Un aniversario que recuerda para qué sirve el periodismo

En estos días se cumplen 10 años del ingreso al Poder Judicial de Tucumán de los primeros 30 ayudantes escogidos por concurso. Es una efemérides de máxima trascendencia para aquella institución. En especial por el hecho de que esta política fundada en el mérito y la igualdad de oportunidades -en la justicia, en suma- logró sobrevivir durante este tiempo. Pocos avances llegaron tan lejos. Desde luego ello no implica la desaparición del manejo corrupto y abusivo de los cargos, ni del nepotismo, ni de la llamada “familia judicial”. Precisamente por eso, la política de acceso democrático al puesto tribunalicio inicial luce como un oasis en medio de tanta decadencia y regresión. Es un motivo de orgullo y de esperanza, que la prensa está llamada a celebrar como si fuese un logro propio.

Hoy se ven los frutos del sistema incorporado y también que, aunque este no está exento de defectos, es mejor que la dedocracia absoluta que imperaba hasta 2010. ¿Por qué? Porque los nombramientos discrecionales en el sector público hacen cortocircuito con la Constitución en general, y en particular cuando se trata del organismo que es su último intérprete y garante. La propia Carta Magna entiende que tal función sólo puede ser desempeñada por quienes tienen las manos libres, es decir, no deben nada a nadie. ¿Cómo creer, entonces, en la independencia de una Justicia cuyos integrantes fueron escogidos por un entramado de intercambio de favores, de vínculos con los que mandan, y de un toma y daca espurio?

La realidad es que hasta 2009 sólo había que ser “amigo o pariente de” para trabajar en los Tribunales, incluida la magistratura, y que, con matices, esta sigue siendo la regla en las restantes instituciones de control y en los demás poderes del Estado. Pese a las promesas de las autoridades, la discrecionalidad pura rige aún la selección de empleados y funcionarios para la devastada Justicia de Paz, que depende de la misma Corte Suprema que instauró los concursos para el acceso a la Justicia ordinaria. Lo mismo ocurre en la Junta Electoral que preside quien desempeña la presidencia del alto tribunal. En ese estrado, los nombramientos y ascensos discrecionales llevaron a que hijos de tres de los cinco vocales cumplan funciones en el mismo ámbito que sus progenitores. La variante “trucumana” del virus de la parentela está tan arraigada que hasta penetró -y sigue haciendo estragos- en la propia casa de los concursos inaugurada hace 12 años para preseleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia: el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

En contraste con la permanencia de estas agencias de amiguismo, el listado de los concursantes que accedieron al primer lote de ayudantías expone el potencial del mecanismo basado en parámetros objetivos. La mayoría de aquellos empleados rasos escaló hasta posiciones jerárquicas, y sus nombres son sinónimo de profesionalismo y compromiso en un ámbito sediento de tales virtudes. Sin el llamado a concursar, este personal tal vez no habría tenido la ocasión de demostrar su valor y su capacidad de servicio, y su lugar habría sido ocupado, por ejemplo, por rugbistas del club o la descendencia completa de un juez. Por supuesto que algunos de los ingresantes han fracasado, pero el balance general es tan positivo desde el punto de vista de las prestaciones y de la imagen institucional que los nepotistas se han visto obligados a mantener las convocatorias abiertas hasta la fecha.

¿Cómo se logró quebrar la tradición de las designaciones discrecionales? Desde luego no fue por la irrupción de un movimiento ético. Una conjunción de procesos empujó al Poder Judicial hacia la dirección resistida, entre ellos la corriente constitucional que tras una judicialización intensa y muy problemática desembocó en el establecimiento del CAM. La instalación de los concursos para la magistratura tornó absurdo que la dedocracia continuara vigente para la cobertura de los puestos más bajos de la estructura, todas posiciones con salarios y ventajas muy difíciles de conseguir en el sector privado.

Aún así, el festival de nombramientos directos continuaba. Los archivos de LA GACETA refieren que entre febrero y marzo de 2010 habían entrado 90 empleados nuevos con el argumento de que era necesario poner en marcha la atención en el horario vespertino y la Oficina de Violencia Doméstica. Esto había trascendido extraoficialmente porque entonces tampoco se publicaban las acordadas de la Corte -esta difusión que también distingue a los Tribunales está disponible desde 2011-. El ritmo de nombramientos detectado conllevaba 2,25 incorporaciones diarias en el plazo de 40 jornadas hábiles: en un bimestre de 2010 había habido el 64,2% de todas las designaciones de 2008 y el 47,3% de las de 2009 (140 y 190 nombramientos respectivamente). Increíblemente, esto era así pese a que el inciso 2 del artículo 13 de la Ley Orgánica N° 6.238 sancionada en 1991 obliga a “implementar un procedimiento para la designación de los empleados que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad”.

¿Por qué en un momento la Corte decidió adecuar su comportamiento al orden jurídico que hasta entonces venía desobedeciendo? Sin duda hubo sectores de la sociedad que lucharon para que así fuera, y que no naturalizaron la transgresión legal ni el esquema de privilegios antirrepublicanos. Estas voces críticas encontraron plataformas de libre expresión que amplificaron sus mensajes, y trasladaron las preguntas e inquietudes a las autoridades. Los periodistas formularon el interrogante al vocal decano Antonio Daniel Estofán cuando asumió como presidente de la Corte, en octubre de 2009, y este hizo un primer compromiso público en pro de los concursos. Pasó el tiempo y el titular del alto tribunal realizó una segunda promesa. Por fin las filtraciones de las 90 designaciones aceleraron la implementación del cambio de procedimiento anunciado. Y así fue como, con la intermediación de una prensa conectada con el sentir de la audiencia, cientos y cientos de aspirantes al empleo judicial terminaron beneficiados, y el bien común salió -por una vez- fortalecido. Es una historia digna de ser recordada en el Día del Periodista y cuando, a la vista de tantos retrocesos del Estado de derecho, asalta la pregunta sobre para qué sirve el oficio de Mariano Moreno.