Por Gustavo Rodríguez
13 Junio 2021
OPERATIVO EN LA BASE. Los federales ingresan a la distribuidora de bebidas que el clan tenía en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”).
Los miembros del clan Reyna, una organización que tenía redes de narcomenudeo en tres barrios de dos ciudades diferentes, comenzaron a sentir en serio el peso de la Justicia sobre sus espaldas. En un juicio que no tiene precedentes en la historia del Tribunal Oral Federal -sin contar los debates por delitos de lesa humanidad-, el fiscal Pablo Camuña pidió que se condene con penas que van desde cuatro a 13 años a las 16 personas que llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que aún hay otros tres sospechosos que se encuentran prófugos. El récord se había marcado con el debate del clan Ale, donde los imputados llegaron a ser 13.
El fin de este grupo comenzó a escribirse el 16 de junio de 2016. En un allanamiento ordenado por la Justicia ordinaria por una causa de robo de motos, la Policía se presentó en una distribuidora de gaseosas ubicada en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”). La provincia, en esos días estaba invadida por feligreses que participaban del Congreso Eucarístico Nacional cuya ceremonia de apertura se había realizado en el Hipódromo de Tucumán. A unos siete kilómetros de allí, la Policía secuestraba más de cuatro kilos de marihuana y unos $ 853.000 (unos U$S 60.800, que hoy tienen un valor en el mercado de más de $ 9,5 millones).
Ese operativo encendió todas las sospechas y los radares de las fuerzas federales. Todo comenzó a tomar forma con la declaración de un testigo de identidad reservada. Allí se inició una larga y minuciosa investigación que fue dirigida por Camuña y realizada por los hombres de Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal. Una semana antes de que se cumplieran los dos años del primer golpe que recibieron los miembros de este clan, un ejército de efectivos detuvo a la mayoría de los miembros. En esta oportunidad, se secuestraron más de dos kilos de cocaína, uno de marihuana, más de $ 950.000 (unos U$S 36.250, que hoy tienen un valor de $ 5,7 millones) y U$S 700.
En una detallada pesquisa, en la que otras cosas, se analizaron más de 1.200 escuchas telefónicas, observaron decenas de viviendas y registraron videos realizando las operaciones, se logró establecer que el clan Reyna se dedicó al comercio, almacenamiento, fraccionamiento, acondicionamiento, preparación, transporte, comercialización y distribución de cocaína y marihuana. Según la pesquisa, al negocio ilegal lo desarrollaban en los barrios Juan XXIII y Manantial Sur de la capital y Las Acacias, de Yerba Buena.
Los roles
Camuña, que es el fiscal acusador de la causa en el debate, sostuvo que la organización, en un primer momento estaba liderada por Mario Dardo Reyna y su pareja Lorena del Valle Herrera. En mayo de 2017, se habría sumado a la conducción Paola Roxana Juárez, hermana del supuesto líder. Según la acusación, los tres se encargaban de realizar la compra de grandes cantidades de drogas, organizar su transporte, fraccionarla y distribuirlas entre los quioscos que habían instalado en los tres barrios mencionados.
Juárez, reconocida por su carácter tosco y agresivo y la que insultó a los policías y a los periodistas que cubrieron el allanamiento, era la encargada de organizar los quioscos de drogas que eran manejados por Francisco “Frank” Juárez, Lourdes Estefanía Salazar, Aldana Malena “Brigitte” Cabrera, Mercedes del Valle “La Jova” Juárez e Isaías “El Gordo” Reyna, el hijo del líder del grupo que en esos días era menor de edad.
Dentro de la organización, en un segundo plano, se encontraba Pamela Elizabeth Bravo que también manejaba dos grupos de venta. El de ella, en el que tenía como colaboradores a María Celia “La Chela” Molina y a Juan “Tortillero” Risso Patrón y el que contaba con Nancy Beatriz Molina junto a su progenitora Elena Beatriz “La Paya” Juárez.
La investigación fue más arriba aún. Los pesquisas lograron establecer quiénes eran algunos de los proveedores de la droga que comercializaban los miembros del clan Reyna. Los líderes del grupo y Pamela Bravo eran los responsables de llevar adelante las negociaciones, cerrar los tratos y organizar el transporte.
Según la acusación de Camuña, uno de los proveedores era Gustavo Alexis “Camarada” Sosa que tenía su base de operaciones en Buenos Aires. Él recibía las cargas que eran enviadas desde Misiones por parte de Jonatan Javier “Javi” Krujowski y de Carlos Alejandro “Maestro” Sosa, probablemente por micros de larga distancia posiblemente de las empresas Crucero del Norte o “Río Uruguay”. Pero además hay tres personas que se encuentran prófugas: María Martorell (en su casa de Manantial Sur se encontraron más de 1,5 kilo de cocaína) y Juan Jiménez y su esposa Rosa Correa (acusados de ser proveedores de la banda).
