22 Junio 2021
Amigues, cuerpa, todes. Las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir el uso del lenguaje inclusivo de los tres poderes del Estado, que cuenta con una carta de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro.
“Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”, sostiene el artículo 1 de la propuesta a la que tuvo acceso Infoabe.com.
La iniciativa, que apunta a evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”, obedece a la necesidad de eliminar -de acuerdo a lo planteado por sus autoras- “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”.
Ellas consideran que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.
Al exponer sus fundamentos recordaron un significativo hecho ocurrido en España, a principios de 2020, cuando la Real Academia Española elaboró un Informe sobre el lenguaje inclusivo a raíz de una petición de la vicepresidente del gobierno español, que pretendía modificar el texto de la vieja Constitución de 1978 por considerarla “machista”.
En el artículo titulado “Constitución, idioma nacional y lenguaje inclusivo”, según criterios de la Real Academia Española, refiere que “el documento de la institución hispana explicita que los grupos nominales en género masculino son de exégesis inclusiva, resultando en textos claros e inteligibles que en modo alguno plantean problemas serios de interpretación literal, no existiendo razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a introducir modificaciones”.
Creen que en Argentina se debe seguir la senda trazada por Francia, que prohibió el lenguaje inclusivo; como también de Chile y Perú, que ya cuentan con iniciativas similares en sus congresos.
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