El empresario Jorge Garber (foto) a título personal y la entidad que aquel preside, la Cámara Tucumana de la Construcción, recibirán en las próximas horas las respuestas que solicitaron al ex diputado peronista José Vitar, pero no con el sentido pretendido e intimado. En dos cartas documento con contenido parecido y firmadas también por el abogado Mario Racedo, el presidente del partido Frente Grande rechazó que deba retractarse por difundir sus dudas sobre cómo manejó la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) los $ 900 millones para obras públicas que recibió de la Nación. Vitar afirmó que él sólo había pedido a la Justicia Federal que investigue las posibles irregularidades detectadas en ejercicio de sus derechos y obligaciones contitucionales. “Sólo cumplí el deber de prevenir la corrupción previsto en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción”, expresó el dirigente a Garber y a las otras autoridades que le reclamaron que retirara lo dicho, el vicepresidente Manuel Alberto Álvarez y el secretario Gustavo Mansueto, y le advirtieron que, en caso de resistencia, iban a llevarlo a los Tribunales civiles y penales.
En un comentario remitido a LA GACETA junto con las imágenes de las misivas, Vitar reprochó que el gerente general de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), Augusto Jorge Elías Guraiib, siga negándose a dar explicaciones sobre el método de adjudicación de 22 obras contratadas sin licitación pública. “Es muy llamativo lo que sucede con los empresarios de la Cámara Tucumana de la Construcción: yo exijo a la SAT que aclare por qué despreció las ofertas más bajas y, en lugar de que me contesten sus directivos, me responden Garber y Cía. (sic) con tono airado y pretendidamente intimidatorio. Si yo fuese mal pensado, traería a colación el viejo refrán que dice ‘pegale al chancho para que salte el dueño’”, apuntó.
El dirigente político consideró que Garber, Guraiib y el resto de los firmantes, “en lugar de victimizarse”, debían aclarar el procedimiento para que la sociedad se quede tranquila acerca de la forma en la que fue gastado el dinero público, explicación que había requerido al menos ocho veces Julio Díaz, empresario que falleció en mayo sin saber por qué la SAT rechazaba sus ofertas más bajas (ver síntesis). “Demando transparencia porque la provincia va a recibir muchos fondos de la Nación para distintos tipos de obras y algunas quedarán en manos de las mismas empresas que actuaron en la SAT. Quiero que estos anómalos procedimientos no vuelvan a producirse. Y, finalmente, cabe decir que malversar fondos en medio de esta tragedia equivale a tomar la sopa de los enfermos”, dijo.
El pedido de investigación de Vitar ingresó el 14 de mayo a la Fiscalía Federal N°1 que lidera Carlos Brito. En esa presentación, el ex diputado expuso que la SAPEM había utilizado un mecanismo de adjudicación fundado en el precio promedio que no estaba previsto en ninguna norma y que habría permitido destinar un 3% a retornos. Tras la difusión periodística de esta iniciativa, Garber y sus colegas contratistas de la obra pública calificaron las manifestaciones como “difamatorias” y “falsas”, y lesivas del “buen nombre, honor y reputación”. En sus respuestas, Vitar defendió su derecho a conocer los pormenores de construcciones relativas a un bien social esencial como lo es el agua y afirmó que lo asistía la libertad de expresión.
Díaz planteó los interrogantes primero
En 2020, Julio Díaz, el difunto propietario de Migonorh SRL, llegó a preguntar ocho veces a la SAT por qué adjudicaba las obras a ofertas más caras.
La impugnaciones divulgadas este lunes apuntan a que, gracias al criterio de la firma estatal, la sociedad había descartado $ 5,1 millones en dos obras.
En su pedido de investigación, el ex diputado José Vitar citó el planteo de Migonorh SRL. Pero Díaz no podrá testificar debido a que murió en mayo por covid.