Debatir sobre el transporte es más que una obligación

El servicio de transporte público de pasajeros ha sido otra vez noticia esta semana en Tucumán. No fue por un paro de trabajadores ni por el reclamo de los empresarios por la inequidad en la distribución de los subsidios nacionales. En esta ocasión, la novedad gira en torno al aumento de las tarifas, tanto para el boleto de ómnibus como para viajar en taxi.

El jueves pasado, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dispuso el segundo ajuste a los valores en seis meses. Como sucede históricamente, el impacto por los nuevos precios se trasladará al resto de los municipios de la provincia.

A partir del lunes, los pasajeros de los ómnibus pasarán a pagar un 50% más por el boleto (pasará de $ 30 a $ 45). Por su parte, los usuarios de Sutrappa abonarán casi un 30% más por cada viaje (la bajada de bandera subirá de $ 39 a $ 50, y la ficha, de $ 3,90 a $ 50).

La cuestión del servicio público de transporte es central. Según estimaciones, unas 600.000 personas dependen del colectivo para moverse en Tucumán.

Además, sólo en la Capital circulan unos 6.000 taxis con licencia (sin incluir los “truchos”).

Cada rubro –ómnibus y taxis- tiene sus particularidades. Sin embargo, tienen como punto en común que atraviesan una situación crítica, tanto desde el punto de vista de los costos, algo que afecta a empresarios y a trabajadores, como desde la prestación del servicio, lo que irrita a los usuarios.

Con sólo pararse en una esquina del microcentro se verán pasar incontables unidades en mal estado, evidentemente desgastadas por el paso del tiempo y la constante circulación por las calles tucumanas.

Por supuesto, también hay colectivos y taxis que se encuentran en buenas condiciones, que permiten la prestación de un servicio satisfactorio para quienes abonan el pasaje.

Sin embargo, a pesar de distintas medidas anunciadas y de las normativas implementadas por el Estado -provincial o municipal-, no ha sido posible hasta el momento erradicar aquellos vehículos vetustos, con los riesgos que implica para choferes y terceros, y con las consecuencias negativas que pueden tener desde lo sanitario y lo ambiental.

Por la demanda que lo caracteriza, la situación del servicio de colectivos es especialmente preocupante. Se trata de un sector que se encuentra en estado de emergencia –declarada a través de una ley provincial- para el cual no asoma una solución de fondo en el horizonte.

Los paros de choferes y demás afiliados a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se han vuelto recurrentes, al punto de que algunos municipios, como San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Banda del Río Salí, han implementado sistemas de traslados alternativos para las jornadas de huelga.

Mientras tanto, los empresarios del sector advirtieron que el último incremento dado no será suficiente. De hecho, el estudio de costos que habían presentado al Concejo Deliberante consignaba que el boleto debía superar los $ 150 en Tucumán. Así las cosas, el negocio seguirá sin brindar las ganancias esperadas por el sector, lo que se traduce en la prestación brindada a los usuarios.

Urge que las autoridades de los distintos ámbitos del Estado con competencia en la materia convoquen a las partes a un reordenamiento del sistema de transporte público –ómnibus y taxis-, a fin de superar de una vez por todas un problema que ya no permite dilaciones.