Conflicto en Banda del Río Salí: la interna amenaza con volver a estallar en la Legislatura

Las tensiones políticas no pueden mantenerse subterráneas durante demasiado tiempo. Pueden ser ocultadas durante plazos cortos por razones coyunturales, pero más temprano que tarde esas presiones internas empujan hacia la superficie y reaparecen, incluso en el peor momento de la pandemia.

La tirantez del divorcio entre el gobernador Juan Manzur y el vice Osvaldo Jaldo emergió esta vez en tierras jaldistas del este, pero rápidamente tuvo réplicas en otros sectores de la provincia. Es que las placas tectónicas del justicialismo quedaron sensibles y reaccionan ante cualquier movimiento desde el quiebre que hubo el 8 de marzo.

Tanto en Casa de Gobierno como en la Legislatura hubo manifestaciones ante la polémica desatada en Banda del Río Salí por la habilitación que dio el Concejo Deliberante para que los comercios abran sus puertas en medio de restricciones por la pandemia y la causa que abrió la Justicia por el presunto incumplimiento de estas medidas. Y con una grieta que desde hace casi dos meses no cede, no fueron pocos los que hicieron una lectura más política que judicial.

El titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, Marcelo Leguizamón, citó ayer a seis ediles “para hacer averiguaciones”, según había dicho, aunque el propio vice había calificado esta decisión como “un gravísimo exceso de atribuciones”. Tuvo una audiencia con Ramón Radín -a cargo de la Intendencia porque Darío Monteros cursa un cuadro de covid-19-, Julio Rocha, Mario Aguirre, Miryan Soraire, Jorge Flores y Miguel Ángel Diosquez. Al finalizar, el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que se “resolvió el problema” generado días atrás. Además, invitó a las partes a trabajar de manera coordinada ante la emergencia sanitaria, respetando cada una de ellas sus funciones institucionales.

El letrado Camilo Atim, que representó a cinco ediles (excepto a Diosquez, patrocinado por Rolando Argañaraz), detalló que se firmó un acta compromiso a modo de solución. “El fiscal dijo que fue un malentendido, que mejor solucionarlo para que no pase a mayores”, explicó a este diario Atim. Dijo que, en principio, lo que correspondería desde el ámbito jurídico es que se archive la causa. Sin embargo, las miradas políticas son dispares según desde dónde se mire.

Ocurre que antes de concurrir a la audiencia, los ediles pasaron por la Legislatura y presentaron por mesa de entradas un pedido de destitución y separación del cargo contra Leguizamón por presunto mal desempeño. ¿Podría avanzar esa causa si luego se indicó que “se solucionó el problema”?

Fuentes manzuristas entienden que no fue correcta la actuación de los ediles, ya que había un decreto presidencial y provincial vigente, pero consideraron que el tema “está saldado”. “El fiscal nunca los imputó, sólo los citó. No estamos para que haya más problemas”, señalaron.

Del lado jaldistas, sin embargo, es un enigma saber qué harán pasadas 48 horas (tiempo para ratificar o desestimar una acusación). Hay quienes son más cautos, analizan y remarcan que ahora “la pelota ahora está de nuestro lado”. Pero hay otros mucho más decididos y convencidos de que lo que pasó en Banda del Río Salí tuvo ribetes políticos. “Creo que han encontrado firmeza y han reculado”, dijeron. Opinaron que el funcionario judicial no tenía competencia para actuar allí y que la Constitución les brinda a los municipios autarquía y autonomía.

Si se ratifica la presentación, la puja volverá a manifestarse en el palacio de Muñecas 951.