Pisa presentó la renuncia definitiva como juez

Los pedidos de destitución que pesan contra el juez Juan Francisco Pisa por su desempeño en la causa “Tacacho” quedaron a un paso de ser archivados por la comisión de Juicio Político.

En una nota dirigida al gobernador Juan Manzur, el magistrado presentó ayer su renuncia definitiva al cargo de juez penal del Juzgado de Instrucción Penal Conclusional del Centro Judicial Capital a partir del 1 de julio, a la espera de que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) concluya el trámite previsional en curso.

El escrito de Pisa -al cual pudo acceder LA GACETA- ingresó por mesa de entrada de la Gobernación a las 11.45. Minutos antes, la comisión de Juicio Político de la Legislatura había resuelto solicitar informes a la Corte Suprema de Justicia y a la Anses a fin de conocer fehacientemente la situación laboral y previsional del magistrado, y pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10 para expedirse.

El escrito

“Motiva la presente renuncia con carácter definitivo al cargo que actualmente desempeño, un nuevo requerimiento y emplazamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (...) a fin de que Anses concluya el trámite previsional iniciado el 21/03/2018, derecho ya reconocido mediante Resolución Administrativa N° UAI-B 00212/18 T1 F9, por Decreto del Poder Ejecutivo de Tucumán N° 369/14 (MGyJ) y Acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán N° 282/2021: Jubilación Ordinaria, al amparo de las disposiciones del régimen de Ley Nacional N° 24.018 y Ley Provincial N° 7.853”, argumentó el juez en el texto dirigido a Manzur, a quien se refiere como “V.E” (vuestra excelencia).

En la nota, que consta de cuatro párrafos, Pisa agregó: “agradezco a la Provincia de Tucumán, el haberme conferido la dignidad de desempeñarme como magistrado del Poder Judicial de Tucumán y en el cual me he sentido muy honrado de prestar mis servicios. Pido se tenga presente en lo pertinente y sin otro particular, saludo a V.E con distinguida consideración”.

Renuncia y polémica

En octubre de 2020, el juez penal había presentado una renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil. Semanas después, Paola Tacacho (32 años) fue asesinada a puñaladas en Barrio Norte por Mauricio Parada Parejas, el acosador al que la docente salteña había denunciado en reiteradas ocasiones por amenazas y hostigamiento. La familia de la víctima denunció por mal desempeño de sus funciones a Pisa, por haber sobreseído a Parada Parejas (durante su actuación en 2017). Juicio Político había dado curso a la causa en contra del juez, quien en su descargo dijo que de la investigación que tuvo a cargo no habían surgido “pruebas razonables y suficientes” para acreditar que el acusado incumplió con la restricción de acercamiento. Esto desató el malestar de la familia de la profesora de inglés y de distintas organizaciones feministas.

El 24 de febrero Manzur aceptó la renuncia condicionada del magistrado (Decreto 369/14). Y, horas después, Juicio Político -con ocho votos peronistas y uno bussista- dio por “clausurado” el proceso en su contra. El artículo 30 de la Ley 8.734, sin embargo, establece que la comisión debe suspender el proceso por 60 días hábiles. “Cumplido dicho plazo, sin que se materialice la condición a la cual se subordina la misma, la renuncia aceptada condicionalmente no tendrá ningún efecto y deberá continuar el procedimiento establecido en esta Ley”, señala. Los 60 días se cumplieron hace dos semanas y Pisa no cesó como juez penal.

En Juicio Político

El legislador jaldista Raúl Ferrazzano, quien asumió la presidencia de la comisión el 12 de mayo de 2021, explicó ayer que son nueve los pedidos para que se reactive el proceso contra Pisa por no haberse cumplido el condicionamiento de su renuncia. Además, señaló que recientemente ingresó una solicitud para que se inicie un nuevo procedimiento de destitución contra el magistrado.

En este sentido, Ferrazzano remarcó a este diario que el artículo 40 de la Ley 8.734 establece que las decisiones que adopten la comisión de Juicio Político y el Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles. Por lo tanto, no sería posible reactivar el proceso contra el juez ya que en febrero se dio por clausurado el proceso.

No obstante, Ferrazzano advirtió que el 7 de junio ingresó un nuevo pedido de destitución contra Pisa, impulsado por dos militantes feministas en representación del colectivo de Mujeres del Kirchnerismo y del partido Kolina. Solicitaron además que se informe la situación laboral y previsional del juez -algo que también requirió el radical Raúl Pellegrini-, y es por ese motivo que se dispuso pasar un cuarto intermedio hasta el miércoles.

En base los informes técnicos el comité de enjuiciamiento debe resolver si corre traslado o a la causa, algo que caerá en abstracto si Manzur acepta antes la renuncia llana de Pisa.

A la espera del descargo: resolvieron correr traslado a la denuncia de ediles contra el fiscal Leguizamón

La comisión de Juicio Político resolvió ayer, por unanimidad, correr traslado a la denuncia presentada por cinco ediles de Banda del Río Salí en contra del fiscal de la Unidad de Decisión Temprana (UDT), Daniel Marcelo Leguizamón. Esto significa que el funcionario del Ministerio Público Fiscal tiene 15 días hábiles a partir de la notificación oficial para presentar su descargo por escrito -y pruebas, de ser necesario- respecto a las actuaciones realizadas en la ciudad que administra el intendente Darío Monteros (cercano a Osvaldo Jaldo).

El presidente de la comisión, Raúl Ferrazzano, dijo que de la presentación realizada por los concejales surgen algunas situaciones que pueden llegar a ser anómala. En un sentido similar se expresó el bussista Mario Casali, quien consideró que el fiscal puede haberse extralimitado. “Todas las intendencias tienen su correspondiente autonomía”, dijo en rueda de prensa.

Leguizamón fue denunciado por un operativo que llevó a cabo el 28 de mayo en Banda del Río Salí por las flexibilizaciones parciales dispuestas por sobre los decretos de la Nación y de la Provincia.