Posibles irregularidades: murió sin saber por qué la SAT rechazaba sus precios más bajos

Al empresario Julio Armando Díaz no le cerraba por qué si su empresa Migonorh SRL había ofrecido los precios más bajos, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT Sapem) otorgaba las obras públicas financiadas por la Nación a compañías que cobraban más caro. En sólo dos trabajos, esto implicaba descartar un ahorro superior a los $ 5 millones. Díaz (68 años) trató de sacarse las dudas. Para ello, llegó a solicitar aclaraciones a las autoridades de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) en ocho oportunidades durante 2020, según los registros a los que accedió LA GACETA. Su impugnación fue citada por el ex diputado peronista José Vitar como un caso testigo de las irregularidades detectadas en la adjudicación directa previo cotejo de precios -sin licitación pública- de proyectos por $ 900 millones. Pero Díaz ya no podrá testificar: falleció por una infección de covid-19 el 21 de mayo.

Las explicaciones continúan pendientes y no llegarán en el corto plazo. Aunque el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, había recomendado tocar las puertas de la SAT que dirige Augusto Jorge Elías Guraiib para conocer el método de adjudicación, allí respondieron extraoficialmente que sólo darían la información si los Tribunales la pidiesen. Pero esa posibilidad está verde porque, para empezar, la solicitud de investigación que Vitar presentó el 14 de mayo quedó trabada en la mesa de entrada de la Justicia Federal. Ocurre que todo el personal de esta dependencia estuvo aislado por casos positivos de covid-19 y que la oficina recién reanudó la atención el lunes pasado.

El contexto del reclamo de Díaz, de la solicitud de pesquisa de Vitar y de las manifestaciones de Garber es la convocatoria abierta por la SAT a presentar ofertas relativas a 22 obras de renovación de cañerías y cloacas principalmente dentro de las cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán. El 16 de septiembre de 2020, el entonces representante de Migonorh SRL preguntó a la compañía estatal por qué había preadjudicado la renovación de la red de agua potable en el tramo de la calle Marcos Paz entre las avenidas Mitre y Ejército del Norte a la empresa que ofrecía ejecutar la obra por $ 10,7 millones, Avant Garde SRL, cuando él había declarado que podía hacerla por $ 9,1 millones. En la invitación a enviar propuestas, la SAT había presupuestado este trabajo en $ 11 millones.

“La ley dice que la adjudicación recaerá en la oferta más conveniente. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es la más conveniente?”, expresó Díaz por escrito. El empresario alegó que no entendía por qué Migonorh SRL no lo era si había ejecutado en el pasado 18 proyectos para la SAT sin observaciones en cuanto a los plazos de entrega y a la calidad; tenía una capacidad técnica y financiera verificada, y en el caso concreto iba a dar un beneficio mayor a la comunidad.

“Si bien no estamos ante una licitación pública, su empresa (la SAT) trabaja con fondos públicos y posee participación estatal mayoritaria. Por eso, no puede apartarse de las normas y principios superiores, como la publicidad, la transparencia y la equidad”, alegó Díaz. Y añadió: “en la contratación directa se elige a quien se desea contratar, lo cual es motivo de abusos. Por ello hay que controlar la razonabilidad del objeto y del precio. En este caso se combina una contratación directa con apertura de ofertas. Nosotros hemos ofrecido el mejor precio por lejos y no fuimos adjudicatarios por razones inexplicables ”.

Oferta inferior dudosa

Cinco días más tarde, el 21 de septiembre, la SAT emitió una contestación de cuatro párrafos y una carilla firmada por Valeria Abdo, jefa de Asuntos Legales, y Sergio López, gerente de Planificación e Infraestructura. Los funcionarios afirmaron que Migonorh SRL no había presentado una declaración de mantenimiento de la oferta ni una memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, así como que su último balance correspondía al ejercicio 2018. “Adicionalmente a lo señalado, (Díaz) hizo una oferta de rango sustancialmente inferior al presupuesto oficial, lo que también impone apartarse de su propuesta en atención al criterio de la oferta más conveniente. Esta exige la adopción de aquella que, posibilitando un ahorro razonable, también tenga la fortaleza suficiente para soslayar cualquier riesgo de no concreción de la obra, más cuando se trata de una que es esencial para la salud de población y para el resguardo del medio ambiente”, reprocharon Abdo y López.

Pasaron otros cuatro días y Díaz volvió a la carga con un pedido de reconsideración. En cuanto a los reparos formales, afirmó que el mantenimiento de la oferta estaba garantizado por una póliza de seguros vigente de la Caja Popular de Ahorros; que había adjuntado la memoria descriptiva en el soporte magnético y que había presentado el balance de 2018 porque en ninguna parte de las condiciones indicaba que debía llevar el 2019, cuya confección estaba atrasada como consecuencia de la pandemia. El empresario añadió que la SAT podía solicitar la ampliación de la documentación si lo consideraba necesario y que, en cambio, se había inclinado por “un excesivo rigorismo formal” que sólo la perjudicaba.

“Llama poderosamente la atención que la SAT no considere (la pérdida) del beneficio más ampliamente conveniente. Entre mi oferta y la de la preadjudicataria (Avant Garde SRL) hay una diferencia de $ 1,6 millón. Se ha desestimado con argumentos insólitos la oferta más conveniente y no se explicó el método de adjudicación. Solicitamos esa explicación”, insistió el empresario. El 6 de octubre y ante el silencio de la SAT, Díaz reiteró su petición. Allí agregó que no entendía por qué resultaba sospechosa su oferta inferior al presupuesto oficial si Migonorh SRL había tenido un comportamiento ejemplar en los proyectos anteriores sin necesidad de anticipos financieros.

