El ex diputado peronista José Vitar dijo que había transcurrido un mes desde que pidiera a la Justicia Federal que investigue el mecanismo de contratación directa -sin licitación pública- de obras de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y que sólo había recibido cartas documento de parte de integrantes de la Cámara Tucumana de la Construcción. Vitar llamó la atención sobre el silencio de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) encabezada por Augusto Jorge Elías Guraiib y la continuidad de la aplicación del procedimiento cuestionado. “Lejos de tomar nota de la solicitud de aclaraciones y explicaciones, la SAT insiste con la oscuridad”, dijo el presidente del partido Frente Grande en un texto que remitió a este diario.
Vitar consideró que las manifestaciones de los contratistas y el mutismo de la institución estatal estaban vinculados. “Al señor (Jorge) Garber y a las demás autoridades de la Cámara Tucumana de la Construcción les sugeriría que, en lugar de gastar recursos y energías en enviarme cartas documento amenazantes, se apliquen en aclarar a la opinión pública el sinuoso mapa de contrataciones que dibujaron con los directivos de la SAT. Y a estos les pido que dejen de refugiarse detrás de los contratistas y den la cara: es necesario que expliquen el fundamento de sus ininteligibles contrataciones”, afirmó Vitar.
A estos comentarios, el ex diputado adjuntó la última intimación que había recibido de parte de Garber, Manuel Alberto Álvarez y Gustavo Mansueto, respectivos titular, vicepresidente y secretario de la Cámara. En dicha nota -la tercera desde que el asunto trascendió- consta que aquellos se sentían difamados por expresiones “carentes de veracidad, que afectan el prestigio, como también la imagen pública, la idoneidad, la credibilidad, la seriedad y la eficiencia que la Cámara gozaba en los sectores públicos y privados”.
El 14 de mayo, el ex diputado hizo una presentación que ingresó en la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Carlos Brito. Este documento detalla posibles anomalías cometidas con $ 900 millones que la Nación otorgó en 2020 a Tucumán para financiar obras en el servicio de agua potable y de cloacas en San Miguel de Tucumán. Según Vitar, contratistas y responsables de la SAT se habrían puesto de acuerdo para adjudicar los proyectos no a la oferta más baja sino a la que exhibía un “precio promedio”. La presentación indica que ese proceder estaría sostenido en excusas desprovistas de razonabilidad, y que habría ocasionado daños cuantiosos al erario y la disposición de un margen para el supuesto pago de retornos.
“Furia” e “impunidad”
El dirigente político refirió que le resultaba elocuente “la furia” que había generado “un simple pedido de investigación” en funcionarios y empresarios: “estos se comportan con la prepotencia y la soberbia de quienes están acostumbrados a la impunidad”. Y agregó que confirmaba aquella apreciación el hecho de que la SAT haya abierto nuevas convocatorias a presentar ofertas por fuera del sistema legal que garantiza la mayor transparencia, que es la licitación pública.
“La SAT no acusó recibo de las observaciones formuladas a estos oscuros ‘cotejos de precios’ y ha decidido volver a involucrarse en contrataciones con el mismo modus operandi basado en una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad”, dijo respecto de los nuevos llamados a intervenir en las contrataciones directas de obras difundidos esta semana. Según su criterio, tal situación exigía el repudio de la comunidad. Vitar manifestó al respecto: “exhorto a la sociedad a reaccionar con energía ante el manejo discrecional de los fondos públicos que provienen del bolsillo de los contribuyentes. No debemos cejar en el reclamo de transparencia y control porque esto implica renunciar al espíritu mismo de la democracia republicana”. El dirigente también dejó un mensaje para el Poder Judicial: “le reiteramos que estamos atentos a la espera de que avance en el esclarecimiento de los hechos”.