Crisis carcelaria: no hay lugar para alojar más detenidos

Los policías dieron por finalizado el motín que se había desatado por un fallido intento de fuga en la comisaría de Yerba Buena cuando lograron evitar que los reos ahorcaran con una sábana al condenado Miguel Adolfo Cruz Grandi. El empresario, que fue penado a cinco años de prisión en febrero, por la falta de cupos en el penal de Villa Urquiza, sigue alojado en una comisaría, incumpliendo todas las normas legales vigentes. Esta es una de las consecuencias de la crisis carcelaria que llegó a su máximo nivel en la provincia: no hay lugar para alojar detenidos. Los calabozos de las seccionales alojan tres veces más de su capacidad y en las cárceles la superpoblación de internos ya llega al 30%.

El hecho de la vecina ciudad fue protagonizado, según la información oficial, por Santiago Nicolás Olea, Mauro Páez y Nicolás Pereyra, los tres condenados por robos que se encuentran desde hace meses encerrados en los calabozos. Al no poder cumplir con su objetivo, tomaron como rehén a Cruz Grandi, que no quiso participar de la fuga. Los reos le colocaron una sábana en el cuello y comenzaron a colgar al hombre. El comisario Carlos Rodríguez ingresó a la celda y logró evitar que los presos asesinaran al empresario.

Pese a que esa situación fue controlada, hubo dos fugas que se concretaron en poco más de 24 horas. El domingo se escaparon de la seccional 11ª Antonio Miranda (condenado a 15 años de prisión por homicidio hace dos semanas), Nelson Juárez (acusado del crimen de un integrante del clan Acevedo y que desde hace más de un año pasa de comisaría en comisaría por su conducta) y Gonzalo Orellana y Lucas Coronel, ambos imputados por robo agravado. Los evadidos, según la información oficial, hicieron un boquete en el calabozo donde había 23 arrestados (tiene capacidad para 12) aprovechando que el grueso del personal había salido para tomar intervención en un hecho.

Miranda fue penado por el crimen de Braian Sarmiento. Su madre, Lily Campero, había colaborado mucho para que el homicida terminara tras las rejas. Él siempre juró vengarse. La mujer pidió custodia permanente porque teme que el fugado cumpla con la promesa. “Las autoridades judiciales ordenaron a la comisaría de Alderetes una consigna permanente, pero les dijeron que no tienen personal para hacerlo. Sí hay un móvil que recorre la zona”, señaló su abogado, Álvaro Zelarayán.

El lunes se produjo otro hecho singular, pero en este caso, en la seccional 9ª. Para realizar trabajos de remodelación en el calabozo, los responsables de la seccional ubicaron a los detenidos en un “chancho” (en la jerga de los presidiarios se conoce con este nombre a una especie de jaula, normalmente de castigo). Los efectivos no se percataron de que la parte superior de la estructura no estaba firme y, después de violentarla, se escaparon Daniel Alejandro Pérez, procesado por homicidio, y Rodrigo Luciano, con prisión preventiva por robo.

“La situación es alarmante. La seccional 11ª, por ejemplo, tenía clausuradas sus celdas de arrestos por orden judicial, pero se tuvo que incumplir con esa norma porque no hay capacidad en otras dependencias”, explicó una alta fuente de esa fuerza. “El domingo, cuando se escaparon los detenidos, había seis personas. Cuatro efectivos salieron por un hecho y quedaron dos responsables para cuidar a 23 arrestados. De milagro sólo se fugaron cuatro”, agregó.

El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, informó que se iniciaron las investigaciones administrativas correspondientes para definir la responsabilidad del personal policial en la seccional 11ª y de la comisaría de Yerba Buena. “El caso de la 9ª es más serio y se ordenó el pase de disponibilidad a los hombres que no cumplieron con su deber”, señaló.

Evolución

La crisis carcelaria surgió en 2015, cuando la ex fiscala Adriana Giannoni y el fiscal Diego López Ávila presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías, por la cantidad de personas que estaban privadas de su libertad en esos calabozos. En esos momentos había cerca de 500, según el censo que habían realizado. Actualmente, los detenidos en dependencias policiales llegan a los 1.300, según confirmaron en la fuerza.

Las normas vigentes y por las diferentes acordadas del máximo tribunal de la provincia, en los calabozos de las comisarías sólo podían estar alojadas las personas cuya situación procesal no estaba definida. Pero la realidad indica otra cosa: actualmente hay casi 800 detenidos con prisión preventiva y unos 150 condenados que esperan ser trasladados a cualquiera de los tres penales que hay en la provincia.

“La situación es desesperante. No tenemos dónde poner a los detenidos. Hay veces que los llevamos a las oficinas, a los comedores o al lugar que en principio está destinado al descanso del personal. Tenemos que hacer un listado con los que tienen mejor conducta para ubicarlos allí. De todas maneras no estamos tranquilos”, agregó un alto jefe de la fuerza que pidió que no se publicara su nombre.

