Por Álvaro José Aurane
19 Junio 2021
Pulgar para arriba para el nuevo Código Procesal Penal
Las estadísticas elaboradas por los organismos técnicos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia exhiben que entre febrero y mayo de este año el número de procesos resueltos (ya sea con condenas o con absoluciones) prácticamente quintuplica al mismo período de 2020. Eso sí: la estructura está al límite. Hace falta que el poder político complete los tribunales.
Las cifras muestran contrastes por sí solos elocuentes.
• Entre febrero y mayo de 2019, el último año de la “vieja normalidad”, los procesos que fueron resueltos en el Poder Judicial de Tucumán, ya sea mediante condenas o mediante absoluciones, sumaron 268.
• En idéntico período de 2020, ya con la pandemia declarada en el mundo y con la aplicación, a partir de marzo, de la cuarentena dura y la fase uno del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la cifra de causas resueltas cayó 159.
• En los mismos cuatro meses de este año, ya con el nuevo Código Procesal vigente en toda la provincia (se aplicó como prueba piloto en el Centro Judicial de Concepción desde el 6 de mayo de 2019 y, definitivamente, en Monteros y Capital desde el 1 de septiembre pasado), la cantidad de procesos resueltos sumó 733.
Es decir, casi cinco veces más que el año pasado; y casi tres veces más que en los tiempos sin pandemia de coronavirus.
En la Corte, el Colegio de Jueces, el fuero Conclusional, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa coinciden, grosso modo, en identificar tres variables como grandes facilitadoras del cambio. En primer lugar, las nuevas herramientas legales que proporciona el nuevo Código Procesal Penal. En segundo lugar, la posibilidad de contar con un soporte tecnológico adecuado: el Expediente Digital implementado (comenzó a aplicarse de manera paulatina en distintos fueros desde el 27 de abril de 2020) y el portal digital del SAE (Sistema de Administración de Expedientes) funcionando a pleno (comenzó a instrumentarse en 2019). En tercer término, el factor humano. Es decir, el compromiso de todos los miembros de la estructura judicial para trabajar a destajo.
Con la autoridad que brindan los avances certificados por las estadísticas, surge una necesidad: que el poder político complete la cobertura de salas y despachos, porque hoy se trabaja al límite. Los actores judiciales invocan una matemática simple: con la actual dinámica, más jueces y fiscales y defensores redundarán en más conflictos resueltos. En más justicia.
“Es más efectivo”
“En 2016, cuando se sancionó y se promulgó el nuevo Código Procesal Penal, manifesté que esa ley significaba un avance en el camino hacia la transparencia en la actuación de los jueces, los fiscales y los defensores y en el mejoramiento sustancial de la seguridad. También consideré que no puede existir una democracia constitucional si no hay independencia judicial. Esta independencia no impide coordinar acciones con los poderes políticos. El resultado del trabajo mancomunado de los tres poderes es el digesto que está en vigencia”. La puesta en contexto corresponde al vocal decano de la Corte Suprema, Antonio Estofán.
A cargo de la presidencia del máximo tribunal (Claudia Sbdar está de licencia), el vocal rescata que la prueba piloto en Concepción, en 2019, probó que con el nuevo sistema los ciudadanos entran en contacto directo con el juez y pueden ver el desempeño de sus abogados en las audiencias. Y valoró que la implementación definitiva en el resto de la provincia se dio en un contexto sanitario complejo y mientras avanzaba la aplicación del expediente digital, por lo que valoró el esfuerzo de funcionarios judiciales, empleados y letrados del foro.
“El nuevo sistema demuestra ser más efectivo. La comparación del primer cuatrimestre hábil de los últimos tres años, respecto de la cantidad de procesos resueltos , resulta revelador acerca de las bondades del nuevo Código Procesal Penal: 733 causas este año, contra 159 del año pasado y 268 de 2019”, contrastó.
