Caso Tacacho: ¿puede Manzur no aceptar la renuncia de Pisa?

Todas las miradas están sobre la Casa de Gobierno: del ambiente político; del judicial; de la sociedad; y también de la Casa Rosada. La nota de renuncia definitiva presentada por el juez penal Juan Francisco Pisa pesa desde el viernes 11 sobre el escritorio del gobernador Juan Manzur. El magistrado, cuestionado por su desempeño en el caso que terminó con el femicidio de Paola Tacacho, aguarda que el mandatario emita un nuevo decreto autorizando su dimisión lisa y llana, a la espera de que se resuelva el trámite para jubilarse con el 82% móvil. De este modo, además, caería en abstracto el proceso que la comisión de Juicio Político resolvió volver a empezar de cero. Mientras tanto, crecen las tensiones institucionales de un caso que conmocionó y movilizó a Tucumán.

En el palacio de 25 de Mayo y San Martín sostienen que están analizando cómo resolver el trámite y lo más pronto posible. Remarcan que la intención del Ejecutivo ya quedó clara cuando le aceptó la renuncia condicionada, el 24 de febrero. De todos modos, nadie desconoce que el caso es un hierro caliente y que acarrea un alto costo político e institucional. Además, la Nación ahora puso la lupa sobre el caso y le pidió al Ministerio Fiscal el esclarecimiento de responsabilidades.

Aceptación u omisión

Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicaron a LA GACETA que en estos casos la voluntad del gobernador se debe expresar a través de un decreto. De todos modos, dijeron que Manzur puede aceptar la renuncia o no hacer nada. “En este último caso, por omisión, va estar dando su voluntad para que sea juzgado por la comisión de Juicio Político y del Jurado de Enjuiciamiento”.

De haber una omisión, el magistrado podría a su vez interponer una acción de amparo.

Las fuentes señalaron que el trámite previsional de Pisa fue iniciado el 21 de marzo de 2018 y que hasta ayer el beneficio no estaba resuelto. Confiaron que el expediente llegó a Buenos Aires recién en abril y que tuvo “algunos movimientos” en los últimos días. Agregaron que, de haber voluntad política, el trámite podría resolverse en pocas semanas.

Las fuentes explicaron que eludir el proceso de enjuiciamiento le permitiría al juez acceder a una jubilación de magistrado (Ley 24.018), que asegura un 82% móvil, sin tope. Hoy ronda los $450.000. En cambio, si fuera destituido, tendría una jubilación ordinaria, hoy de $127.000. “Es un tema muy delicado. Habrá que ver qué hace el gobernador”, analizaron.

A Casa de Gobierno ingresaron al menos tres notas dirigidas al titular del Poder Ejecutivo para que no repita lo que hizo el 24 de febrero, cuando aceptó la renuncia condicionada al juez a través del Decreto 369/14. La última presentación fue realizada por el legislador radical José María Canelada. “Si actúa como ya lo ha hecho le estaría otorgando nuevamente impunidad a Pisa”, advirtió. A su vez, dijo que el juez ha sido protegido porque “ha sido el garante de la impunidad del poder en Tucumán, el que ha cerrado causas muy sensibles del poder político, como la de Funsal, en la que estaba el actual diputado nacional Pablo Yedlin. También cerró la causa de Beatriz Rojkés con la Fundación Pibe. La lista es interminable”, expresó, y pidió al gobernador que se rectifique ante la sociedad.

Mariela Tacacho, madre de la profesora de historia asesinada por Mauricio Parada Parejas el 30 de octubre, fue la primera en pedirle a Manzur que esta vez actúe de otro modo. “Usted ya aceptó en febrero la renuncia condicionada de este juez, lo hizo de manera errada y haciendo oídos sordos a mi pedido y al de miles de tucumanos. (...) ahora tiene otra oportunidad para enmendar el error”, expresó.

Las militantes feministas Laura Alejandra Sánchez y María Belén Ortiz, integrantes de agrupaciones kirchneristas e impulsoras del nuevo pedido de juicio político contra Pisa, se manifestaron por escrito en un modo similar.