Inacción frente a la crisis carcelaria y la violencia

Parte de la dura realidad que golpea a los tucumanos tiene que ver con la falta de toma de decisiones de los tres poderes del Estado en algunos temas centrales. Esa inacción generó que la crisis carcelaria y el incremento de la violencia sean temas centrales en la agenda de urgencias de la provincia. En ambos casos hay un factor común: se discuten posibles soluciones desde hace casi seis años, pero nada se resolvió y, actualmente, la situación se tornó en incontrolable.

En agosto de 2015, cuando la población carcelaria era de 1.300 detenidos, dos fiscales presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de las comisarías que en esos momentos ya estaban colapsadas. La Corte Suprema de Justicia de la provincia falló ocho veces a favor de ese planteo, pero nada de ello sirvió. Actualmente hay 2.600 personas privadas de su libertad y se estima que hasta fin de año se sumarían otras 1.300 más. Seis proyectos se presentaron para realizar obras que podrían descomprimir –no solucionar- el problema, pero ninguno avanzó. Y lo más grave: todo lo que se pudiera hacer no llegará a tiempo. Y lo que nadie analiza es que cada vez son más los policías encargados de custodiar y trasladar reos en vez de cumplir con su verdadera misión: realizar tareas de prevención o en su defecto, perseguir el delito.

La provincia está muy cerca de recibir sanciones por violar permanente y sistemáticamente los numerosos tratados internacionales de derechos humanos a los que el Estado está adherido. Los funcionarios de los tres poderes, al asumir en su cargo, juraron para “observar y hacer observar la Constitución”, pero nadie lo recuerda. Dos defensores públicos presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos en el máximo tribunal de la provincia. Plantearon que la única solución a corto plazo es que, por las terribles condiciones de encierro, se les computen dos días por cada uno que se encuentren privados de su libertad. ¿Será la solución? Nadie lo sabe, pero al menos fueron los únicos funcionarios que reaccionaron y que obligaron al Poder Judicial a fijar la atención en el tema.

En 2014,se sancionó una ley para que la justicia ordinaria se hiciera cargo de la lucha contra el narcomenudeo. Han pasado siete años de esa iniciativa, cinco prórrogas y la norma nunca entró en vigencia. La razón esgrimida es que no había la estructura ni los recursos humanos necesarios para ponerla en marcha. Pero sí hubo tiempo necesario para que representantes de los tres poderes se sentaran en una mesa y para analizar esta ley u otra iniciativa superadora se pusiera en marcha, pero nada de eso ocurrió.

Hoy la violencia derivada del narcotráfico se percibe con hechos graves. En lo que va del año, 16 personas perdieron la vida en conflictos vinculados al tráfico o la comercialización de estupefacientes. Se registró un secuestro extorsivo y numerosos robos de drogas entre narcotraficantes. Las luces de alarma no dejan de encenderse a lo largo y a lo ancho de la provincia. Una jueza afirmó que la ola de inseguridad que se vive en el sur de la provincia está estrechamente vinculada al crecimiento del narcomenudeo. Indudablemente son temas que deben ser tratados de manera urgente por los tres poderes del Estado. Por más que resulte antipopular, urge solucionar el problema de la crisis carcelaria y del incremento de la violencia vinculada al narcotráfico.