Mariela Tacacho, la mamá de Paola, viajó a Tucumán y presentó ayer en persona dos notas en la Legislatura. Una dirigida al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y otra al legislador Raúl Ferrazzano (Justicialista de Todos), quien desde mayo preside la comisión de Juicio Político. En ambos escritos criticó las resoluciones tomadas por el comité legislativo el 24 de febrero, reclamó que se le garantice el derecho efectivo de acceder a la justicia por el crimen de su hija y solicitó que se reactiven las siete causas que “fueron clausuradas ilegalmente” contra el juez penal Juan Francisco Pisa.
En la presentación que ingresó por mesa de entradas de la Cámara, Tacacho expresó que se siente “brutalmente agraviada y vulnerada” en sus derechos por la Resolución N°528 “de contenido político, impregnado de ilegalidad manifiesta” que fue dictada por la comisión de Juicio Político el 24 de febrero, horas después de que el gobernador, Juan Manzur, aceptara la renuncia condicionada del magistrado.
“Lo que hizo el gobernador Manzur en febrero de este año es reprochable y moralmente repudiable, pero lamentablemente estaba facultado para hacerlo dentro de sus competencias. Lo de la Legislatura es mucho más grave: al reproche moral hay que agregarle oscurantismo e ilegalidad al no cumplir la Ley de Juicio Político (N°8.734). La ley está hecha para todos o no es ley. La cuestión es que no se aplican o su aplicación resulta ineficiente para las víctimas”, expresó.
En otro párrafo, la madre de la profesora de inglés asesinada el 30 de octubre de 2020 le dijo a Jaldo que como presidente de la Cámara “debe velar por el buen ejercicio” de dicho Poder del Estado. “Le solicito que reactive los siete pedidos de destitución y juicio político hacia el juez Juan Francisco Pisa, los cuales fueron clausurados el día 24 de febrero ilegalmente. El cuerpo de la legislación es responsable de subsanar la resolución que carece de legalidad y es infundada y de su subsanación de forma inmediata”, remarcó.
El Artículo 30 de dicha norma establece que, en caso de que el acusado presente la renuncia condicionada (como hizo Pisa en octubre de 2020, para acceder a una jubilación con el 82% móvil), la comisión debe suspender el proceso durante 60 días hábiles. Cumplido dicho plazo, si no se materializa el condicionamiento, “la renuncia aceptada condicionalmente no tendrá ningún efecto y deberá continuar el procedimiento”. A su vez, el Artículo 40, dispone que las decisiones de la comisión y del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles.
En más de una ocasión Ferrazzano se expresó imposibilitado de continuar el proceso anterior por lo señalado en el Artículo 40. Por este motivo, la comisión resolvió correr traslado a un nuevo pedido de destitución contra Pisa.
Mariela Tacacho rechazó la Resolución Nº528 (emitida en la presidencia del manzurista Zacarías Khoder) y se lo hizo saber a Ferrazzano. “Esta desmesura por parte del cuerpo legislativo viola ostensiblemente mis derechos a peticionar o a buscar justicia por mi hija, quien fue brutalmente asesinada por Mauricio Parada Parejas”, dijo. Además, consideró la comisión tiende a favorecer a Pisa y transgrede convenciones internacionales que protegen a las mujeres.