Estofán concluye que el nuevo digesto implicó no sólo un marcado incremento de la productividad respecto de los procesos resueltos, sino que, además, aumentó notablemente el número de condenas dictadas. “El sistema se va enfocando en la resolución oportuna de los conflictos, lo que beneficia a todas las partes de un proceso, porque da certidumbre”, evaluó.
“Hay sentencia en 60 días”
“Nuestra valoración de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia es muy buena. Más allá de las expectativas y las impresiones personales, las estadísticas están demostrando que ha sido una experiencia sumamente positiva”, evalúa el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Los fiscales penales, justamente, han sido protagonistas centrales en el cambio de paradigma que supuso la instrumentación de un digesto que supuso abandonar el sistema inquisitorio para instaurar un régimen adversarial.
Jiménez evaluó el impacto del nuevo Código Procesal penal sobre la base de las estadísticas del Ministerio Público Fiscal que comparan dos períodos: del 1 de septiembre de 2019 al 31 de mayo de 2020 y desde el 1 de septiembre de 2020 (cuando el nuevo digesto entra en vigencia en toda la provincia) y el pasado 31 de mayo.
“Si tomamos la estadística de las personas privadas de la libertad, en el primer caso (2019/2010) fueron 903; en el segundo fueron 1.650. Es decir, la cifra prácticamente ha sido duplicada”, contrastó.
Una segunda variable que considera el jefe de los fiscales es la cantidad de medidas para la protección de víctimas que fueron dictadas en uno y otro segmento. Para los nueve meses del ciclo 2019/2020 se dictaron 6.000. Para las del ciclo 2020/2021, en total, 9.000. Es decir, un 50% más.
“Y cuando consideramos el tiempo de duración de los procesos, nos damos con que ahora se llega a condenas en un plazo de 60 días desde que se radica la denuncia, gracias a los juicios abreviados. Antes, los procesos duraban años”, manifestó.
“Este Código Procesal tiene como antecedente y como referencia su aplicación en Concepción en 2019. Esa experiencia fue todo un avance y permitió hacer correcciones antes de aplicar el digesto en toda la provincia, nada menos que en contexto de pandemia”, rescató Jiménez.
“Se pacifican los conflictos”
“Soy una propulsora del nuevo Código Procesal Penal y de su sistema adversarial: tienen ventajas que ahora están a la vista. Son, concretamente, la de dar respuestas a la sociedad para pacificar los conflictos”, define María Balcázar, presidenta del Colegio de Jueces de la Capital.
“La diferencia a partir de la aplicación del nuevo digesto es exponencial respecto del sistema anterior, pero no sólo en la cantidad de procesos resueltos con sentencia sino, también, en los plazos de resolución. Desde el 1 de septiembre tuvimos una cantidad importante de condenas con el sistema abreviado, que si bien estaba previsto en el sistema anterior ahora sólo puede acordarse hasta que se produce el control de acusación. Con el código anterior se podía aguardar hasta el inicio del juicio, y las especulaciones de las partes generaban demoras”, explicó la magistrada.
Justamente, Balcázar precisa que en la semana del 7 al 13 de este mes se realizaron 24 juicios abreviados en el Centro Judicial de la Capital. “El sistema funciona y fue puesto en marcha en el contexto adverso de la pandemia, con un número de jueces inferior al que debería ser, y las respuestas se dan y no se cortan. No se trata de una Justicia virtual, sino de una Justicia presente a través de plataformas virtuales. Las víctimas nos ven en las audiencias, pueden hacer preguntas y explicar el conflicto. Y eso da transparencia”, valoró.
Balcázar también ponderó las soluciones alternativas, como la conciliación, previstas por el sistema adversarial.
La magistrada elogió la tarea de toda la estructura de Tribunales. “Desde los asistentes de los jueces hasta la Oficina de Gestión Judicial”, puntualizó. Y destacó que la estructura de jueces, prácticamente, no se modificó. “Creció en un punto, pero no como el sistema lo requiere. Ojalá haya apoyo de otros poderes del Estado”, anheló.
