Arroyo: “el hacinamiento es el problema central del país”

El ministro de Desarrollo Social (MDS) de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró que están dadas las condiciones para que la urbanización de los barrios populares se convierta en una política de Estado. Señaló que ya comenzaron con los primeros 400 barrios bajo un modelo federal que toma en cuenta las características de las siete regiones de la Argentina.

“La Asignación Universal por Hijo es hoy la única política de Estado en la Argentina. Están dadas las condiciones legales, organizativas, financieras, económicas y de acuerdo político para que la urbanización de los 4.416 barrios populares que existen en el país sea la segunda política de Estado. Es una tarea de 10 años”, expresó el funcionario.

Las declaraciones del ministro surgieron del evento “Inclusión social y urbana durante la pandemia”, cuarto encuentro en el marco de “Diálogos de protección social”, una iniciativa conjunta de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y el MDS para informar el debate sobre el sistema de protección social.

Arroyo dijo que el hacinamiento “es el problema central de la Argentina”, y resaltó que durante la pandemia aprendieron que urbanizar es también garantizar la conectividad. “Sin acceso a internet, no hay verdadera integración de los barrios populares”, dijo. Y agregó: “detrás de la urbanización de los barrios hay un imperativo ético: no es posible que en la Argentina tengamos cuatro millones de personas sin agua, sin acceso a servicios básicos, sin condiciones mínimas de vivienda. Es tiempo de combinar derechos y trabajo. El derecho al hábitat y a las condiciones dignas de vivienda, con la generación de fuentes de trabajo, de mano de obra intensiva que fomente el desarrollo local”, remarcó el ministro.

Caso de Tafí Viejo

Del encuentro también participaron Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana; Daniela Bravo, secretaria de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo de Tafí Viejo; y por Cippec, Sebastián Lew, director del programa de Ciudades, su par en Protección Social, Rafael Rofman, y la directora ejecutiva Gala Díaz Langou.

El panel se centró en la informalidad urbana como representación territorial de la pobreza y la desigualdad que existen en el país, y planteó la mejora de las condiciones socio-habitacionales de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad como una deuda pendiente desde hace más de un siglo, ahora subrayada por la emergencia de la covid-19.

Bravo explicó que “desburocratizar las políticas” con obras tempranas que dan respuesta a las necesidades urgentes resultó una estrategia sumamente efectiva. “Entramos a los barrios con una política integral: atendemos la emergencia alimentaria, ocupacional y habitacional. La mayoría de las cuadrillas de trabajo están conformadas por vecinas y vecinos”. En ese sentido, resaltó el programa municipal multisectorial de mejoramiento integral del hábitat social que Tafí Viejo lleva adelante desde 2018. “La manera de transformar las realidades de las familias no puede quedar en lo meramente asistencial, necesitamos avanzar en lo estructural. Por eso, en alianza con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán pusimos en marcha un programa de mejoramiento de viviendas, hábitat participativo e infraestructura urbana, reubicaciones a partir de un banco de tierras, y asistencia técnica específica para familias que pueden acceder a los materiales pero que necesitan apoyo de este otro tipo”, contó.

A modo de cierre, Rofman reflexionó: “las necesidades en los barrios populares son multidimensionales, por lo que la solución debe ser integral. Esto requiere de mucho esfuerzo en términos de financiamiento y trabajo interinstitucional, pero además la política debe ser participativa, con decisiones tomadas por los actores que forman parte de ella y los movimientos sociales que la representan”.