La liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus todavía es rechazada por una decena de países y la Unión Europea (UE), una postura cada vez más minoritaria y con diferencias internas, pero que impide alcanzar el consenso necesario de cara al próximo encuentro formal de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el martes y miércoles. El respaldo de Estados Unidos a la propuesta presentada en octubre por India y Sudáfrica permitió sumar nuevos votos a favor como los de Nueva Zelanda y Ucrania y ya son unos 110 los miembros, incluyendo a la Argentina, los que brindaron un apoyo explícito.
Sin embargo, como las decisiones en la OMC se toman por el consenso de sus 164 miembros, alcanza la oposición férrea demostrada hasta el momento por la Unión Europa (UE), el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para no llegar a un acuerdo.
Esos países no son los únicos que rechazan la iniciativa que, en una última modificación realizada para sumar adhesiones, establece que la suspensión sea “al menos por tres años” para dar tiempo a una inmunización global contra el virus y todas sus variantes, y que la exención de las patentes incluya a “todos los productos y tecnologías sanitarias” para “prevenir, tratar y contener” la Covid-19, sean las vacunas, su materia prima o los test.
Rechazo con matices
Brasil, Australia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Noruega están entre las naciones que demostraron hasta ahora su oposición, aunque con matices. Además, hay un tercer grupo, en el que están Chile, Canadá y al que se sumó ahora Japón, entre otros, que se mostró abierto a profundizar el debate antes de definir una postura.
“Desafortunadamente, el Gobierno australiano parece estar comprando los argumentos de la industria farmacéutica de que el problema no es la propiedad intelectual sino la escasez de materias primas y la falta de capacidad de fabricación”, indicó la profesora Deborah Gleeson, miembro de la Asociación de Salud Pública de Australia.
Gleeson detalló dos grandes factores que inciden en ese cuadro de situación: el país oceánico “depende en gran medida de los suministros de Pfizer para vacunar a la población menor de 50 años”, pero además “está negociando acuerdos comerciales con la UE y el Reino Unido y su posición sobre la exención de propiedad intelectual está estrechamente alineada con ellos”.
La organización que representa ya envió al Gobierno un petitorio firmado por más de 700 profesionales de la salud y académicos para que apoyen el levantamiento de patentes.