El juicio
En el debate trascendieron los detalles de la investigación. Todo se inició con una denuncia de un testigo de identidad reservada que presentó una serie de elementos clave para que se desarrollara la pesquisa: “quiero que se deje de vender porquería en el barrio”. También se conoció que fueron dos las fuerzas que investigaron a los sospechados. Además de la Federal, la Dirección General de Drogas Peligrosas estuvo tras sus pasos. “Para evitar contraposiciones, se archivó el trabajo de la policía, pero el valioso informe que hicieron fue incorporado como prueba”, destacó la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa.
“Estamos ante una organización intermedia, porque no se trata un grupo que transportaba toneladas ni a otra que se destinaba a la venta de gramos, pero sí quedó demostrado que tenía un alto vuelo comercial”, destacó Camuña.
El fiscal federal señaló que Reyna y su pareja Herrera eran una especie de gerentes y Paola Juárez, la ejecutiva y la que transmitía las órdenes. “Todas las decisiones sobre la actividad ilícita eran decidida por ellos. Usaban a la distribuidora de Juan José Paso y Chile como fachada. Pero Herrera la que tomaba las mayores decisiones sobre el fin del dinero”, aclaró.
Sobre Juárez, Camuña dio dos datos precisos: fue detenida en un domicilio del barrio Las Acacias, el mismo en el que cayó Luis Fabián “El Gordo Vaca” Vega, otro narco que fue condenado años atrás. “Hubo otro elemento que surgió de las escuchas. Ella se comunicó con Isaías Reyna y le ordenó que, cuando salga de la escuela se vaya a la casa a armar dosis, lo que debe ser considerado como agravante”, acotó.
El investigador definió con lujos de detalles la función de los otros 10 imputados. Pero hizo particular énfasis en dos acusados. “Uno de los federales contó que ingresó en el domicilio de Lourdes Salazar encontraron a un niño de seis meses abandonado en el fondo de la casa, con los pañales sucios y llorando de hambre. Dijo que nunca antes había quedado tan conmovido, y eso que hace tiempo presta servicios nada menos que en la ciudad de Rosario”, explicó.
Camuña también habló sobre el rol de Isaías Reyna. Señaló que de la investigación surge que cortaba y que vendía sustancias. “Pero también hay una escucha en el que habla que habría muerte para aquel que se atreviera a ‘mejicanear’ droga. Esto es de vital importancia porque a los días de haberse producido la detención del grupo, fue acusado del crimen de un joven y, según versiones periodísticas, habría sido la venganza por la detención del grupo”, comentó.
En un alegato que duró más de tres horas, el fiscal solicitó que todos los imputados sean condenados (ver el listado aparte), pero a la mayoría de ellos se les borró la sonrisa cuando el acusador pidió que se les dictara la preventiva a todos los que habían llegado al juicio en libertad y que se le revoque el arresto domiciliario. Además solicitó que se le apliquen multas que superan los $ 18 millones y se le decomisen los bienes que están a sus nombres. Los jueces Enrique Lilljedahl, Abelardo Jorge Basbus y Mario Eduardo Martínez resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles para que aleguen los defensores. Ese día podría escucharse la sentencia.
Las penas pedidas
1) Mario Dardo Reyna.- 13 años y multa de $ 4,2 millones.
2) Lorena del Valler Herrera.-11 años y multa de $2 ,1 millones.
3) Paola Roxana Juárez.- 11 años y multa de $ 1,4 millón.
4) Nancy Beatriz Molina.- ocho años y multa de $ 1 millón.
5) Francisco Horacio Juárez.- ocho años y multa de $ 1 millón
6) Lourdes Estafanía Salazar.- siete años y seis meses y multa de $ 1 millón
7) Elena Beatriz Juárez.- seis años y multa de $ 1 millón
8) Pamela Elizabeth Bravo.- siete años y multas de $ 1 millón
9) Aldana Malena Cabrera.- siete años y multa de $ 1 millón
10) Ramiro Isaías Reyna.- siete años y multa de $ 1 millón
11) Gustavo Alexis Sosa.- seis años y multa de $ 1 millón
12) Carlos Alejandro Sosa.- seis años y seis meses y multa de $ 1 millón.
13) Jonatan krujowski.- seis años y seis meses y multa de $ 1 millón.
14) Mercedes del Valle Juárez.- cuatro años y seis meses y multa de $ 315.000
15) María Celina Molina.- cuatro años y seis meses y una multa de $ 315.000
16) Juan Risso Patrón.- cinco años y una multa de $ 350.000
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