"No hay agujeros negros"
“Me interesa que la población sepa que el sistema conclusional no es un agujero negro en el que se pierden todas las causas que se tramitaban con el anterior Código Procesal Penal. Esa es una idea equivocada. Y la estadística sirve para que los tucumanos tomen conciencia de ello y para que también lo hagamos quienes formamos parte de la Justicia”, manifiesta Fernanda Bähler, presidenta de la Cámara Conclusional.
Entre febrero y mayo pasados, ese fuero, entre audiencias de debate y de juicios abreviados, realizó:
• 52 por delitos de abuso sexual (36%)
• 42 por homicidios (29%)
• 21 por robo agravado (14%)
• 15 por tentativa de homicidio (10%)
• 10 por lesiones o amenazas (7%)
• 6 por otros ilícitos (4%)
La propia Bähler dialogó con LA GACETA durante la siesta de ayer, al término de tres audiencias en las que se resolvieron otros tantos juicios.
“El Conclusional heredó las causas del fueron penal y también las del correccional. Ahí hay gran cantidad de causas de violencia de género, que son de alta sensibilidad para la sociedad. Va creciendo el número de juicios y trabajamos de sol a sol: a toda hora, literalmente. Porque con el Expediente Digital y el SAE firmamos decretos a toda hora. Incluso por medio del teléfono celular. Eso nos deja avanzar, aunque a menudo no nos permite cortar la jornada. Pero queremos que la sociedad tenga la tranquilidad de que, en la Cámara “Se pacifican los conflictos”, somos nueve jueces trabajando de manera extrema”, describió.
Ante la consulta del diario, la magistrada precisó que, por ley, está prevista una cuarta sala para el fuero, así como un nuevo juzgado correccional y otro de instrucción. Por supuesto que es necesaria la cobertura de esos cargos. Más de lo que hacemos es humanamente imposible. Estamos al límite”, afirmó.
“El proceso es más sano y con mejores prácticas”
La tarea del Ministerio de la Defensa ha sido febril en lo que va de este año. De acuerdo con la estadística de su titular, Washington Navarro Dávila, la cantidad de causas con audiencias en las que ha intervenido la defensa pública entre enero y mayo pasados totalizan:
• 2.010 en el Centro Judicial Capital.
• 1.384 en el Centro Judicial Concepción.
• 83 en el Centro Judicial Monteros.
“Entre las ventajas de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal destacó, primero, la celeridad de los tiempos de los procesos. Se han acortado significativamente”, asevera el jefe de los defensores públicos a LA GACETA.
“Otro avance importante lo da el hecho de que tanto el imputado como la víctima pueden presenciar el proceso en directo a través de las audiencias. Cada una de las partes tiene representación y asistencia. Y tiene certezas sobre la razonabilidad y la fuerza o la debilidad de las pruebas”, destacó.
El ministro de la Defensa rescata, también, que el tiempo de las medidas coercitivas se ha acortado. “La prisión preventiva ya no se usa como una sanción o una pena anticipada, en la que un acusado podía pasar dos años privado de la libertad sin importar si luego, en el juicio, era absuelto. Ahora son medidas cortas y se dan en función del período de investigación”, puntualizó.
Particular hincapié hace en lo que llama “la igualdad de armas” en materia probatoria. “Hoy, el defensor no debe pedir que un juez o un fiscal autorice un oficio para la producción de una prueba: lo tramita directamente. A la vez, así como el Ministerio Fiscal tiene su Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el Ministerio de la Defensa cuenta con el Cuerpo de Investigadores de Apoyo a la Defensa (CIAD). Todo esto, en mi opinión, redunda en procesos más sanos y en mejores prácticas. Ya no se puede inventar cargos y que después los resuelva el tribunal. El fiscal que interviene al principio de la causa debe llegar al final del proceso y esforzarse por las pruebas para que no fracase la teoría del caso, porque el defensor también elabora su prueba”, puntualizó.
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