críticas de hacinamiento y exclusión.

Allí vinieron a asomar apenas sus ojos Rocío y su hermanito. “No sepas lo que pasa / ni lo que ocurre”, les hubiera cantado el poeta Miguel Hernández, de haber tenido alguna esperanza de que pudiesen sobrevivir al calvario de un entorno infernal, en el que -intuimos- soportan la vida tantos otros niños para quienes no hay consignas policiales. Los que van a ser parte del futuro de esta sociedad que en muchos costados se está desmoronando.