El contratista subrayó que en un país donde la pobreza alcanzaba a más del 40% de la población no era procedente que los fondos públicos fueran administrados con tanta discrecionalidad. “En el caso de no recibir una respuesta donde nos comuniquen qué método emplearon, nos vemos en la obligación de tomar otro camino para que la sociedad y los funcionarios conozcan cómo se usaron los fondos públicos”, advirtió.

Pregunta abierta

El 20 de octubre, Díaz requirió por cuarta vez una explicación que permitiese entender qué había pasado. En una nueva resolución, Abdo dijo el 26 de aquel mes que la reconsideración no estaba prevista en el mecanismo de contratación directa y que Migonorh SRL se había sometido a ese régimen al aceptar las bases de la participación en el cotejo de precios. La jefa de Asuntos Legales de la SAT ratificó las objeciones formales formuladas previamente y consideró esencial disponer del balance del período 2019 a los “fines de evitar los graves trastornos que podrían derivar de la suspensión de las obras”. Abdo añadió que la propuesta de Díaz había sido desestimada por falta de adecuación a las condiciones establecidas y que los planteos eran “improcedentes”. El 3 de noviembre, el titular de Migonorh rechazó la respuesta y por quinta vez preguntó: “¿cuál fue el método utilizado para la adjudicación?”.

En paralelo, Díaz llevó adelante idéntico cuestionamiento respecto del tramo de renovación de la red de agua potable en la calle Frías Silva entre las avenidas Néstor Kirchner y Mate de Luna. En este caso la diferencia era aún más grande: él había ofertado construir la obra por $ 8,1 millones, pero la SAT se había inclinado por los $ 11,6 millones cotizados por Carlos Valentín Aybar. En la invitación a presentar ofertas, la Sapem había calculado una erogación de $ 11,8 millones.

En el expediente de la calle Frías Silva, Abdo y López defendieron la posición de la compañía de servicios públicos con casi los mismos argumentos explicitados respecto del tramo de la Marcos Paz y agregaron que el impugnante no había adjuntado la nómina de personal. Además, volvieron a poner en duda la fortaleza de “una propuesta de rango sustancialmente inferior al presupuesto oficial”. El socio de Migonorh SRL reiteró su contestación y añadió que la lista de trabajadores era proporcionada al momento de iniciar la obra, que es cuando aquellos debían ser dados de alta según la Ley 22.250. Y por séptima vez pidió que le dijeran cómo podía ser que la SAT considerara más conveniente una oferta $ 3,5 millones más cara. Hubo una octava presentación en la que Díaz dijo que necesitaba saber cómo razonaba y resolvía las adjudicaciones para el futuro, pero también por la claridad y la transparencia de la gestión de la Sapem.

Silencio oficial: Guraiib no contestó y la postura sería dar explicaciones sólo a la Justicia

Augusto Jorge Elías Guraiib, gerente general de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT Sapem), no pudo ser ubicado ni en forma directa ni por intermedio de Valeria Neme, responsable de comunicación de la entidad. A propósito de estas diligencias, extraoficialmente indicaron a LA GACETA que aún no había llegado ningún tipo de requerimiento de información correspondiente a la solicitud de investigación presentada por el ex diputado peronista y presidente del partido Frente Grande, José Vitar, y añadieron que Guraiib era “ingeniero civil, no político”, y que daría las explicaciones a la Justicia, si aquella se la pidiese.

“La ley de obras públicas no dice que haya que adjudicar a la oferta más barata, sino a la más conveniente. La SAT adjudica como quiere. O sea, es todo para confundir”, había manifestado Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, el 23 de mayo pasado. En ese contacto periodístico, el adjudicatario -con una unión transitoria de empresas- de la obra pública más grande de las contratadas por la Sapem el año pasado descartó las anomalías ventiladas por Vitar. “Son comentarios un poco arteros porque la verdad no es como él dice. Deberían hablar con la SAT para que les explique cómo es el sistema de contratación”, había recomendado.

El proceso no avanzó: un brote de coronavirus dejó a los Tribunales Federales sin mesa de entrada

Pasaron tres semanas desde que Vitar pusiera en conocimiento a la Justicia Federal de una serie de presuntas irregularidades advertidas en la administración de $ 900 millones destinados a Tucumán por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), pero los papeles quedaron atascados en la mesa de entrada, y sólo el miércoles los remitieron al juez Fernando Luis Poviña para que los analice y decrete los próximos pasos. Esta oficina a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones se quedó sin personal como consecuencia de casos positivos de covid-19 y estuvo casi inactiva durante la segunda mitad de mayo. Las fuentes confirmaron que la mesa de entrada reanudó la atención el lunes pasado.

La solicitud de pesquisa de Vitar ingresó a la Fiscalía Federal Nº1 que encabeza Carlos Brito -por error, en una publicación anterior se informó que el caso estaba en la unidad del fiscal Nº2, Pablo Camuña-. “En estos hechos presuntamente delictivos habrían tenido intervención los señores Guraiib, como responsable de la conducción de la SAT, y Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción”, indicó Vitar.