El hábeas corpus presentado hace más de cinco años tenía un objetivo primordial: lograr que el Estado se hiciera cargo de tomar todas las medidas necesarias para evitar que la situación siguiera empeorando. Hubo varios cambios y se crearon diferentes comisiones de seguimiento, pero no hubo ninguna mejora sobre el tema. Los resultados están a la vista: se intentó gestionar para que no hubiera más de 400 detenidos en las comisarías, que es su máxima capacidad, y ahora hay unos 1.300, es decir, más de tres veces de lo permitido.

Sin solución

En total, las cárceles de nuestra provincia (Villa Urquiza, el penal de Concepción y el de mujeres ubicado en Banda del Río Salí) tienen capacidad para 1.083 personas, y actualmente cuentan con 1.346, es decir, que ya se encuentran con un 25% más de población que su capacidad. “Es imposible que se sumen unos 900 detenidos. No tenemos más espacio. Si llegamos a incorporarlos, será una masacre porque los reos ya se quejan por la falta de espacio”, explicó un vocero del servicio penitenciario.

En el Poder Judicial también están preocupados por la situación. Una jueza de Ejecución informó que los 50 reclusos que se encuentran actualmente cumpliendo con el aislamiento preventivo en el Centro de Recepción de Detenidos (Cerede) serán los últimos que ingresarán a las unidades carcelarias. “Es una situación preocupante porque con el nuevo código procesal penal se aceleraron el dictado de las prisiones preventivas y las condenas. No sé cuáles son las opciones que se están manejando, pero no se podrá dejar de dictar sentencias”, dijo la jueza.

El año pasado, el gobernador Juan Manzur se había reunido con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para acelerar la construcción de un penal para 3.800 personas en Benjamín Paz, con una inversión de 200 millones de dólares. Además, antes del quiebre en el oficialismo, estaban avanzadas las gestiones para que en Banda del Río Salí se ampliara la capacidad para 400 internos. Pero ambas obras no pasaron de ser meros proyectos.

Preocupantes cifras

- 1.300 detenidos hay en las comisarías que tienen capacidad para 400.

- 1.346 reos están alojados en cárceles, un 30% más del límite.

- 950 detenidos en comisarías deben estar en los penales.

- 50 personas más pueden recibir las cárceles tucumanas.

Por los hisopados: ibáñez sostiene que la pandemia demora los traslados al penal

“Buscamos generar más espacios de alojamiento. Es una realidad que en las comisarías tenemos personas procesadas y condenadas con pedido de traslado al penal”, indicó el secretario de Seguridad Luis Ibáñez. El funcionario explicó que la pandemia demoró los traslados de los condenados: “hay una unidad especial para alojar por siete días de cuarentena a los detenidos que deben ingresar a Villa Urquiza. En ese lugar entran 49 personas por turno para hisoparse y si uno da positivo los otros 48 quedan aislados porque no pueden entrar enfermos al penal y se los deriva a celdas especiales”. “Estamos trabajando en ampliar la capacidad porque estamos sobrepasados. Si bien esto ya venía ocurriendo, el nuevo código también agilizó varias cuestiones y con ello se incrementó la cantidad de detenidos que ya deberían estar en alguna cárcel”, manifestó Ibáñez. “Estamos ocupándonos de esto porque de acuerdo con las normas debemos cumplir con ciertas comodidades para los detenidos, por eso se están haciendo obras y ampliando las comisarías hasta que se pueda concretar el proyecto de una nueva unidad penitenciaria”, concluyó.

Penal sobrepasado: “Al lugar de alojamiento lo decide  la justicia”, dijo Zaracho

“En este momento los dos Juzgados de Ejecución están haciendo un relevamiento sobre la situación de cada detenido de las comisarías, si son procesados o condenados. Al lugar de alojamiento de estas personas lo define la Justicia, nosotros somos meros receptores que realizamos los trámites previos al traslado y luego llevamos a los presos a la unidad donde deben cumplir con 15 días de aislamiento, por cuestiones de la Covid. En ese sentido no sabemos si estamos trasladando a condenados o imputados, porque de igual manera tenemos que dar cumplimiento a la orden judicial”, explicó Esteban Zaracho, subsecretario de Asuntos Penales. El funcionario precisó  que actualmente el número de detenidos en el servicio penitenciario sea de 1.346.
“Estamos excedidos casi un 30% y, a pesar de todo el esfuerzo que hizo la Provincia para ampliar los pabellones y comisarías, la pandemia va en desmedro de esas obras porque ante la sospecha de que un detenido pueda tener covid debemos aislarlo, o sea distribuirlos en celdas separadas”, finalizó.