18 Junio 2021
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El gobernador, Juan Manzur, firmó hoy el decreto que establece el veto total sobre el proyecto de ley impulsado por el jaldismo para disponer el pase a planta permanente del Estado provincial de la totalidad de los agentes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) afectados a la atención de casos de coronavirus.
En paralelo, la ministra de Salud, Rossana Chahla, anunció la "desprecarización" de 1.700 trabajadores del sector, luego de una reunión de la que participaron cuatro gremios de la sanidad.
Las medidas surgen en el marco de las tensas relaciones entre el manzurismo y el jaldismo.
Hace 15 días, en el recinto, legisladores afines al vicegobernador Osvaldo Jaldo obtuvieron el apoyo de la oposición para sancionar una ley que determinaba el pase a planta de los agentes del Siprosa que hubieran prestado servicios durante un plazo mayor a 180 días desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
La iniciativa incluía "médicos, enfermeros, bioquímicos, técnicos de laboratorio, técnicos en rayos, kinesiólogos, médicos centinela, personal de frontera, administrativos, camilleros, choferes" y todo aquel empleado del Sistema Provincial de Salud afectado a la atención de casos de covid-19.
Ya en el recinto, el manzurismo se había expresado en contra de la propuesta, aunque se había abstenido de votar.
Hoy, el gobernador dispuso el veto total, a través del decreto 1.140/21-MSP, firmado junto a la ministra Chahla.
Las claves
Para tomar la medida, el jefe del Poder Ejecutivo se basó en los informes técnicos enviados por distintas áreas de gobierno.
En la Secretaría de Hacienda advirtieron que, al no encontrarse "cuantificado el impacto de la disposición" sobre el erario, no podían expedirse con relación a la normativa. Además, advirtieron que carecían de información con respecto a la "cantidad de agentes que se beneficiarían" con el pase a planta permanente.
Por otro lado, la Dirección de Recursos Humanos del Siprosa consignó que la situación del personal es objeto de análisis cada año en las paritarias celebradas por el PE y los gremios de la sanidad. "(En ese marco), se gestiona el proceso de pase a planta permanente de los agentes transitorios, que requiere la existencia de cargos vacantes y las estimaciones presupuestarias, y el proceso de pase a planta transitoria de agentes reemplazantes en cargos vacantes, considerando si cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente para su ingreso a la Administración Pública, la antigüedad y la continuidad en el cargo", advirtieron los técnicos del área.
La Dirección General del Siprosa profundizó en cuanto a estos reparos.
"En la práctica habitual, las negociaciones paritarias con los gremios del sector salud incluyen procesos de desprecarización laboral, consistentes en el pase a planta transitoria del personal reemplazante, y del pase a planta permanente del personal de planta transitoria", consignaron en este órgano.
En ese sentido, advirtieron que las condiciones respecto a la estabilidad laboral habían sido fijadas en la última discusión salarial; entre ellas, que "al 31 de diciembre del año anterior a la negociación paritaria, el agente cuente con una antigüedad igual o mayor a 24 meses, con prestación continua de servicios". En consecuencia, esta área consideró "que el proyecto trastoca esa práctica habitual y el orden de prioridades establecido de común acuerdo en la negociación entre el Superior Gobierno y las organizaciones gremiales"
"Propósitos loables"
En los considerando del decreto, Manzur consideró "loables los propósitos perseguidos por el legislador" con la medida. Pero advirtió que la iniciativa en cuestión "vulnera la igualdad de oportunidades para el acceso laboral y la carrera administrativa, derechos que han sido reconocidos por la Constitución nacional en sus artículos 16 y 14 bis".
A su vez, sostuvo que "no corresponde otorgar un tratamiento diferente al personal de Salud a que hace alusión el proyecto, respecto de los agentes que estuvieron prestando servicios en otros organismos del Estado, y los agentes del Siprosa que vienen desempeñándose con anterioridad en el organismo".
"La consideración de una norma con efectos expansivos hacia todos los cuadros del Estado, que contemple incluso al personal de los tres órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que comprenda a todos los agentes que prestaron servicios durante la pandemia, deviene manifiestamente irrazonable, máxime en el contexto de emergencia financiera y económica que atraviesa nuestro país, declarada mediante ley nacional 27.541".
Sobre la base de estos argumentos, Manzur firmó -junto a Chahla- el veto sobre la normativa impulsada por el jaldismo.
Ahora, la Legislatura puede insistir con la sanción de la iniciativa, para lo cual necesita de los dos tercios de votos de sus miembros presentes.
En caso de que esto ocurra, el PE estará obligado a promulgar el texto.
En paralelo, hoy la ministra de Salud publicó una fotografía junto a su par de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y representantes de cinco sindicatos estatales del sector.
"Cumpliendo con el compromiso del gobernador, avanzamos en el acuerdo de desprecarización de 1.700 trabajadores y en la implementación del bono que se les dará al personal de la salud en pandemia", anunció Chahla a través de sus redes.
EN REUNIÓN. Las ministras Chahla y Vargas Aignasse, en el encuentro con los referentes gremiales. Foto Comunicación Pública
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